No vienen por la cultura, vienen por el relato
Que Paola Holguín esté hoy al frente del Ministerio de Cultura no debería leerse simplemente como otro nombramiento de un gobierno conservador. Cuando Abelardo de la Espriella habla de librar una “batalla cultural por la Nación”, está anunciando una disputa mucho más profunda, decidir qué valores, relatos, símbolos y memorias ocuparán el centro de la idea de Colombia.
Por: Mayra Alejandra Restrepo Sabaleta
Hay una manera sencilla de interpretar la llamada “batalla cultural”, reducirla a las disputas sobre aborto, género, religión o familia. Pero esos debates son apenas la superficie. Lo que está en juego es algo más profundo, quién consigue definir aquello que una sociedad considera normal, legítimo, deseable o incluso vergonzoso.
Antes de transformar una política de seguridad hay que disputar qué significa autoridad. Antes de cambiar la educación hay que decidir qué significa educar. Antes de intervenir la memoria histórica hay que definir qué pasado merece ser contado. Y antes de hablar de familia, patria o Fuerzas Armadas hay que construir un sentido común alrededor de esas palabras.
Eso explica por qué ganar unas elecciones puede no ser suficiente. Un gobierno controla instituciones durante cuatro años; una transformación cultural puede modificar durante décadas la manera en que una sociedad interpreta esas instituciones. La verdadera batalla no es solamente por gobernar el Estado, sino por establecer los marcos desde los cuales los ciudadanos juzgan lo que hace el Estado.
Paola Holguín no llega a administrar museos
Desde esa perspectiva, el nombramiento de Paola Holguín adquiere otro significado. Holguín no tiene el perfil tradicional que cualquiera imaginaría para esa cartera. Su trayectoria está marcada por la política, el uribismo, la seguridad, la defensa y la confrontación con el proyecto político progresista.
Precisamente por eso puede resultar funcional. El mensaje no parece ser simplemente “necesitamos administrar museos, patrimonio o industrias culturales”. Es otro, necesitamos disputar el relato.
Y allí aparece un segundo nombramiento revelador, el del escritor y profesor Enrique Serrano como consejero alrededor de esta discusión. Si Holguín encabeza la institucionalidad cultural, Serrano puede aportar algo todavía más importante para un proyecto de largo aliento, una narrativa intelectual capaz de darle coherencia y legitimidad a esa “batalla”.
La palabra decisiva, entonces, no es cultura. Es batalla. Porque cuando un gobierno utiliza deliberadamente ese lenguaje está definiendo un “nosotros”, un “ellos” y un terreno de confrontación. Ese terreno incluye escuelas, universidades, libros, cine, televisión, museos, monumentos, redes sociales, religión, símbolos patrios, memoria histórica, contenidos infantiles y representaciones sobre la familia. En otras palabras, todo aquello con lo que una sociedad construye identidad.
La disputa no es por el arte, sino por lo que merece ser contado
Sería demasiado elemental pensar que una batalla cultural consiste en decirles a los artistas qué deben pintar. El poder cultural contemporáneo funciona de maneras mucho más sutiles, decidir qué relatos reciben financiación, cuáles obtienen reconocimiento institucional, qué memorias ocupan los museos, qué historias llegan a las escuelas y qué símbolos son convertidos en orgullo nacional.
Por eso importa preguntarse qué significará exactamente “recuperar el orgullo nacional”. Colombia puede construir su identidad alrededor de las víctimas, la diversidad étnica, las luchas sociales, el campesinado, las mujeres, las comunidades indígenas y afro, el proceso de paz y la Constitución de 1991. Pero también puede poner en el centro la familia tradicional, la religión, las Fuerzas Armadas, la autoridad, la propiedad, los héroes militares y determinados símbolos patrios.
Todo eso es cultura. La disputa no consiste en decidir si habrá cultura, sino en definir qué cultura será elevada a representación legítima de la Nación.
