“Por menos de un gramo”: El informe de Temblores que expone la persecución policial contra consumidores de droga
El informe “Por menos de un gramo”, publicado por Temblores ONG, analiza el impacto de las políticas represivas contra el porte y consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en Colombia, centrando su investigación en las sanciones impuestas por la Policía Nacional entre 2017 y 2022.
Por: Juan Pablo González
Este informe expone cómo, a pesar de que la dosis personal está protegida constitucionalmente desde la Sentencia C-221 de 1994, las prácticas policiales continúan criminalizando a miles de personas usuarias de sustancias psicoactivas. Según el documento, entre 2017 y 2022 se impusieron cerca de 1,2 millones de comparendos, de los cuales el 96 % fueron por cantidades inferiores a la dosis personal y el 70,9 % por menos de un gramo (lo que significa que cerca de 540 personas fueron sancionadas cada día). Estos datos revelan una política que, lejos de atacar el narcotráfico, recae de forma desproporcionada sobre sectores vulnerables, agravando su estigmatización y criminalización.
El informe también evidencia la inseguridad jurídica provocada por la contradicción entre la normativa administrativa y la jurisprudencia constitucional. Mientras que la Corte Constitucional ha reiterado que portar la dosis personal no constituye una amenaza para la convivencia, diversas regulaciones locales y decretos presidenciales han impuesto sanciones que desconocen estos precedentes. De hecho, la marihuana fue la sustancia más incautada, con el 89,4 % de los comparendos, seguida por la base de coca (3,6 %), el basuco (3,6 %) y la cocaína (2,3 %). De estos casos, el 99,6 % de las incautaciones de marihuana fueron por menos de la dosis personal permitida, lo que demuestra que la persecución ha recaído principalmente sobre consumidores y no sobre estructuras del narcotráfico.
Otro dato preocupante es la distribución geográfica de estas sanciones. Bogotá lidera el ranking con 325.009 comparendos, seguida por Valle del Cauca (179.846) y Antioquia (164.013). En términos proporcionales, San Andrés y Providencia es el departamento con más sanciones por cada 100.000 habitantes, mientras que en Chocó, La Guajira y Cauca se registraron los índices más bajos.
El informe también cuestiona el impacto de estas políticas represivas en poblaciones vulnerables. Aunque la Policía Nacional reportó que el 99,3 % de las personas sancionadas no pertenecían a grupos en situación de vulnerabilidad, es preocupante la falta de datos sobre comunidades afrodescendientes, indígenas, habitantes de calle y personas LGBTI, lo que podría evidenciar una invisibilización estadística de la persecución policial a estas poblaciones.
La persecución de la dosis personal, más que un asunto de orden público, es un espejo de las tensiones entre el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y un enfoque punitivo que desconoce la autonomía individual. Esta situación confronta los principios de una democracia que debería proteger el libre desarrollo de la personalidad y garantizar que las políticas públicas respeten los derechos humanos, en lugar de criminalizar prácticas privadas amparadas por la Constitución.
Desde Voces por el Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso de participar activamente en los debates públicos que amplíen la concepción de ciudadanía, entendida desde el ejercicio pleno de derechos adquiridos, y en la construcción de políticas enfocadas a la consolidación de una democracia plena y de un país en paz.
Consulta el informe completo aquí
Juan Pablo González Castaño
Periodista de la Universidad de Antioquia y estudiante de la Maestría en Ciencia Política de la misma institución. Con experiencia en producción de contenidos periodísticos gráficos, audiovisuales y sonoros para organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas públicas y privadas.
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