CONPES de Trabajo Digno y Decente, una política para que trabajar no siga siendo sobrevivir
Colombia tendrá, por primera vez, una hoja de ruta estatal de diez años para convertir el trabajo digno y decente en política pública. El reto ahora será que no se quede en el papel.
Por: Mayra Alejandra Restrepo Sabaleta
En Colombia, trabajar no siempre significa vivir con dignidad. Millones de personas sostienen la economía desde la informalidad, el rebusque, el cuidado no remunerado, las ventas callejeras, el trabajo rural, las plataformas digitales, la tercerización o empleos sin garantías suficientes. Para muchas y muchos, tener trabajo no ha sido sinónimo de tener derechos.
Ese es el punto de partida del Documento CONPES 4189, aprobado el 30 de abril de 2026, mediante el cual el Estado colombiano adopta la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente. No se trata de un documento menor, por primera vez, el país cuenta con una política pública de largo plazo, con vigencia entre 2026 y 2035, orientada a que el trabajo digno y decente deje de depender únicamente de gobiernos de turno, programas aislados o esfuerzos fragmentados, y se convierta en una obligación sostenida del Estado.
El CONPES reconoce una realidad que las organizaciones sindicales, sociales y populares han denunciado durante décadas, aunque algunos indicadores laborales han mejorado, en Colombia siguen existiendo condiciones insuficientes para garantizar trabajo decente. Esa precariedad limita el desarrollo productivo, profundiza desigualdades y afecta con mayor fuerza a poblaciones históricamente excluidas.
Una década para cambiar el lugar del trabajo en la política pública
La nueva política tendrá una vigencia de diez años, de 2026 a 2035, e incluye 104 acciones con un costo indicativo de 1,82 billones de pesos. Su implementación estará liderada por el Ministerio del Trabajo, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, varios ministerios, el DANE, el SENA, el Servicio Público de Empleo, la UGPP, la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Unidad de Víctimas, la ESAP y otras entidades públicas.
Pero su importancia no está solo en las cifras. Lo más relevante es que el documento reconoce que el trabajo digno y decente tiene que ver con algo más que conseguir empleo. Habla de ingresos, sí, pero también de protección social, derechos fundamentales, inspección laboral, diálogo social, transición justa, economía popular, cierre de brechas, sindicalismo y participación de las y los trabajadores en las decisiones económicas y sociales.
En otras palabras, el CONPES intenta mover el debate laboral de una pregunta simplista “¿cuántos empleos se crean?” hacia una pregunta más profunda, ¿qué tipo de trabajo está produciendo el país y en qué condiciones viven quienes lo sostienen?
Del empleo como cifra al trabajo como derecho
El documento parte de un diagnóstico contundente, Colombia ha tenido políticas dispersas, muchas veces centradas en incentivos para crear empleo, pero no una acción estatal articulada alrededor de los cuatro pilares del trabajo decente: derechos fundamentales del trabajo, oportunidades de empleo e ingresos, protección social y diálogo social.
Ese cambio de enfoque es clave. Durante años, el éxito de la política laboral se midió principalmente por tasas de ocupación, reducción del desempleo o formalización parcial. Pero el mundo del trabajo real es más complejo, una persona puede estar ocupada y seguir siendo pobre, puede tener ingresos y no tener seguridad social, puede trabajar todos los días y no contar con derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente, descansar o cuidar.
Por eso, el CONPES adopta una mirada más integral. El trabajo digno y decente aparece como condición para reducir la pobreza, ampliar la protección social, fortalecer la cohesión social y avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo, sostenible e inclusivo.
El trabajo decente tiene rostro
Uno de los énfasis más importantes de la política es el cierre de brechas para poblaciones que históricamente han quedado por fuera de los beneficios del empleo formal. El documento menciona de manera explícita a jóvenes, vendedores y vendedoras informales, trabajadores de la economía popular, personas ubicadas en actividades sexuales pagadas, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado y personas de grupos étnicos.
