Mujeres y Economías Populares en Colombia

Cuarto capítulo del informe, “El trabajo tiene rostro de mujer: análisis y debates pendientes sobre las condiciones laborales con perspectiva de género en Colombia”. Este aborda la relación entre mujeres y economías populares. Al final de la nota puedes leer y descargar el informe.

Por Cristina Amariles, Educadora popular y feminista. 

Las prácticas económicas de los sectores populares son diversas y heterogéneas, lo que hace complejo el abordaje teórico. Una de las mayores diferencias en la forma de acercarse a estas prácticas es la relación con las dinámicas neoliberales y su afectación. Verónica Gago (2023) hace una crítica a la visión de las economías populares, como una economía informal, centrada en la forma, es decir, inscribirla dentro de los sistemas de control que no reconocen sus dinámicas y lugar dentro de la sostenibilidad de la sociedad: Las economías populares nombran el conjunto de prácticas, circuitos e instituciones cambiantes, a través de las cuales los sectores subalternos hacen consistir formas variadas de reproducción, de trabajo, de comercio y también de disputa por la riqueza colectiva. (Gago:2023). 

Gago (2014, 2023) centra su estudio en la comprensión de las prácticas económicas de los sectores populares desde un análisis del neoliberalismo, el cual describe como un conjunto de saberes, tecnologías y prácticas que despliegan una racionalidad de nuevo tipo que no pueden pensarse sólo desde los sectores dominantes. Por lo tanto, hace una diferenciación entre el neoliberalismo desde arriba y desde abajo. 

Cuando Gago se refiere al neoliberalismo desde arriba, habla de una modificación en el régimen de acumulación global como una fase del capitalismo, y no sólo un matiz. Con relación al neoliberalismo desde abajo, lo plantea como la proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva (Gago, 2014). Ante lo nefasto de los efectos del neoliberalismo, queda la calle como espacio público y doméstico, para la sobrevivencia en donde emergen otras lógicas vitales. 

La autora advierte que el neoliberalismo sobrevive desde arriba con la renovación de formas extractivistas y el poder financiero; y desde abajo, con una dinámica de mixtura entre formas serviles y conflictivas. Esta mirada desde abajo da cuenta de un conjunto de condiciones (prácticas y saberes) que se concretan más allá de la legitimidad del neoliberalismo, al ser una mixtura de saberes comunitarios y autogestivos, a las cuales se refiere como economía barroca: el carácter heterogéneo, contingente y ambiguo en que la obediencia y la autonomía se disputan, palmo a palmo, la interpretación y la apropiación de las condiciones neoliberales (Gago, 2014). 

Dicha economía barroca, contiene elementos microempresariales, capacidad de negociación, disputa de recursos estatales, formatos contractuales no tradicionales, entre otros. Son prácticas económicas diversas, en donde confluyen actividades individuales como el reciclaje, el transporte (mototaxi), el trabajo doméstico remunerado, la venta de productos por catálogos; y al tiempo, procesos asociativos como asociaciones de mujeres, acueductos comunitarios, comercializadoras, famiempresas, entre otros. 

La producción de la vida por encima de su reproducción y la heterogeneidad de las prácticas sociales populares son dos puntos de partida. Estas perspectivas pretenden desembarazarse de consideraciones normativas, focalizándose en los objetos que circulan o sirven de pago, en los universos simbólicos de referencia, en las politicidades específicas, en las prácticas económicas y sus sentidos. (Roig:2017). 

Las personas pueden fluctuar entre actividades económicas diversas, lo que comúnmente se ha llamado el “rebusque”, es decir, estar buscando todo el tiempo algo, en este caso, una fuente de ingreso para sobrevivir (Porras:2017). Son actividades de autoempleo para la sobrevivencia, presentándose como una nueva clase trabajadora no asalariada.

Las prácticas económicas de los sectores populares son un tema de investigación de los últimos años, se da a partir de la década de los años 80 con la implementación del neoliberalismo en América Latina (desde el achicamiento del estado, la flexibilización laboral y la apertura del libre mercado), y directamente en Colombia en el año 1991 con la política de apertura económica, que se entrecruza con uno de los períodos más violentos en el país, relacionado con el narcotráfico y el enfrentamiento entre grupos armados. El informe de hallazgos y recomendaciones, de la Comisión de la Verdad (2022), señala, que mientras se trataban de abrir espacios de democracia, como la Constitución del 1991, diferentes actores armados alentaron una dinámica de violencia que basó su imperio en el despojo a la población civil y en territorios convertidos en objetivos de disputa armada que llevaron a una reconfiguración del poder local. (Comisión de la Verdad: 2022).