Por eso resulta especialmente significativa la preocupación alrededor de los archivos de memoria histórica sobre el conflicto armado. La memoria no es un depósito neutro del pasado. La manera como un país explica el paramilitarismo, los falsos positivos, las guerrillas, la responsabilidad estatal o las víctimas termina definiendo también cómo entiende la autoridad, la democracia, la paz y la violencia en el presente. Quien logra organizar el relato del pasado obtiene una enorme ventaja para organizar políticamente el presente. Por eso los archivos, los museos, los informes de memoria y los contenidos escolares no son asuntos secundarios. Son escenarios de poder.
Cultura más educación no parece una coincidencia
El nombramiento de Holguín debería leerse junto al de Viviane Morales en Educación. Separados pueden parecer decisiones sectoriales. Juntos permiten observar una arquitectura mucho más ambiciosa.
Cultura disputa los relatos. Educación disputa la formación de las nuevas generaciones. Seguridad disputa el significado de la autoridad. La religión y la familia proporcionan un horizonte de valores. Y la Presidencia puede articular todos esos elementos bajo una misma explicación del país, Colombia perdió sus referentes y es necesario recuperarlos.
Así pueden reunirse bajo una misma narrativa asuntos que normalmente aparecen separados: delincuencia, aborto, educación sexual, género, memoria histórica, Fuerzas Militares, patriotismo, religión, arte y patrimonio. Y allí aparece probablemente la operación política más eficaz, dejar de presentar la confrontación como “derecha contra izquierda” y convertirla en otra cosa. “Estamos recuperando Colombia”.
Esa frase tiene una consecuencia enorme. El adversario ya no aparece simplemente como otra fuerza política, sino como quien habría desviado al país de su verdadero rumbo. Y la palabra “recuperar” lleva implícita una idea de poder, solo se recupera aquello que se considera propio y que se cree posible volver a controlar. Por eso el relato no habla desde la derrota. Habla desde la expectativa de retomar el mando sobre la identidad, la autoridad, los valores y el sentido mismo de la Nación.
¿Quién tiene derecho a definir qué es Colombia?
Hay además una paradoja imposible de ignorar. Durante años, sectores de derecha acusaron a la izquierda de “politizar” la cultura, la educación y la memoria. Al anunciar explícitamente una batalla cultural, el nuevo proyecto político reconoce exactamente lo contrario, la cultura siempre ha sido un territorio de poder.
La discusión que viene no debería reducirse a conservadores contra progresistas. La nueva derecha intenta presentarse, paradójicamente, como la fuerza contracultural que viene a desafiar una supuesta hegemonía progresista. La pregunta de fondo es otra: ¿quién tiene derecho a decidir qué significa Colombia?
Porque Colombia no pertenece exclusivamente a quienes defienden la autoridad, la tradición y los símbolos patrios. Tampoco pertenece únicamente a quienes reivindican las luchas sociales, las víctimas o la diversidad. La Nación es precisamente el territorio conflictivo en el que todas esas memorias y experiencias deberían poder coexistir.
El riesgo comienza cuando la batalla cultural deja de significar discusión democrática y empieza a significar sustitución, cuando no se busca confrontar otro relato, sino expulsarlo del espacio legítimo de la Nación.
Un decreto puede derogarse. Un ministro puede ser reemplazado. Una política pública puede desmontarse. Pero cambiar los héroes que una generación admira, los hechos que recuerda, las palabras con las que entiende la familia, la autoridad o la patria y los relatos desde los que juzga su propia historia puede durar décadas.
Por eso la llamada “batalla cultural” merece mucha más atención que una simple polémica alrededor del Ministerio de Cultura. No se está discutiendo solamente quién administra la cultura durante cuatro años. Se está comenzando a disputar algo bastante más profundo, quién contará Colombia, desde qué memoria y para construir qué país.
Mayra Restrepo S.
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Educadora en procesos no formales con enfoque en metodologías participativas. Ha coordinado proyectos de cooperación internacional en torno al diálogo social, así como estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Cuenta con experiencia en la formulación, planeación y monitoreo de proyectos con enfoque de derechos, lo que le ha permitido consolidar un perfil integral entre la gestión operativa y la comunicación estratégica.
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