¿Por qué reciclar en Colombia ya no será solo un asunto de supervivencia?
Mientras millones de personas sacan la basura cada día sin pensar a dónde va, miles de recicladores recorren silenciosamente las calles de Colombia recuperando aquello que la sociedad desecha. Durante décadas lo hicieron desde la invisibilidad, cargando sobre sus hombros no solo costales y carretas, sino también el peso de la exclusión, la pobreza y el abandono estatal. Sin embargo, su trabajo ha sostenido una parte fundamental del equilibrio ambiental de las ciudades.
Hoy, con la expedición del Decreto 0271 de 2026, el país empieza a reconocer —aunque tardíamente— que quienes viven del reciclaje no son un problema urbano ni un residuo del sistema económico, sino trabajadoras y trabajadores que merecen derechos, protección social y dignidad.
Cuando buena parte de las ciudades duerme, miles de personas ya están caminando las calles de Colombia. Algunas empujan carretas cargadas de cartón y plástico; otras revisan bolsas de basura buscando materiales que todavía puedan reutilizarse. Lo hacen bajo la lluvia, respirando humo y polvo, soportando largas jornadas y enfrentando diariamente riesgos físicos, enfermedades y múltiples formas de discriminación. Durante décadas, estas personas han sostenido silenciosamente una parte fundamental del equilibrio ambiental del país, aunque casi siempre desde la precariedad, la invisibilidad y el abandono institucional.
Se trata de las personas recicladoras de oficio, trabajadoras y trabajadores que históricamente han sobrevivido recogiendo aquello que la sociedad desecha, mientras el mismo sistema económico las empuja hacia los márgenes. Y, sin embargo, pese a que su labor evita que toneladas de residuos terminen contaminando ríos, quebradas y rellenos sanitarios, durante años fueron tratadas como si no existieran.
Hablar de recicladores en Colombia no es solamente hablar de pobreza o informalidad. También es hablar de resistencia. Detrás de cada carreta existe una historia familiar, una ruta construida durante años y una lucha permanente por el derecho al trabajo y a la dignidad. Muchas personas llegaron al reciclaje después del desempleo, el desplazamiento o la exclusión económica; otras crecieron dentro del oficio acompañando desde pequeñas a sus padres o abuelos en las rutas de recolección. En todos los casos, el reciclaje terminó convirtiéndose no solo en una forma de subsistencia, sino también en una identidad construida desde la supervivencia y la persistencia.
Un Decreto que responde a una deuda en materia laboral
El Decreto 0271 de 2026 representa un hecho importante, sin lugar a dudas. En marzo de este año, el Gobierno nacional expidió esta norma mediante la cual se crea la Red de Protección Social para la Vida de las personas recicladoras de oficio. Aunque para muchos pueda parecer simplemente otro decreto administrativo, en realidad constituye uno de los reconocimientos más relevantes que esta población ha recibido en décadas.
Por primera vez, el Estado colombiano establece de manera explícita mecanismos para garantizar protección social integral a miles de recicladores y recicladoras que históricamente trabajaron sin acceso real a seguridad social, sin posibilidades de pensionarse y completamente expuestos a riesgos laborales. El decreto contempla medidas como la permanencia en salud subsidiada, el acceso a subsidios pensionales, la vinculación a Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el ingreso a programas como Colombia Mayor y la afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales.
Detrás de estas medidas existe algo mucho más profundo que un simple ajuste institucional. El decreto reconoce, aunque de manera tardía, que las personas recicladoras no pueden seguir enfrentando solas los costos y riesgos de sobrevivir en la informalidad. También admite, aunque sin decirlo directamente, que el Estado colombiano mantuvo durante décadas a esta población por fuera de las garantías más básicas de protección social.
Y no se trata de una población pequeña o marginal. Actualmente Colombia registra entre 74.000 y 77.000 recicladores de oficio en sistemas oficiales y organizaciones reconocidas. Datos del Ministerio de Vivienda y de la Superintendencia de Servicios Públicos indican que existen más de 74.313 recicladores agrupados en alrededor de 1.161 Organizaciones de Recicladores de Oficio, mientras que el Sistema Único de Información reportó más de 76.700 recicladores registrados a corte de 2024. Estas cifras han venido creciendo en los últimos años gracias a procesos de organización, formalización y reconocimiento institucional. Sin embargo, y a pesar de esos números, miles de personas continúan reciclando desde la informalidad absoluta, sin aparecer en censos oficiales y sobreviviendo diariamente en condiciones profundamente precarias.