Aunque las prácticas económicas de los sectores populares se reconocen desde años anteriores, estas empiezan a ser más visibles con el nuevo modelo de acumulación del capital, que trajo consigo un desempleo estructural, precariedad en el trabajo, aumento de la desigualdad, entre otros, además, del contexto de violencia y despojo, ya descrito. Las consecuencias del neoliberalismo se evidencian especialmente en los sectores más vulnerables, ya que al no lograr insertarse en el mercado laboral o tener unas condiciones laborales muy precarias, buscan opciones para resolver su sobrevivencia.  Allí se van proliferando una serie de prácticas que les han permitido, en algunos momentos, la satisfacción básica de sus necesidades, e incluso la sostenibilidad de muchos vacíos de la economía de mercado con relación al cuidado, asumir los riesgos convirtiendo sus casas en talleres para las grandes empresas, la venta de alimentos, entre otras. 

Es importante anotar que, la pandemia del Covid-19 agudizó la precariedad en el mercado laboral y en las prácticas económicas populares; en general, hubo una desaceleración del crecimiento económico y del empleo en la mayoría de los países, que aún no han logrado recuperarse, teniendo en cuenta los enormes déficits de trabajo decente que ya existían antes de la pandemia y que se exacerbaron con la crisis sanitaria (OIT:2023). 

Poner la reflexión, en la relación entre las economías populares y las mujeres, se hace necesario, ya que, como se verá, son ellas quiénes ocupan de manera mayoritaria estas economías, debido a las sobre cargas de trabajo de cuidado, y, las afectaciones de ellas en el conflicto armado y la violencia en Colombia. Como lo evidencia el informe de la Comisión de la Verdad (2022a), las mujeres fueron las que, mayoritariamente, se desplazaron con sus familias a las grandes ciudades, buscando la sobrevivencia: en condición de huérfanas o viudas; llegaron a ciudades extrañas a empezar de nuevo, sin noticias de sus familiares, sin nada, solo con su fuerza y la convicción de levantarse y honrar la vida. (Comisión de la Verdad:2022a). 

Un acercamiento a las cifras 

Aunque, se plantea una mirada de las economías populares, desde una concepción compleja, barroca, de mixtura, la única forma que hay en este momento de acercamiento a las cifras, es revisar la informalidad, planteada desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, siendo esta una primera reflexión. Se ha avanzado en algunas investigaciones sobre economía popular, sin embargo, no hay modos de medición acordes a estos estudios. A continuación, se presentan algunas cifras de la informalidad en el mundo, en América Latina y en Colombia, específicamente la participación de las mujeres en este sector. 

A mediados del siglo XX se presenta una ola migratoria importante de los sectores rurales a las grandes ciudades, en busca de oportunidades laborales y entrecruzadas con el desplazamiento forzado por el conflicto armado (Suescún:2017). Este momento histórico es reconocido en Colombia como La Violencia entre los años 1946 y 1958: 

La Violencia tuvo dos olas: de 1946 a 1953, durante el gobierno y la dictadura conservadora, y de 1953 a 1957, durante la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. En ambas hubo episodios de crueldad como masacres, descuartizamientos, quema de pueblos, que dejaron sed de venganza, agravios y humillaciones difíciles de olvidar (Comisión de la Verdad: 2022b). 

A continuación, una gráfica que evidencia cómo la concentración poblacional en los sectores urbanos empieza su cambio más notorio en los años 50 y se va acrecentando con el pasar de los años: las economías populares surgen frente a la profundización de regímenes laborales predominantemente flexibles y desprotegidos al interior de ese esquema global históricamente determinado (Gago y Otros: 2018).

En: Salguero: 2017

Suescún (2017) señala cómo las personas de las clases populares urbanas vienen con un legado de injusticias desde el desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes de los territorios rurales. Llegar a la ciudad no fue una decisión libre, para las mayorías: 

Se calcula que, en el contexto del conflicto armado, 8 millones de hectáreas han sido despojadas de forma violenta. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 32.812 personas han declarado haber sido despojadas de sus tierras y 132.743 han declarado pérdida de bienes muebles o inmuebles asociada al conflicto armado. En el mismo sentido, la Unidad de Restitución de Tierras reporta que, a corte del 31 de mayo de 2022, se habían radicado 17.543 demandas de restitución de tierras individuales ante instancias judiciales, para un total de 30.331 solicitudes por parte de las víctimas en todo el país. (Comisión de la Verdad: 2022). 

