Si nos tocan a uno, debemos responder todos
El próximo gobierno todavía no ha comenzado, pero sus palabras, promesas y referentes ya encendieron las alarmas. Cuando se anuncia mano dura sin suficientes controles, se convierte la protesta en sospecha y se presenta la diversidad como una amenaza, guardar silencio no es prudencia, es dejar que cada sector enfrente solo el retroceso que mañana puede alcanzarnos a todos.
Por: Mayra Alejandra Restrepo Sabaleta
Abelardo de la Espriella llegará a la Presidencia el próximo 7 de agosto después de una campaña construida alrededor del orden, la autoridad, el castigo y la recuperación de una patria supuestamente arrebatada por sus enemigos. Su programa promete reducir el Estado, eliminar regulaciones, abandonar los diálogos con los grupos armados y recuperar el control territorial en pocos meses mediante el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la inteligencia, las fumigaciones aéreas y una política de seguridad inspirada abiertamente en el modelo de Nayib Bukele. También anunció que tendría preparados decenas de decretos para ejecutar rápidamente sus reformas.
Ninguna sociedad está obligada a escoger entre seguridad y derechos. El Estado tiene el deber de enfrentar a las organizaciones criminales, proteger a las comunidades y garantizar que nadie tenga que vivir bajo el dominio de actores armados. Pero otra cosa muy distinta es convertir la urgencia por recuperar el orden en una autorización para gobernar sin controles, identificar enemigos internos o tratar cualquier resistencia social como una amenaza contra la nación.
La experiencia debería habernos enseñado que los derechos no suelen desaparecer de un día para otro. Primero se estigmatiza a una población. Después se justifican medidas excepcionales. Más tarde se debilitan las instituciones que podrían protegerla. Finalmente, cuando la persecución llega, muchos descubren que guardaron silencio porque creían que el problema pertenecía a otros.
Cuando el trabajo se considera un costo
Las propuestas económicas del nuevo gobierno parten de una idea conocida, que la inversión crecerá si el Estado reduce impuestos, regulaciones, entidades y personal. El problema es que, bajo esa lógica, los derechos laborales terminan presentados como obstáculos para la competitividad. Los recargos, la estabilidad, la contratación directa, la inspección laboral, la seguridad social y la negociación colectiva no son trámites inútiles, son límites democráticos al poder económico.
El programa de Abelardo de la Espriella habla extensamente de empresas, inversión, hidrocarburos, minería y reducción del aparato estatal, pero no desarrolla una política sólida sobre libertad sindical, negociación colectiva, violencia antisindical, tercerización, plataformas digitales ni garantías para ejercer la huelga. El trabajo aparece principalmente como una consecuencia del crecimiento económico, no como una relación social que exige derechos, protección y capacidad de organización.
Esta omisión resulta especialmente preocupante en un país donde defender los derechos de los trabajadores ha costado vidas. La libertad sindical solo puede ejercerse en un ambiente libre de violencia, amenazas y temor, como ha reiterado la Organización Internacional del Trabajo. Si al mismo tiempo se reduce el Ministerio del Trabajo, se debilita la inspección o se estigmatiza la movilización, los derechos pueden seguir escritos en las leyes mientras desaparecen de los lugares de trabajo.
El riesgo no recae únicamente sobre quienes tienen un contrato formal o pertenecen a un sindicato. Las personas pertenecientes a la economía popular también serán tratadas nuevamente como un problema de orden público. Cuando la calle se entiende únicamente como espacio que debe ser controlado y no como lugar donde miles de familias trabajan para sobrevivir, las políticas de recuperación del espacio público pueden convertirse en desalojos, decomisos y persecución.
No podemos repetir la historia
La promesa de recuperar el control territorial en 90 días puede ser efectiva como consigna electoral, pero resulta peligrosa cuando la presión por mostrar resultados rápidos se traslada a las Fuerzas Militares y de Policía. Colombia ya conoce las consecuencias de medir el éxito de la seguridad por el número de capturas, bajas o cuerpos presentados como enemigos.
La Jurisdicción Especial para la Paz estableció un universo provisional de 6.402 personas asesinadas o desaparecidas entre 2002 y 2008 para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate. No fueron “falsos positivos”, expresión que reduce la gravedad de lo ocurrido, fueron ejecuciones extrajudiciales contra civiles, muchas veces jóvenes pobres, campesinos y habitantes de territorios marginados, cometidas para satisfacer presiones por resultados operacionales.