Durante mucho tiempo el reciclaje fue visto únicamente como una actividad de subsistencia asociada a la marginalidad. Las personas recicladoras fueron estigmatizadas y reducidas socialmente a imágenes de pobreza extrema, cuando en realidad llevan décadas realizando un trabajo ambiental indispensable para las ciudades. Mientras gran parte de la sociedad consumía y desechaba sin detenerse a pensar qué ocurría con las toneladas de residuos producidos diariamente, miles de recicladores ya sostenían una economía circular desde las calles.
Cada botella recuperada, cada kilo de cartón separado y cada material reincorporado al ciclo productivo significa menos contaminación y menos presión sobre rellenos sanitarios que en muchas regiones del país ya se encuentran al límite. Sin embargo, quienes sostuvieron durante años esta labor esencial también fueron quienes quedaron excluidos del sistema de protección social.
Antes del Decreto 0271 de 2026, la mayoría de recicladores apenas tenían acceso parcial al régimen subsidiado de salud. En muchos municipios ni siquiera existían censos actualizados que permitieran identificar plenamente a esta población. La situación era todavía más crítica en materia pensional y de riesgos laborales,miles de personas trabajaron toda su vida sin posibilidad real de pensionarse porque los bajos ingresos, la inestabilidad económica y la informalidad hicieron prácticamente imposible cotizar de manera continua. Para muchas personas recicladoras, envejecer significaba simplemente seguir trabajando hasta que el cuerpo resistiera.
En riesgos laborales, la situación ha sido aún más grave. Durante años las personas recicladoras estuvieron expuestas a accidentes, infecciones, enfermedades respiratorias y lesiones musculares derivadas del contacto permanente con residuos peligrosos y jornadas físicas extremadamente exigentes. Muchas recorren kilómetros diarios empujando cargas pesadas; otras manipulan materiales cortopunzantes sin elementos de protección suficientes o trabajan bajo temperaturas extremas y largas jornadas nocturnas. A pesar de ello, históricamente no contaban con ningún respaldo institucional frente a esos riesgos.
Si se les reconoce como trabajadores(as), enfrentan riesgos…
Por eso una de las disposiciones más importantes del nuevo decreto es la afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. El mensaje detrás de esta medida es claro: reciclar también es trabajar y, como cualquier otro trabajo, requiere protección, garantías y dignidad. En ese sentido, el decreto rompe parcialmente con décadas de invisibilización institucional y cuestiona un sistema de seguridad social que históricamente estuvo diseñado casi exclusivamente para trabajadores asalariados formales, dejando por fuera a quienes sobrevivían desde la economía popular.
La importancia de esta medida también se refleja en la protección para la vejez. La incorporación de recicladores a mecanismos como BEPS y Colombia Mayor puede representar una fuente mínima de ingreso para miles de personas que trabajaron toda su vida sin posibilidad de construir una pensión. Esto tiene una enorme relevancia social porque la pobreza en la vejez no ha sido consecuencia de falta de trabajo o esfuerzo, sino del abandono estructural de un sistema económico que utilizó durante décadas la fuerza laboral de esta población mientras la mantenía excluida de derechos básicos.
Algunos desafíos identificados
Sin embargo, el decreto también enfrenta enormes desafíos. La historia colombiana está llena de normas progresistas que terminan debilitadas por falta de implementación, presupuesto o voluntad política. Existe el riesgo de que esta medida se convierta en otro documento bien intencionado incapaz de transformar realmente la vida cotidiana de quienes siguen sobreviviendo en las calles.
Muchos municipios todavía presentan profundas debilidades institucionales. Existen territorios donde los censos de recicladores están desactualizados y donde la articulación entre entidades públicas continúa siendo insuficiente. Además, buena parte de la implementación dependerá de las Organizaciones de Recicladores de Oficio, que ahora deberán asumir nuevas responsabilidades administrativas y financieras relacionadas con afiliaciones, aportes y reportes al sistema.
