Tres modelos de país ante las urnas: ¿qué lugar tendrá el trabajo?
El 31 de mayo Colombia no escogerá simplemente a una persona para ocupar la Casa de Nariño. Elegirá entre tres maneras distintas de entender el trabajo, la economía, el Estado y la vida en los territorios. En otras palabras, el país no solo votará por un presidente, votará por un modelo de país.
Por: Mayra Alejandra Restrepo Sabaleta
Esa es la dimensión real de esta campaña. Después de cuatro años en los que el trabajo volvió al centro del debate público, la pregunta ya no es menor. ¿El empleo será entendido como una cifra para mostrar crecimiento o como una condición para vivir con dignidad? ¿La informalidad será tratada como una falla individual de quienes “no emprenden bien” o como el resultado de una economía que expulsa a millones de personas de la protección social? ¿La transición energética será una oportunidad para reparar territorios y garantizar derechos, o un nuevo ciclo de negocios verdes sin trabajadores, comunidades ni pueblos étnicos decidiendo?
Colombia llega a esta elección con avances importantes, pero también con heridas abiertas. El gobierno de Gustavo Petro instaló en la agenda pública debates que durante décadas fueron tratados como asuntos secundarios: trabajo digno, economía popular, reforma laboral, reforma pensional, transición energética justa, derechos de las víctimas, paz, cuidado y democratización del poder económico. La aprobación de la Ley 2466 de 2025, reforma laboral para el trabajo digno y decente, y del CONPES 4189 de 2026, primera Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, marcan un punto de quiebre: el trabajo dejó de ser visto únicamente como empleo y empezó a ser reconocido como eje de política pública, derechos y democracia.
Pero nada de eso está asegurado. Los avances sociales no se consolidan por existir en el papel. Dependen de implementación, presupuesto, correlación política, vigilancia social y defensa ciudadana. Un derecho aprobado puede quedarse congelado si el siguiente gobierno no lo financia. Una política pública puede volverse letra muerta si no hay voluntad institucional. Una reforma puede ser desmontada, debilitada o vaciada desde la reglamentación. Por eso esta elección también será una disputa por el legado de estos cuatro años.
La realidad laboral del país muestra por qué este debate es urgente. En marzo de 2026 la tasa de desempleo nacional fue de 8,8 %, una mejora frente al 9,6 % registrado un año antes. Sin embargo, la precariedad sigue siendo el verdadero corazón del problema, para el trimestre enero-marzo de 2026, la informalidad nacional fue de 55,3 % y en centros poblados y rural disperso llegó a 83,2 %. Es decir, más de la mitad de quienes trabajan en Colombia lo hacen sin garantías plenas, sin estabilidad, sin protección social suficiente, sin negociación colectiva y muchas veces con ingresos que no alcanzan para vivir.
Por eso no basta preguntar quién promete más empleo. Hay que preguntar qué tipo de empleo, con qué derechos, con qué salario, con qué protección social, con qué voz para las y los trabajadores.
Tres candidaturas, tres modelos de país
El comparativo de las propuestas presidenciales permite ver con claridad tres caminos.
Iván Cepeda representa una apuesta por profundizar el giro social abierto en estos años. Su propuesta conecta trabajo digno con reforma agraria, economía popular, salario vital, protección social, transición energética justa, diálogo social, libertad sindical, cuidado y reconocimiento de pueblos y comunidades. Allí el trabajo no aparece como una mercancía más del mercado, sino como una relación social atravesada por derechos, poder, territorio y democracia. Su programa reivindica la organización sindical, la huelga y la negociación colectiva como herramientas legítimas para conquistar condiciones dignas. También pone en el centro a quienes históricamente han sostenido el país sin ser reconocidos: campesinado, trabajadores rurales, economía popular, comunidades indígenas, mujeres cuidadoras y sectores populares urbanos.
Paloma Valencia representa una agenda de estabilización con inclusión focalizada. Su propuesta habla de crecimiento, seguridad, confianza inversionista, educación para el trabajo, subsidio al primer empleo juvenil, formación digital, apoyo a informales, crédito, billeteras digitales, formalización progresiva, cuidado infantil y contrato, salud y pensión para cuidadoras comunitarias. Tiene medidas concretas y algunas de ellas podrían mejorar condiciones de vida de sectores precarizados. Pero su centro no está en los derechos colectivos del trabajo, sino en la empleabilidad, la productividad, la focalización y la formalización como escalera individual. En su programa no aparece con fuerza una agenda de libertad sindical, negociación colectiva o diálogo tripartito entre Estado, empleadores y trabajadores.
Abelardo de la Espriella propone un modelo de orden, seguridad, ajuste fiscal, desregulación y crecimiento acelerado. Su apuesta económica plantea reducir el tamaño del Estado, bajar cargas al sector empresarial, eliminar trabas, reactivar el sector minero-energético, expandir la frontera productiva rural y crecer al 7 %. En el campo promete propiedad, agroindustria, vías, riego, conectividad y empleos rurales; en cuidado propone registro, subsidios, formación y monetización. Pero su programa no desarrolla una agenda laboral de derechos, ni una política verificable de diálogo social, negociación colectiva o protección sindical. El trabajo aparece más como resultado esperado del crecimiento que como derecho que debe ser garantizado.
La diferencia no es de matices. Es de fondo.
Durante años, la discusión económica en Colombia se organizó alrededor de una idea peligrosa, para que hubiera crecimiento, los derechos laborales debían esperar. Primero la inversión, luego el empleo; primero la confianza empresarial, luego los salarios; primero la productividad, luego la protección social. Esa lógica produjo un país donde millones trabajan sin salir de la pobreza, donde el rebusque se volvió política económica no declarada y donde la informalidad se convirtió en paisaje cotidiano.
El debate electoral de 2026 muestra que esa disputa sigue abierta. Hay propuestas que entienden el empleo como resultado del crecimiento empresarial y la desregulación. Otras lo entienden como empleabilidad focalizada: formar, subsidiar, formalizar, bancarizar. Y otra lo conecta con redistribución, reforma agraria, economía popular, salario vital, derechos colectivos y protección social.
Las preguntas no son técnicas, son profundamente políticas: ¿El Estado debe limitarse a crear condiciones para que el mercado genere empleo, o debe intervenir para garantizar que ese empleo sea digno? ¿La formalización debe consistir en registrar negocios y abrir acceso a crédito, o también en asegurar salud, pensión, estabilidad, derechos laborales, negociación colectiva y protección frente a la explotación? ¿La economía popular debe ser tratada como una economía de transición hacia la empresa formal, o como una forma legítima de trabajo que requiere derechos, reconocimiento y poder económico?
Lo que está en juego
El 31 de mayo Colombia decide si el trabajo digno será una política de Estado o un paréntesis. Decide si la reforma laboral, la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, la negociación por sectores, la economía popular, la transición justa y el sistema de cuidado avanzan, se estancan o se desmontan por la vía lenta de la falta de presupuesto, la reglamentación débil o el cambio de prioridades.
No se trata de idealizar lo hecho. El balance de estos cuatro años también muestra límites: la informalidad sigue siendo altísima, la violencia antisindical persiste, la negociación colectiva sigue teniendo baja cobertura, la reconversión laboral en la transición energética aún es insuficiente. El país no vive una transformación consolidada, sino una disputa abierta.
Pero precisamente por eso la elección importa. Porque una cosa es corregir, profundizar y hacer cumplir los derechos que comenzaron a abrirse camino. Otra es regresar a la idea de que el mercado ordena solo, que la seguridad reemplaza la justicia social, que el crecimiento basta para resolver la desigualdad, que el sindicalismo estorba, que la consulta previa retrasa, que la economía popular debe adaptarse al mercado o desaparecer, y que la transición energética puede hacerse sin trabajadores ni comunidades decidiendo.
Este 31 se vota por el lugar que tendrá el trabajo en el país que viene.
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Mayra Restrepo
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Educadora en procesos no formales con enfoque en metodologías participativas. Ha coordinado proyectos de cooperación internacional en torno al diálogo social, así como estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Cuenta con experiencia en la formulación, planeación y monitoreo de proyectos con enfoque de derechos, lo que le ha permitido consolidar un perfil integral entre la gestión operativa y la comunicación estratégica.
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