Esta decisión no es menor. Significa reconocer que el mercado laboral no excluye a todos por igual. Hay cuerpos, territorios, edades, géneros, identidades y trayectorias de vida que enfrentan más obstáculos para acceder a un trabajo con derechos.
En el caso de las juventudes, la política plantea programas territorializados de empleo juvenil en ciudades con mayores tasas de desempleo, con medición de brechas de capital humano, formación profesional y priorización de incentivos para la contratación. También contempla acciones para facilitar prácticas laborales en entidades estatales dirigidas a jóvenes que finalizan formación universitaria, técnica, tecnológica o de formación para el trabajo.
Para vendedores y vendedoras informales, el CONPES plantea una ruta de reconversión laboral orientada a apoyar la transición hacia formas de trabajo decente mediante gestión y colocación laboral, fortalecimiento de unidades productivas cooperativas y asociativas, difusión de incentivos para la formalización y programas de fortalecimiento productivo.
Aquí aparece uno de los debates más importantes, no se trata de perseguir la informalidad como si fuera una elección individual, sino de reconocer que millones de personas trabajan en condiciones precarias porque el modelo económico no les ha ofrecido alternativas reales. La política abre una puerta para mirar la economía popular no como problema de orden público, sino como parte del mundo del trabajo.
Que las transformaciones no la paguen las y los trabajadores
El CONPES también conecta el trabajo digno con los cambios productivos que ya están transformando el país: transición energética, automatización, digitalización, empleos verdes y empleos azules. El documento advierte que estos procesos plantean retos para la generación de empleo, la reconversión justa de la fuerza laboral y el fortalecimiento de capacidades de las y los trabajadores.
Este punto es central para Colombia. La transición energética no puede reducirse a cambiar fuentes de energía si deja por fuera a quienes han trabajado durante años en sectores minero-energéticos, agroindustriales o manufactureros. Una transición sin derechos puede convertirse en otra forma de despojo laboral.
Por eso, el CONPES plantea aumentar la capacidad del sector público y privado para generar puestos de trabajo decente en el marco de la transición energética y digital. También reconoce que las políticas previas de crecimiento verde, reindustrialización y transición energética no han logrado articular suficientemente acciones para garantizar protección de las y los trabajadores, reconversión laboral e ingresos sostenibles. No basta con hablar de empleos verdes, hay que garantizar que sean empleos con salario digno, protección social, libertad sindical, seguridad y salud en el trabajo.
Trabajadoras y trabajadores no pueden seguir desprotegidos
Otra apuesta de la política es fortalecer la articulación institucional del sistema de protección social para garantizar acceso efectivo de las y los trabajadores y sus familias a prestaciones de calidad frente a riesgos como desempleo, invalidez, enfermedad y muerte.
Este punto toca una de las heridas más profundas del país, la protección social sigue estando demasiado atada a la existencia de un contrato formal. Quienes trabajan en la informalidad, en la economía popular, en oficios comunitarios, rurales o de cuidado suelen quedar por fuera de los mecanismos reales de protección ante la enfermedad, la vejez, los accidentes o la pérdida de ingresos.
El CONPES reconoce que existen dificultades de diseño del sistema integral de seguridad social y que aún faltan esfuerzos para extender protección ante desempleo y riesgos laborales a trabajadores informales y de la economía popular.
Ese reconocimiento es importante porque ubica la discusión donde debe estar, el problema no es que las personas no quieran formalizarse, sino que el sistema no ha sido capaz de proteger la diversidad real de formas de trabajo que existen en el país.
Sin trabajadores en la mesa no hay democracia laboral
La política también busca incrementar la eficacia del diálogo social para resolver conflictos laborales y garantizar la participación efectiva de las y los trabajadores en la definición de políticas económicas y sociales, tanto en el nivel nacional como territorial.
Este componente es fundamental en un país donde la organización sindical ha enfrentado estigmatización, violencia y exclusión de los espacios de decisión. El propio CONPES incluye dentro de su diagnóstico la persistencia de agresiones contra organizaciones sindicales, la baja incorporación de la agenda de trabajo digno y decente en la concertación de políticas salariales y laborales, y la insuficiencia de información para promover el diálogo social y la resolución temprana de conflictos sociolaborales.