Una vez que las personas llegan a las grandes ciudades, la sobrevivencia no es sencilla, muchas de estas personas viven en condiciones poco dignas.  Los altos costos, los cambios en sus dinámicas de vida y la sobrevivencia, hacen que la alternativa sea vender en los espacios públicos, razón por la cual también son perseguidos como “ilegales” por las autoridades, revictimizándolas, nuevamente: como grupos sociales comparten la desposesión de distintos activos materiales, culturales y sociales, no solo por efecto del conflicto armado, sino por una espiral de acumulación sustentada en su forma primitiva, donde el recurso de la violencia ha sido transversal (Suescún :2017).

Según la OIT (2023) en la actualidad 2.000 millones de trabajadores tienen un empleo informal, una situación que afecta al 61,2% de la población empleada en el mundo. El déficit mundial de empleo ascendió a 473 millones de personas en 2022, lo que corresponde a una tasa de incidencia de déficit de empleo del 12,3%, con una brecha de género importante donde las mujeres tienen un déficit de 15,0% y los hombres un 10,5%. El 6,4% de las personas empleadas, viven en pobreza extrema. La tasa mundial de actividad de las mujeres se situó en el 47,4% en 2022, frente al 72,3% en el caso de los hombres. La diferencia de 24,9 puntos porcentuales significa que por cada hombre económicamente inactivo hay dos mujeres en esa misma situación.

La OIT presenta cifras a nivel mundial del empleo informal, las cuales se ven afectadas por las condiciones geopolíticas de guerra entre Ucrania y Rusia, las consecuencias económicas de la pandemia, la débil recuperación postpandemia y las altas tasas de inflación. En sus análisis, la OIT habla de las dificultades de los estados para apoyar la recuperación económica, lo que obliga a suprimir medidas que habían sido implementadas en la Pandemia del Covid-19 y aunque reconocen el alto sobreendeudamiento de los países (aumentó de 49% al 56%), finalmente su recomendación es que puedan acceder a más financiamiento.  

En América Latina y el Caribe, en el año 2022 la tasa de ocupación llegó al 58,4% y la tasa de desocupación fue del 6.9%. La Tasa de informalidad laboral en la región en el 2022 fue de casi el 50% (OIT:2022). 

Fuente: OIT (2023) 

La OIT centra su informe en la privación de condiciones laborales decentes (trabajo decente), por ello, su análisis busca generar estadísticas fiables y relevantes que permitan reconocer el fenómeno y analizarlo, para pasar de la informalidad a una economía formal. Este análisis estadístico genera unas recomendaciones generales a los Estados para avanzar en los indicadores de formalidad en el trabajo. La intención es que las prácticas económicas de los sectores populares se puedan convertir en empresas sostenibles, que posibiliten una competencia leal en los mercados nacionales e internacionales. Esto se relaciona con los Indicadores Mundiales que hacen seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los cuales se incluye un indicador estadístico sobre empleo informal. 

En Colombia

Como se evidencia, tanto en las cifras de informalidad a nivel mundial (24,9% puntos), como en América Latina (22,8% puntos), la brecha de género es clara. Por ello, en este último apartado se realizará una mirada específica en la situación de las mujeres y su relación con las economías populares, ya que, al entrecruzar el aporte de las mujeres al sistema económico, desde el trabajo del cuidado no remunerado y las economías populares, se pueden afirmar que, quienes sostienen las sociedades, finalmente, son las mujeres. Para ello, se presenta un análisis de cifras, que permitan dar evidencia a esta afirmación. 

En cuanto al mercado laboral, las mujeres han tenido una participación menor, entre los años 2013 y 2023, en promedio, el 53,3% de las mujeres están insertas en el mercado laboral, y los hombres un promedio de 77,8%, con una brecha de género de 24,4 puntos. Es importante resaltar como en el año 2020, año del confinamiento preventivo por el Covid-19, la tasa de empleo de las mujeres se vio afectado de manera evidente, pasando de una participación en el mercado laboral en el año 2019 del 53,2% al 48,2% en el año 2020, evidenciando una lenta recuperación, en donde en el año 2021 las mujeres tuvieron una participación del 48,8% y en el 2023 se encuentra en el 52,4%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE. 2023.