Aunque muchas organizaciones han construido procesos colectivos admirables, otras sobreviven con enormes limitaciones económicas y operativas. La pregunta de fondo es si todas tendrán la capacidad suficiente para asumir estas nuevas responsabilidades sin poner en riesgo su sostenibilidad. A esto se suma otro problema importante: gran parte del decreto prioriza a recicladores vinculados a organizaciones formalizadas, lo que podría dejar por fuera precisamente a quienes enfrentan las condiciones más precarias, como trabajadores independientes, población no censada o personas que aún no logran vincularse a procesos organizativos.
Por eso el debate de fondo va mucho más allá de la asistencia social. Las personas recicladoras no necesitan caridad; necesitan reconocimiento, redistribución y derechos. El reciclaje no puede seguir siendo entendido como una actividad marginal que apenas sobrevive gracias a subsidios mínimos. Es una labor que genera valor ambiental, económico y social para todo el país.
Transformar realmente las condiciones de vida de esta población implica avanzar en mejores ingresos, fortalecimiento organizativo, acceso a infraestructura y participación efectiva dentro de los sistemas públicos de aseo. También implica desmontar las cadenas de intermediación abusiva que históricamente precarizaron el oficio y reconocer que detrás del reciclaje existe identidad, memoria y arraigo territorial.
Muchas familias llevan generaciones enteras viviendo de este trabajo. Existen organizaciones recicladoras con décadas de historia comunitaria, rutas construidas colectivamente y conocimientos populares profundamente ligados a las dinámicas urbanas y ambientales de las ciudades. Las personas recicladoras conocen territorios, circuitos de aprovechamiento y formas de reutilización que durante años fueron ignoradas por las políticas públicas y subvaloradas por buena parte de la sociedad.
Y, sin embargo, en medio de la crisis climática actual, resulta cada vez más evidente que las ciudades necesitan aprender precisamente de quienes han vivido históricamente del reaprovechamiento y no del consumo desmedido. Mientras el mercado convirtió el discurso ambiental en estrategia de marketing, miles de recicladores ya sostenían prácticas reales de reutilización y sostenibilidad mucho antes de que el tema se volviera tendencia global.El Decreto reconoce, reivindica, da identidad jurídica, política y simbólica
Por eso el Decreto 0271 de 2026 no debería entenderse únicamente como una norma de seguridad social. También debería asumirse como un reconocimiento tardío a una población que durante décadas sostuvo silenciosamente una parte fundamental de la vida urbana y del cuidado ambiental del país.
Pero la deuda histórica sigue abierta. Las personas recicladoras no son un residuo del sistema económico. Son trabajadoras y trabajadores que resistieron el abandono estatal, sobrevivieron a la precarización y construyeron organización colectiva incluso en medio de la exclusión. Han persistido cuando el país las ignoró, han sostenido ciudades que muchas veces las despreciaron y han cuidado el ambiente incluso mientras sobrevivían entre residuos y desigualdad.
Quizá ahí se encuentra una de las lecciones más poderosas de esta historia. Mientras gran parte de la sociedad aprendió a consumir, usar y desechar, las personas recicladoras aprendieron a recuperar, reutilizar y sostener. No solamente materiales, sino también comunidad, dignidad y esperanza.
El verdadero impacto del Decreto 0271 no se medirá únicamente en cifras de afiliación o reportes institucionales. Se medirá en la capacidad real de transformar la vida de miles de personas que llevan décadas esperando algo elemental: que Colombia finalmente reconozca que quienes sostienen la vida desde las calles también merecen vivir con dignidad.
- ¿Por qué reciclar en Colombia ya no será solo un asunto de supervivencia?
- ¿Qué debería saber sobre la negociación colectiva multinivel en Colombia?
- Tres modelos de país ante las urnas: ¿qué lugar tendrá el trabajo?
- CONPES de Trabajo Digno y Decente, una política para que trabajar no siga siendo sobrevivir
Helen Caicedo L.
Administradora de Empresas del Politécnico Grancolombiano y especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de FLACSO Ecuador. Cuenta con amplia experiencia administrativa en el sector público y solidario, así como en el fortalecimiento de organizaciones de la economía popular y solidaria. Ha liderado procesos administrativos, pedagógicos e investigativos con enfoques territoriales, de género y de justicia económica, integrando conocimientos técnicos con metodologías participativas. Su trayectoria incluye la formulación de estrategias para el fortalecimiento de cooperativas y fondos de empleados, la realización de diagnósticos participativos con actores de la economía popular.
Deja una respuesta