Entre las acciones contempladas, el Ministerio del Trabajo deberá diseñar e implementar un programa de acompañamiento técnico en diálogo social para sectores socioeconómicos de alta conflictividad sociolaboral, incluyendo conflictos al interior de los sindicatos y entre sindicatos.
Esta apuesta puede ser decisiva si se entiende que el diálogo social no es una reunión formal ni una foto institucional. Es una herramienta democrática para que las decisiones sobre el trabajo no se tomen de espaldas a quienes trabajan.
El reto, que el CONPES no sea una promesa más
El país ya ha tenido normas, decretos, planes y documentos que hablaron de trabajo decente. El propio CONPES recuerda que desde la Ley 1753 de 2015 existía el compromiso de adoptar una política de trabajo decente, pero esa norma no se materializó en un documento CONPES y luego fue derogada. También señala que el Decreto 1527 de 2024 adoptó lineamientos de política, pero sus disposiciones no se han reglamentado plenamente.
Por eso, el valor del CONPES 4189 está en que convierte ese mandato en una hoja de ruta con acciones, entidades responsables, seguimiento semestral y horizonte presupuestal. Su seguimiento se hará a través del Plan de Acción y Seguimiento, con reportes al DNP mediante SisCONPES, entre julio de 2026 y diciembre de 2035, y con informe de cierre previsto para junio de 2036.
Sin embargo, la pregunta política sigue abierta, ¿tendrá el Estado la capacidad real de cumplir esas acciones?, ¿se garantizarán los recursos?, ¿participarán efectivamente las organizaciones sindicales, sociales, territoriales y de la economía popular?, ¿se traducirá esta política en cambios concretos para quienes hoy trabajan sin derechos?
Porque una política pública de trabajo digno y decente no se mide únicamente por el número de acciones formuladas. Se mide en la vida diaria, en si una partera accede a seguridad social; en si un joven consigue empleo sin precarización; en si una vendedora informal no es tratada como invasora sino como trabajadora; en si una persona LGBTIQ+ puede trabajar sin discriminación; en si un trabajador minero participa en el proceso de transición justa; en si una organización sindical puede negociar sin miedo.
Una oportunidad para disputar el futuro del trabajo
El CONPES de Trabajo Digno y Decente llega en un momento decisivo. Colombia discute reformas laborales, transición energética, economía popular, derechos del cuidado, automatización, informalidad y nuevas formas de empleo. En medio de esos debates, esta política puede convertirse en una herramienta para ordenar la acción estatal alrededor de una idea básica pero todavía incumplida, el trabajo debe servir para vivir con dignidad, no apenas para sobrevivir.
Su aprobación no resuelve por sí sola la precariedad laboral del país. Pero sí deja una base institucional para exigirle al Estado que cumpla. Y también ofrece al movimiento sindical, a las organizaciones de trabajadores, a las economías populares, a las mujeres, a las juventudes y a los territorios una nueva herramienta de incidencia.
Durante la próxima década, el debate no será solo si Colombia tiene una política de trabajo digno y decente. El verdadero debate será si esa política logra tocar la realidad de quienes todos los días sostienen el país con su trabajo, muchas veces sin reconocimiento, sin protección y sin voz.
Porque el trabajo digno no puede seguir siendo una aspiración escrita en documentos oficiales. Tiene que convertirse en salario justo, protección social, estabilidad, libertad sindical, igualdad, cuidado, descanso, participación y vida digna.
Mayra Restrepo
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Educadora en procesos no formales con enfoque en metodologías participativas. Ha coordinado proyectos de cooperación internacional en torno al diálogo social, así como estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Cuenta con experiencia en la formulación, planeación y monitoreo de proyectos con enfoque de derechos, lo que le ha permitido consolidar un perfil integral entre la gestión operativa y la comunicación estratégica.
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