En los hogares son específicamente las mujeres quienes tienen mayores cargas de trabajo de cuidado no remunerado, lo que implica que ellas no logren insertarse en el mercado laboral, de manera equitativa con los hombres, y es esta, una de las razones por las cuales la brecha de género en temas laborales es tan profunda. El cuidado es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo físico y psíquico, además, hace parte de los procesos de producción y reproducción de una sociedad, en la medida que tiene como objetivo generar bienestar a las personas y garantizar su sobrevivencia durante el curso de vida, lo cual permite que se puedan producir bienes y servicios que son intercambiados en el mercado. 

La actividad de reproducción social no asalariada es necesaria para la existencia del trabajo asalariado, para la acumulación de plusvalor y para el funcionamiento del capitalismo como tal. Ninguna de estas cosas podría existir en ausencia del trabajo doméstico, la crianza de niños, la enseñanza, los cuidados afectivos y toda una serie de actividades que sirven para producir nuevas generaciones de trabajadores y reponer las existentes, así como para mantener los vínculos sociales y las mentalidades compartidas. La reproducción social es una condición de fondo indispensable para la posibilidad de la producción económica en una sociedad capitalista” (Fraser: 2016). 

La menor participación de las mujeres en el mercado laboral, en los años 2020 y 2021, muestra que fueron ellas quienes perdieron sus empleos, y quienes se encargaron de manera masiva del cuidado en tiempos de confinamiento. El cierre de escuelas, guarderías, y el teletrabajo por la pandemia, evidenció la cantidad de tiempo dedicado a cocinar, asear, cuidar de niños, niñas y personas adultas mayores, que generalmente invierten las mujeres como exigencia social en detrimento o a expensas de su libertad y autonomía. La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) dio a conocer un aumento significativo del tiempo promedio, destinado por parte de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado durante la crisis. Ellas incrementaron el tiempo de trabajo no remunerado diario de 6 horas y 52 minutos diarios  en 2017, a 7 horas y 44 minutos en 2021. 

La ENUT se ha realizado en tres ocasiones: ENUT 2012 – 2013, ENUT 2016 – 2017 y 2020-2021, siendo una constante en las medicaciones, la brecha de género en el uso del tiempo dedicado al trabajo no remunerado, donde la participación de las mujeres en el mercado laboral ha disminuido y ha aumentado el trabajo no remunerado entre los años 2016 y 2020. 

El cuidado ha sido invisibilizado como la gran riqueza del sistema económico (Durán: 2018), aludiendo a los cuidados que mayoritariamente proveen las mujeres, sin reconocimiento, ni remuneración, y que son fundamentales para el sostenimiento de las sociedades. Los cuidados son trabajo y generan riqueza, ya que implican la materialización de ciertas condiciones que son llevadas a cabo por medio de la planeación de actividades y la realización de tareas que requieren de alguien que las realice en un tiempo y espacio específico. El trabajo de cuidados hace parte del circuito de demanda y compra de bienes y servicios mercantiles y por esta razón dinamiza la economía y genera valor. Además, los productos y servicios de las economías populares tienen muchas horas de trabajo incorporadas que no son reconocidas, por ejemplo, las implicaciones de hacer alimentos para vender en la calle, la recolección de reciclaje, la venta de dulces, entre otros (Giraldo, 2017), sumándole el cuidado el cuidado de niños, niñas, personas adultas mayores y personas en condición de discapacidad. 

Las sociedades capitalistas dependen de los trabajos de cuidado, y hoy tienen un carácter más relevante debido al progresivo reemplazo del trabajo formal, por un trabajo cada vez más precarizado, lo que se agudiza en los sectores más empobrecidos, el cual es llevado a cabo generalmente por mujeres racializadas y/o migrantes; sumándose a esto las medidas neoliberales que desmantelan los apoyos del Estado, donde los ingresos fiscales que se dedicaban a gastos públicos como salud, educación, vivienda, transporte, hoy son destinados al pago de la deuda o a la guerra (Fraser y Otras: 2019). En este contexto las mujeres de manera masiva han ingresado al mundo laboral, generalmente desde prácticas económicas populares (que les permita generar ingresos y a su vez cuidar), sin que ello signifique una redistribución de las labores de cuidado, dejándoles cada vez más cargas, sumado a la feminización de la pobreza, ahora la pobreza también es de tiempo, y se asume desde trabajos en la economía popular. 

A continuación, puede leer y descargar el informe: