La paz busca trabajo: la deuda pendiente de la reincorporación urbana en Antioquia
En Antioquia, el verdadero reto para la paz urbana es lograr la inserción de las personas en proceso de reincorporación en el mercado laboral. Presentamos una nota-resumen del informe Perfilamiento de la población reincorporada en ocho municipios del Valle de Aburrá.
Por: Helen Caicedo y Martha Piedrahita
El estudio de perfilamiento de la población en proceso de reincorporación en ocho municipios del Valle de Aburrá revela una paradoja que Colombia todavía no ha resuelto; se evidencia que en el territorio existen oportunidades económicas y sectores productivos en expansión, pero las personas en proceso de reincorporación siguen enfrentando barreras para convertir su experiencia y sus capacidades en un trabajo estable.
La paz también se juega en una hoja de vida
Hay una dimensión de la reincorporación de la que poco se habla. No ocurre en una antigua zona de concentración ni en una vereda apartada. Ocurre en una oficina de la ciudad, frente a un funcionario público, un asesor o un formulario de empleo que hay que diligenciar. Una persona escribe su nombre, su experiencia laboral y su nivel educativo. Tiene años de trabajo en el campo, en la construcción, en actividades operativas o en servicios. Sabe hacer muchas cosas. Ha trabajado. Ha aprendido y acumulado conocimientos a lo largo de su vida. Tiene experiencia, aunque buena parte de ella sea empírica y no esté respaldada por un certificado.
Pero llega el momento de demostrar sus competencias y aparecen las preguntas difíciles: ¿dónde está el certificado?, ¿cuál es el título?, ¿quién puede recomendarlo?, ¿qué experiencia formal tiene?
Es justo ahí cuando la reincorporación deja de ser una discusión sobre el pasado y se convierte en una urgencia del presente. Porque detrás de cada requisito que no puede acreditar hay una posibilidad de empleo que puede cerrarse; detrás de cada puerta que se cierra, una familia que espera ingresos y, detrás de todo ello, un proyecto de vida que intenta abrirse camino en la legalidad. Es entonces cuando vale la pena hacerse una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué posibilidades reales tiene una persona que dejó las armas de construir una vida digna a través del trabajo?
El estudio de perfilamiento de la población en proceso de reincorporación en ocho municipios del Valle de Aburrá —Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta— permite aproximarnos a esta pregunta desde otro lugar. No desde las cifras aisladas ni desde los balances institucionales, sino desde los territorios donde estas personas intentan reconstruir sus vidas y encontrar un lugar en la economía que las rodea.
Los hallazgos son, cuando menos, incómodos.
En estos municipios existen oportunidades laborales y sectores económicos con capacidad de generar empleo; sin embargo, la población en proceso de reincorporación continúa enfrentando importantes dificultades para acceder al mercado laboral formal. El problema no parece ser, entonces, la ausencia absoluta de oportunidades, sino la distancia que existe entre esas oportunidades y las condiciones reales de quienes buscan acceder a ellas.
Una distancia construida por la falta de certificación de competencias, por la escasa valoración de los saberes adquiridos a lo largo de sus trayectorias laborales, por las barreras de formación y, en algunos casos, por el estigma. Un muro invisible que hace que las oportunidades existan, pero que no necesariamente estén al alcance de todos en las mismas condiciones. Y es precisamente en esa brecha donde se juega buena parte del futuro de la reincorporación urbana en Antioquia.
El mercado laboral corre más rápido.
Para comenzar a vislumbrar la respuesta a nuestro interrogante, vale la pena resaltar que el Valle de Aburrá es uno de los principales motores económicos de Antioquia. Allí conviven industrias manufactureras, empresas de servicios, actividades de logística y comercio, sectores tecnológicos, construcción, agroindustria y actividades vinculadas al turismo. Sin embargo, esta diversidad económica no significa que todas las personas puedan participar de ella en igualdad de condiciones, y mucho menos quienes se encuentran en proceso de reincorporación.
Los resultados derivados del estudio nos permitieron identificar que los ocho municipios analizados tienen vocaciones productivas distintas. Barbosa, por ejemplo, cuenta con posibilidades asociadas a la agroindustria y la manufactura; Bello combina actividades de logística, textiles, confección y servicios tecnológicos; mientras que Caldas tiene potencialidades en agroindustria, floricultura, turismo rural y logística. Copacabana mantiene una importante actividad industrial y manufacturera; Itagüí, por su parte, es uno de los principales referentes de la manufactura antioqueña; y Envigado concentra servicios profesionales, financieros e industrias creativas. La Estrella y Sabaneta también ofrecen oportunidades en sectores como la horticultura, el turismo, la manufactura y los servicios.
Todo esto nos muestra un territorio económicamente diverso, con sectores productivos capaces de generar oportunidades laborales. Sin embargo, también evidencia una realidad que no podemos pasar por alto: el mercado laboral ha cambiado mucho más rápido que las trayectorias, los oficios y los saberes de muchas de las personas en proceso de reincorporación.
En este punto es importante resaltar que el 59 % de la población caracterizada tiene el bachillerato como máximo nivel educativo, mientras que el 29 % cuenta con primaria completa o incompleta. La formación técnica superior y universitaria es prácticamente inexistente y sus experiencias laborales se concentran, principalmente, en actividades relacionadas con la agricultura, la construcción, los textiles y los servicios operativos. Se trata, en buena medida, de personas que han trabajado durante gran parte de su vida como jornaleros, mayordomos, recolectores, ayudantes de obra, albañiles, operarios básicos, trabajadores de aseo, vigilancia y oficios varios.
En consecuencia, vale la pena subrayar una idea fundamental: no estamos frente a una población sin experiencia laboral; estamos frente a personas cuya experiencia no siempre es reconocida por el mercado formal. Y esa diferencia lo cambia todo.
Quienes decidieron dejar las armas y reincorporarse a la vida civil pueden saber cultivar, construir, operar una máquina o desempeñarse en múltiples actividades. Sin embargo, si esos conocimientos no están certificados, si no existe una trayectoria laboral formal que los documente o si sus competencias no coinciden con los requisitos de una vacante, toda esa experiencia puede volverse invisible ante el mercado laboral.
Por eso, la respuesta no debería ser decirles que no están preparados. La pregunta debería ser otra: ¿cómo hacemos para reconocer lo que saben, certificar sus competencias y conectar esos saberes con las oportunidades y necesidades reales de los territorios donde hoy intentan reconstruir sus proyectos de vida?
Ese es, quizás, uno de los principales desafíos de la reincorporación urbana. Construir un puente entre la experiencia que las personas ya tienen y las oportunidades que ofrece el mercado laboral.
Esta realidad adquiere aún mayor relevancia cuando se contrasta con las condiciones económicas y familiares de la población caracterizada. El estudio muestra que el 89 % de las personas tiene personas a cargo y que el 79 % son cabezas de hogar. A esto se suma que el 61 % vive en arriendo o subarriendo. Estamos hablando, por tanto, de personas adultas que necesitan generar ingresos para sostener sus hogares y que, en muchos casos, no pueden darse el lujo de esperar meses o incluso años para completar un proceso de formación antes de acceder a un empleo.
Este panorama plantea un desafío importante para las políticas de empleabilidad. No basta con ofrecer un curso o abrir una convocatoria de formación y esperar que, al finalizarla, las personas encuentren por sí mismas el camino hacia el mercado laboral. Una persona que necesita pagar un arriendo, alimentar a su familia y responder por sus responsabilidades de cuidado necesita una ruta que combine formación e ingresos y que tenga en cuenta las condiciones reales en las que transcurre su vida cotidiana. Necesita horarios flexibles, acceso cercano a las oportunidades de formación, alternativas de transporte y mecanismos que le permitan avanzar en la cualificación de sus capacidades sin quedar completamente desconectada del mercado laboral.
Esta situación resulta aún más significativa si tenemos en cuenta que la población en proceso de reincorporación manifiesta interés en fortalecer sus capacidades técnicas y profesionales. Sin embargo, ese interés se encuentra con barreras económicas, falta de tiempo, responsabilidades de cuidado y una oferta institucional que no siempre responde a sus necesidades concretas.
Por eso, el desafío no consiste únicamente en formar, sino en construir rutas que permitan que esa formación se traduzca efectivamente en oportunidades. La formación solo cumple su propósito cuando logra conectarse con una posibilidad real de empleo, generación de ingresos o fortalecimiento de una actividad productiva. De lo contrario, corremos el riesgo de acumular certificados sin empleo y cursos sin ingresos, mientras las personas continúan enfrentando las mismas dificultades que buscábamos contribuir a superar.
En este sentido, reconocer los saberes y certificar las competencias de la población reincorporada es apenas el primer paso. El verdadero desafío está en construir una ruta integral que conecte esas capacidades con las necesidades del territorio, pero que, al mismo tiempo, tenga en cuenta las responsabilidades familiares, las condiciones económicas y las barreras que enfrentan las personas en su vida cotidiana. Solo así será posible que la formación deje de ser una promesa y se convierta en una verdadera puerta de entrada a la autonomía económica.
Si quieres consultar el informe completo, haz clic aquí.
Entre la protección y la autonomía: el desafío de no dejar a nadie atrás.
Si la formación y la certificación de competencias son apenas el primer paso para acercar a la población en proceso de reincorporación al mercado laboral, los datos sobre sus condiciones económicas muestran que el camino hacia la autonomía todavía es largo y está lleno de obstáculos, la situación económica revela una fragilidad que no puede pasar inadvertida. Aproximadamente el 77 % de quienes declararon su principal fuente de ingresos depende de la Renta Básica de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. Solo alrededor del 6 % reporta un negocio propio o un emprendimiento como fuente principal de ingresos, mientras cerca del 14 % depende de trabajos ocasionales o informales; a esto se suma, que en el 62 % de los hogares una sola persona aporta los ingresos para el sostenimiento familiar.
Estos datos pueden leerse de muchas maneras, pero hay una interpretación que sería profundamente injusta, asumir que la dependencia de la Renta Básica es una expresión de falta de voluntad para trabajar por parte de la población reincorporada. La realidad parece ser otra, estamos frente a personas que atraviesan un proceso de transición hacia la vida civil y la autonomía económica, un camino que no puede reducirse a la responsabilidad individual ni depender exclusivamente de la capacidad de cada persona para abrirse paso en un mercado laboral que, como ya hemos visto, impone barreras de acceso y reconocimiento.
La reincorporación económica requiere tiempo, acompañamiento y condiciones que permitan avanzar de manera progresiva hacia la autonomía. En ese tránsito, la Renta Básica ha cumplido un papel fundamental como mecanismo de protección y como soporte para quienes intentan reconstruir sus proyectos de vida. Sin embargo, la protección no puede convertirse en el destino final de la reincorporación, el horizonte debe ser que las personas puedan construir fuentes de ingresos propias, dignas y sostenibles, que les permitan sostener a sus familias y ejercer plenamente su autonomía económica.
Para que esto sea posible se necesita mucho más que formación. Se requiere acceso a capital semilla y a mercados, acompañamiento empresarial, certificación de competencias e intermediación laboral efectiva que permita conectar las capacidades y los saberes de esta población con las oportunidades reales de los territorios. Se necesita, además, una acción institucional capaz de reconocer que las condiciones de partida no son las mismas para todas las personas y que, por tanto, la inclusión requiere remover las barreras que impiden que una oportunidad formalmente existente sea realmente accesible.
En otras palabras, es necesario construir una ruta sólida entre la protección y la autonomía económica. Una que permita transitar de manera segura hacia una vida independiente y sostenible, sin que nadie quede atrapado en el camino. El problema es que, hasta ahora, la ruta que existe sigue siendo demasiado compleja para que todas las personas en proceso de reincorporación puedan seguirla.
Y mientras no se fortalezca, la inserción económica para estas personas seguirá siendo una promesa incompleta. Es decir, una transición que ha avanzado, pero que todavía no logra garantizar para todas las personas las condiciones necesarias para vivir con dignidad, sostener a sus familias y construir un proyecto de vida verdaderamente autónomo.
Cuando la reincorporación no está en los planes, también queda fuera del territorio.
