El hundimiento de la reforma laboral: un golpe a los derechos de trabajadores y trabajadoras
Ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República firmaron para archivar la reforma laboral, frenando avances en los derechos laborales para millones de trabajadoras y trabajadores. Mientras el Congreso cierra el debate, las centrales sindicales convocan a defender la reforma en las calles.
Por: Mayra Restrepo Sabaleta
La propuesta de Reforma Laboral en Colombia ha recibido un golpe contundente. Ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado han radicado una ponencia de archivo que deja prácticamente hundida la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Con una mayoría dentro de la Comisión (8 de 14 votos), la iniciativa pierde terreno y se enfrenta a una inminente derrota legislativa.
Los senadores Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Esperanza Andrade, Alirio Barrera, Honorio Henríquez, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo fueron los firmantes de esta ponencia de archivo, respaldando el argumento de que la reforma es «inconveniente» y no atiende las necesidades del empleo formal ni combate la creciente informalidad. En contraste, los senadores Norma Hurtado y Fabián Díaz presentaron una ponencia alternativa que, sin embargo, quedará relegada, dado que la primera en votarse será la del archivo. Si esta prospera, la discusión sobre la reforma laboral se dará por terminada.
El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar, advirtiendo que la decisión podría marcar un punto de quiebre en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Señaló que la Comisión Séptima ha buscado hundir la reforma laboral «con engaños«, a pesar de que esta solo proponía mejoras en pagos por horas extras y trabajo en festivos, el reconocimiento de licencias menstruales y la garantía de contratos a término indefinido para funciones misionales. Además, acusó a la mayoría de los miembros de esta comisión de engañar «al Gobierno, a la Cámara de Representantes y al pueblo trabajador de Colombia«.
En respuesta a este revés legislativo, Petro abre la posibilidad de recurrir a una consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana contemplado en el artículo 103 de la Constitución, que permitiría que los colombianos se pronuncien directamente sobre el tema en las urnas, con resultados de obligatorio cumplimiento.
Convocamos una consulta para decidir más dignidad en el mundo laboral, del campesino, del microempresario y del rebusque informal. pic.twitter.com/wIlIRGTc0E
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2025
El trasfondo de una reforma que incomoda a la oposición
Desde su presentación inicial, la reforma laboral ha sufrido modificaciones que han diluido parte de su contenido. La propuesta original, impulsada por la entonces Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, incluía el reconocimiento del derecho a huelga, la regulación del trabajo en plataformas digitales y la formalización de trabajadores del sector rural. Sin embargo, en el devenir de los debates, la reforma quedó reducida a aspectos como el aumento de recargos nocturnos y dominicales, el fortalecimiento de la licencia de paternidad, derechos laborales para los aprendices del SENA y mejoras en la estabilidad laboral. Aun así, estas medidas no fueron suficientes para convencer a la mayoría de los senadores de la Comisión Séptima.
La argumentación del bloque mayoritario en la comisión ha girado en torno a la supuesta inconveniencia de la reforma para la economía del país, esgrimiendo que no soluciona el problema estructural de la informalidad. No obstante, esta misma informalidad sigue siendo la condición de más de 13 millones de trabajadores y trabajadoras en Colombia, quienes carecen de acceso a seguridad social, pensión y otros derechos básicos. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre móvil octubre-diciembre de 2024, la tasa de informalidad en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas fue del 57,1%. Esto significa que más de la mitad de la fuerza laboral urbana trabaja en condiciones precarias y sin acceso a derechos laborales.
Además, el DANE también reportó que la tasa de desempleo en Colombia para diciembre de 2024 fue del 9,6%, lo que evidencia una ligera recuperación del empleo formal. En contraste, el subempleo subjetivo alcanzó el 31,4%, lo que indica que una parte significativa de la población laboralmente activa busca mejores condiciones de trabajo sin encontrarlas. Estos datos dan cuenta de la urgencia de una reforma que garantice estabilidad y protección laboral.
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Un escenario de disputa social
Ante el hundimiento de la reforma en el Congreso, la lucha por los derechos laborales se traslada a las calles. Las principales centrales sindicales del país han convocado una gran jornada de movilización para el 18 de marzo en las principales ciudades del país.
La decisión de la Comisión Séptima representa un revés no solo para la administración Petro, sino para millones de trabajadoras y trabajadores. En respuesta, el Comando Nacional Unitario y las organizaciones de la Asamblea Nacional por el Cambio han convocado una movilización en defensa de la reforma laboral, exigiendo que el Congreso «legisle a favor del pueblo y no de los sectores privilegiados que han sostenido la desigualdad y la precarización laboral por más de 30 años», según la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
Entre las razones principales de la protesta se encuentra la necesidad de recuperar derechos eliminados en las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, reafirmar el papel de la movilización social como un factor clave en los cambios políticos del país y enviar un mensaje claro sobre la importancia de legislar en favor del trabajo digno y decente. Con un Congreso que ha dado la espalda a estas demandas, la ciudadanía y el movimiento sindical enfrentan el desafío de mantener viva la discusión y presionar por medidas que garanticen mejoras reales en las condiciones laborales.
Mayra Alejandra Restrepo
Comunicadora social/Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en comunicación organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con 9 años de experiencia dirigiendo estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas, 3 años coordinando proyectos de Cooperación Internacional y con experiencia como educadora en procesos no formales para trabajadores y trabajadoras.
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