Decir que estos crímenes podrían repetirse no significa acusar anticipadamente al próximo gobierno de haberlos ordenado. Significa reconocer las condiciones que hicieron posible aquella práctica, estigmatización de poblaciones, presión desmedida por resultados, debilitamiento de controles, recompensas operacionales y una narrativa que dividía a la sociedad entre ciudadanos respetables y supuestos enemigos internos. Cuando vuelven algunas de esas señales, la vigilancia democrática no es exageración, es memoria.
La misma alerta debe extenderse a la protesta social. Marchar, hacer una huelga, bloquear temporalmente una vía o manifestarse contra una decisión gubernamental no convierte a nadie en terrorista. La Corte Constitucional ha reiterado que la manifestación pública es un derecho fundamental y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, sujeto a legalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, una retórica que presenta a los opositores como enemigos de la patria puede abrir el camino a seguimientos, montajes judiciales, capturas arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza.
Ningún derecho está aislado
Las mujeres también deben permanecer alerta. Aunque el programa contiene algunas propuestas sobre cuidado, maternidad y violencia de género, estas conviven con una visión conservadora que puede poner en riesgo los derechos sexuales y reproductivos. Reconocer el valor del cuidado es importante, pero ninguna política de apoyo a la maternidad reemplaza el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y recibir atención sanitaria sin estigmas ni obstáculos.
La población LGBTIQ+ ya ha expresado públicamente su temor ante eventuales retrocesos. Después de décadas de movilización, litigio y resistencia, derechos como el matrimonio igualitario, la adopción, el reconocimiento de las identidades diversas y la protección contra la discriminación no pueden considerarse concesiones reversibles.
Para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, la promesa de acelerar proyectos petroleros, mineros, agroindustriales y de infraestructura también representa una alerta. La consulta previa no es una demora caprichosa ni una formalidad que pueda abreviarse para tranquilizar a los inversionistas. Es un derecho fundamental destinado a impedir que las decisiones sobre los territorios vuelvan a tomarse sin quienes los habitan, protegen y sostienen.
Las fumigaciones aéreas, la expansión de la frontera extractiva y la agilización de las licencias ambientales pueden comprometer el agua, la salud, la alimentación, la autonomía territorial y la permanencia de las comunidades. La justicia ambiental no se enfoca en oponerse al “desarrollo”, rechaza un modelo en el que los beneficios se concentran mientras los costos ecológicos y humanos recaen sobre campesinos, pueblos étnicos, trabajadores y trabajadoras.
Unidos y vigilantes
Ninguno de estos sectores puede defenderse solo. El error sería pensar que la amenaza contra una persona trans no tiene relación con el despido de un trabajador público; que la judicialización de un líder social no afecta a los sindicatos; que el desalojo de una vendedora ambulante no concierne al movimiento feminista; o que la vulneración de la consulta previa es únicamente un problema de las comunidades indígenas.
Los autoritarismos avanzan fragmentando. Convencen a cada grupo de que sus derechos son diferentes, sus luchas compiten y sus dolores no tienen relación. Mientras trabajadores formales se distancian de la economía popular, algunos sectores urbanos ignoran los territorios rurales y parte de la sociedad celebra la persecución del adversario, el poder construye las condiciones para debilitarlos a todos.
Por eso, la respuesta debe ser colectiva. Sindicatos, organizaciones de mujeres, movimientos LGBTIQ+, pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones campesinas, defensoras de derechos humanos, colectivos ambientales, estudiantes, víctimas y trabajadores de la economía popular deben construir mecanismos comunes de seguimiento, denuncia, solidaridad y movilización.
Será necesario vigilar cada decreto, cada nombramiento, cada reforma, cada recorte presupuestal, cada directiva militar y cada intento de reducir derechos en nombre de la seguridad o la eficiencia. Habrá que defender la independencia judicial, la libertad de prensa, la protesta, la negociación colectiva, la consulta previa, la igualdad y la vida.
No se trata de negar el resultado electoral ni de impedir que el nuevo gobierno gobierne. Se trata de recordar que ninguna mayoría, en este caso mínima, autoriza la persecución, la discriminación o el desmonte de los derechos conquistados. La democracia no termina en las urnas, también vive en las calles, los sindicatos, los barrios, los territorios, las organizaciones y la capacidad ciudadana de poner límites al poder o de disputarlo, abiertamente, contra élites.
Mayra Restrepo Sabaleta
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Educadora en procesos no formales con enfoque en metodologías participativas. Ha coordinado proyectos de cooperación internacional en torno al diálogo social, así como estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Cuenta con experiencia en la formulación, planeación y monitoreo de proyectos con enfoque de derechos, lo que le ha permitido consolidar un perfil integral entre la gestión operativa y la comunicación estratégica.
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