Quizás uno de los hallazgos más preocupantes del estudio no está en las cifras de educación o ingresos, sino en la manera en que la reincorporación aparece —o deja de aparecer— en los planes de desarrollo. El análisis de los instrumentos de planeación territorial evidencia que la población en proceso de reincorporación todavía no ocupa un lugar suficientemente claro en las agendas municipales. No existen proyectos de inversión exclusivos para esta población y, cuando aparece mencionada, las acciones suelen carecer de presupuestos específicos. En consecuencia, la atención depende, en buena medida, de la oferta nacional, especialmente de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el SENA, mientras que, en el ámbito local, sus necesidades tienden a diluirse dentro de programas generales dirigidos a poblaciones vulnerables.
Esto no es un asunto meramente administrativo. Lo que no se planea difícilmente se financia y lo que no se financia termina dependiendo, en buena medida, de la voluntad de los gobiernos de turno. Por eso, la reincorporación urbana no puede seguir siendo una responsabilidad exclusivamente nacional. Si una persona en proceso de reincorporación vive en Bello, trabaja en Itagüí, busca formación en Sabaneta o emprende en Caldas, su proceso de inclusión ocurre en el territorio. Y es allí donde necesita encontrar, de manera articulada, oportunidades de empleo, formación, transporte, salud, cuidado, vivienda y redes sociales que le permitan reconstruir su proyecto de vida.
En ese sentido, los municipios tienen una responsabilidad que no pueden seguir delegando. Sin embargo, no se trata de crear programas aislados ni de construir una institucionalidad paralela. Se trata, más bien, de incorporar a la población en proceso de reincorporación a las políticas existentes de desarrollo económico, empleo y emprendimiento, pero desde un enfoque diferencial que reconozca sus barreras específicas y las particularidades de cada territorio.
Si el territorio abre las puertas, el sector privado también debe hacerlo.
Ahora bien, si el Estado tiene una responsabilidad fundamental en la construcción de estas rutas, el sector privado también tiene algo que decir. Existe una conversación pendiente con las empresas, que suelen ser llamadas a contratar población vulnerable, pero que pocas veces participan desde el comienzo en el diseño de las rutas de formación y empleabilidad. Esta relación debe cambiar.
En efecto, si una empresa necesita determinados perfiles y competencias, debería poder trabajar de manera articulada con las instituciones educativas, el SENA, las alcaldías y las organizaciones sociales para identificar qué capacidades hacen falta y cómo desarrollarlas. De esta manera, la formación podría responder de manera más directa a las necesidades del mercado laboral y, al mismo tiempo, las empresas podrían participar activamente en la construcción de oportunidades de inclusión.
Pero, además, existe una realidad que no podemos seguir aplazando: la del estigma. Una persona en proceso de reincorporación no puede ser reducida a su pasado. Si la sociedad insiste en leerla únicamente desde la historia del conflicto, terminará cerrándole las puertas precisamente en el momento en que más necesita que se abran. La inclusión laboral exige mirar primero las capacidades y no las etiquetas; reconocer a la persona que está intentando construir su presente y no juzgarla exclusivamente por su pasado.
En este escenario, el sector privado tiene una oportunidad que va más allá de contratar, puede convertirse en un actor activo de la construcción de paz, participando en procesos de formación, certificación de competencias, intermediación laboral y generación de oportunidades. Al fin y al cabo, una empresa que abre una puerta de empleo no solo incorpora a un trabajador. También contribuye a ampliar las posibilidades de que una persona pueda sostener a su familia, recuperar autonomía y construir un proyecto de vida dentro de la legalidad.
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Ocho territorios, una misma apuesta, que nadie quede por fuera.
Precisamente por lo anterior, uno de los mayores valores de estudiar estos ocho municipios radica en demostrar que la reincorporación urbana no es homogénea. No es lo mismo buscar trabajo en Barbosa que en Envigado. Tampoco son iguales las oportunidades que ofrece Itagüí frente a las de Caldas, ni las necesidades de Bello, Copacabana, La Estrella o Sabaneta.
Cada territorio tiene una estructura productiva particular y, por tanto, necesita construir sus propias rutas de inclusión. En algunos casos, la puerta de entrada puede estar en la agroindustria; en otros, en la manufactura, la logística, la construcción, los servicios o el emprendimiento. La clave está en lograr que coincidan tres elementos, primero lo que las personas saben hacer, segundo lo que quieren hacer y tercero lo que el territorio necesita.
