Maniobra legislativa y recorte de derechos laborales: el naufragio de la reforma laboral
La reforma laboral que prometía redefinir las reglas del juego y dignificar a trabajadores y trabajadoras se ha transformado en un rompecabezas en desorden, en el que cada recorte parlamentario evidencia cómo la flexibilidad empresarial eclipsa la garantía de derechos laborales.
Por: Mayra Restrepo y Giancarlos Delgado
En marzo de 2023, la entonces Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez presentó la reforma laboral, un paquete de propuestas para dignificar el trabajo en Colombia y así, saldar una deuda histórica con millones de trabajadores y trabajadoras que enfrentan condiciones laborales precarias en el país.
El proyecto original incluía avances significativos, resaltan: la ampliación del recargo nocturno desde las 6:00 p. m., el pago integral del recargo dominical y festivo, la limitación de la tercerización en actividades misionales. También proponía medidas de fondo como priorizar el contrato a término indefinido, ampliar el derecho a la negociación colectiva a trabajadores informales, independientes y de plataformas digitales, el fortalecimiento de la negociación por rama y la ampliación del reconocimiento del derecho a huelga.
A su vez, el proyecto de reforma incorporaba medidas específicas para poblaciones históricamente excluidas, como trabajadores agrícolas, jóvenes y aprendices SENA, y trabajadores de plataformas digitales de reparto. En particular, se avanzaba en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar, incluyendo su derecho a la negociación colectiva, y se promovían políticas de corresponsabilidad en el cuidado, con mejoras propuestas en las licencias de maternidad y paternidad.
Finalmente, la propuesta también contemplaba el fortalecimiento institucional del sistema de justicia laboral, mejorando las capacidades de inspección, vigilancia y sanción del Ministerio del Trabajo, y promoviendo mecanismos eficaces para la resolución de conflictos laborales, tanto individuales como colectivos.
Todo lo anterior, ambicioso, justo y digno, como debe ser la defensa y exigibilidad de derechos laborales. Sin embargo, a medida que el proyecto fue avanzando en el Congreso, muchos de estos contenidos fueron desdibujados o eliminados, revelando la resistencia de sectores políticos y empresariales a una transformación real del vigente modelo de precarización laboral. Lo que comenzó como una propuesta centrada en la justicia laboral, la equidad y el trabajo digno, fue recortado hasta el punto de poner en riesgo su espíritu reformador, privilegiando la flexibilización por encima de la garantía plena de derechos para las y los trabajadores en Colombia.
¿De marzo de 2023 a mayo de 2025, qué ha pasado con la reforma laboral?
Entre marzo de 2023 y mayo de 2025, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro experimentó recortes sustanciales que transformaron su espíritu original centrado en la dignificación del trabajo y la ampliación de derechos. Uno de los retrocesos más significativos fue la eliminación de 20 artículos relacionados con los derechos colectivos, entre ellos disposiciones clave sobre libertad sindical, derecho a la huelga y negociación colectiva. Esta supresión se produjo en junio de 2024 durante el trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, con el respaldo de partidos como el Liberal, Conservador, de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, que argumentaron que dichos artículos podían afectar la competitividad empresarial.
En materia de derechos individuales, también se introdujeron modificaciones importantes, por ejemplo, la propuesta original contemplaba que el recargo nocturno iniciara a las 6:00 p. m., pero tras los ajustes legislativos se fijó a partir de las 7:00 p. m. Aunque se logró mantener el pago del 100 % por trabajo dominical y festivo, este punto fue objeto de intensos debates. Asimismo, se eliminaron medidas de inclusión y equidad de género, como la posibilidad de que parejas del mismo sexo decidieran libremente quién asumiría la licencia de maternidad o paternidad. También se suprimieron propuestas orientadas a ampliar dichas licencias y a formalizar el trabajo en el sector agropecuario vía “contrato agropecuario”.
Ahora bien, el contexto actual plantea unas preocupaciones aún mayores. Como si no fuera suficiente con el recorte que ha sufrido el proyecto inicial de reforma laboral, el 27 de mayo se aprobó por parte de la Comisión Cuarta del Senado de la República, la ponencia mayoritaria de contrarreforma laboral, con medidas claramente regresivas.
La contra reforma laboral aprobada en dicha comisión, representa un grave retroceso en materia de derechos laborales, al consolidar un modelo más flexible que beneficia al sector empresarial a costa de garantías históricas de la clase trabajadora. Una de las medidas más preocupantes es el tratamiento del contrato de aprendizaje, especialmente en el caso de los aprendices del SENA. La norma aprobada desconoce su carácter laboral, limitando su remuneración al 75 % del salario mínimo durante la etapa lectiva y al 100 % en la etapa práctica, sin el reconocimiento pleno de una relación laboral, negando el derecho de asociación sindical a los aprendices. Esto perpetúa un modelo de trabajo juvenil precario que restringe derechos y limita posibilidades reales de inserción laboral digna.
Adicionalmente, la contrarreforma introduce la posibilidad de cotizar a seguridad social por tiempos e ingresos parciales, lo cual normaliza la fragmentación del empleo y precariza aún más a quienes ya enfrentan condiciones laborales inestables o ingresos bajos, legalizando así el trabajo por horas. A esto se suma una exclusión que profundiza las desigualdades: los trabajadores y trabajadoras de micro y pequeñas empresas quedaron por fuera del ajuste en el horario nocturno, generando un trato desigual frente al resto del mercado laboral. También se suprimió el aumento de dos semanas en la licencia de paternidad, lo que constituye un retroceso en los avances hacia la corresponsabilidad en el cuidado y la igualdad de género en el trabajo.
Pero -quizá- el cambio más regresivo es la autorización para concentrar la jornada máxima semanal en solo cuatro días, sin establecer un límite de horas por jornada. Esta medida, lejos de ampliar libertades, expone a los trabajadores a turnos extenuantes que no requieren pago de horas extras, legalizando una forma de sobreexplotación ya extendida en varios sectores. En lugar de avanzar hacia la protección y ampliación de derechos laborales, esta contrarreforma debilita el marco de garantías existentes y abre la puerta a nuevas formas de precarización laboral.
Rentabilidad por encima de derechos
El debate legislativo en torno a la reforma laboral ha puesto en evidencia una lógica preocupante: los derechos, en lugar de ser asumidos como garantías fundamentales, son tratados como gastos. Particularmente, los derechos laborales son vistos como una carga económica, ya que implican una apuesta por la redistribución de la riqueza en un sistema que parece asignar un costo a cada derecho, en este contexto, reconocer derechos equivale a asumir un gasto, como si la dignidad del trabajo y la justicia social fueran negociables según su impacto fiscal.
Si hacemos un análisis de los recortes que ha sufrido el articulado de reforma laboral, notamos que, si tiene que ver con plata, se elimina, siendo este postulado un reconocimiento de facto de que las mayorías en Cámara y Senado no quieren que jóvenes, mujeres, campesinos, vigilantes, trabajadores informales y de la economía popular mejoren su calidad de vida.
El mensaje hacia el país es que, para los precarizados, no habrá derechos.
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Giancarlos Delgado y Mayra Restrepo
Mayra es comunicadora social/Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en comunicación organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con 9 años de experiencia dirigiendo estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Giancarlos es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Hábitat de la misma universidad. Con experiencia en docencia universitaria e investigación en temas asociados a vulneración de derechos laborales de trabajadores agroindustriales, y discriminación (social, económica, política) de población LGBTI.
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