Ese cruce constituye, probablemente, uno de los principales aportes del estudio. Porque la reincorporación no puede seguir pensándose únicamente desde la oferta institucional ni desde programas diseñados de manera uniforme. También debe construirse a partir de la demanda laboral, las capacidades existentes y las posibilidades concretas de cada territorio.
Dicho de otro modo, no se trata solamente de preguntar qué puede ofrecer el Estado, sino de preguntarnos qué necesita cada municipio para que las personas en proceso de reincorporación puedan participar efectivamente de su desarrollo económico.
Y es precisamente allí donde la política pública tiene el reto de pasar de una mirada general a una estrategia territorial, capaz de reconocer que la inclusión no significa ofrecer lo mismo a todos, sino crear las condiciones para que personas con trayectorias y barreras diferentes puedan acceder efectivamente a las oportunidades.
Cuando la paz llega a la vida cotidiana, también necesita trabajo.
Después de décadas de conflicto, Colombia ha aprendido que alcanzar un acuerdo de paz es difícil. Sin embargo, sostener sus efectos en la vida cotidiana puede ser todavía más complejo. La paz necesita instituciones, comunidades, empresas y políticas públicas, pero también necesita algo tan concreto como la posibilidad de acceder a un trabajo digno y decente.
Un empleo no resuelve por sí solo todos los desafíos de la reincorporación. Sin embargo, puede transformar muchas dimensiones de la vida. Permite pagar un arriendo, sostener una familia, recuperar autonomía, construir nuevas relaciones sociales y, sobre todo, proyectar un futuro. Por eso, hablar de empleo para la población en proceso de reincorporación no es hablar de un beneficio adicional ni de una concesión, es hablar de una condición fundamental para que el proceso pueda ser sostenible y para que la inclusión socioeconómica deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.
En este sentido, el estudio realizado en los ocho municipios del Valle de Aburrá deja una pregunta abierta que debería interpelar a los gobiernos locales, empresarios, instituciones y organizaciones sociales, ¿qué estamos haciendo para que quienes dejaron las armas puedan encontrar un lugar en la economía que los rodea?
La respuesta no puede limitarse a un nuevo curso, una convocatoria más o un programa que desaparezca cuando cambie la administración. Tampoco puede depender exclusivamente del esfuerzo individual de quienes intentan reconstruir sus vidas.
Se necesita una política de largo plazo. Una política capaz de reconocer saberes, certificar competencias, conectar la formación con el empleo, acompañar los emprendimientos, comprometer al sector privado y convertir a los municipios en protagonistas de la reincorporación. Una política que entienda, además, que la inclusión socioeconómica no consiste únicamente en abrir oportunidades, sino en remover las barreras que impiden que esas oportunidades sean realmente accesibles.
Porque la paz también se construye en las fábricas de Itagüí, en los talleres de Copacabana, en las empresas de Bello, en los servicios de Envigado, en los emprendimientos de Sabaneta, en los territorios rurales de Barbosa y Caldas y, en general, en cada lugar donde una persona intenta ganarse la vida de manera legal y digna.
Por eso, la pregunta ya no es si la población reincorporada quiere trabajar. Los datos muestran que existe experiencia, expectativas y disposición. La pregunta verdaderamente importante es otra. ¿Estamos construyendo las condiciones para que pueda hacerlo?
La respuesta a esa pregunta definirá, en buena medida, cuánto de la paz hemos logrado llevar de los acuerdos a la vida cotidiana.
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Helen Caicedo - Martha Piedrahita
Helen es administradora de Empresas del Politécnico Grancolombiano y especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de FLACSO Ecuador. Cuenta con amplia experiencia administrativa en el sector público y solidario, así como en el fortalecimiento de organizaciones de la economía popular y solidaria. Martha es estudiante de Derecho y bachiller técnica con amplia experiencia en el manejo de bases de datos sindicales, entre ellas el Censo Sindical, la Dinámica de la Negociación Colectiva, los contenidos de la negociación colectiva, comparativos convencionales y los Mejores Artículos Convencionales.
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