Análisis de datos macrolaborales con perspectiva de género (mujeres) en la última década en Colombia
Por Giancarlos Delgado y Erika J. López.
Este análisis corresponde al primer capítulo del informe “El trabajo tiene rostro de mujer: análisis y debates pendientes sobre las condiciones laborales con perspectiva de género en Colombia”. El documento fue presentado por la Corporación Voces por el Trabajo y al final de esta publicación pueden leerlo y descargarlo completo.
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Son muchos los abordajes posibles a la hora de hablar de género y trabajo. En específico, de la experiencia diferenciada de las mujeres y hombres en ese amplísimo ámbito de las relaciones laborales en un contexto de precarización del empleo que, si bien ha tenido ligeros cambios en el último año, carga con el peso de la década de análisis que aquí presentamos. Es de especial interés para nosotras presentar una reflexión sobre los datos macrolaborales con énfasis en brechas de género entre hombres y mujeres, en la década que comprende los años 2012 – 2022, dentro de los cuáles resaltamos 3 temas de abordaje principal:
- El comportamiento de la tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo como indicadores fundamentales del mercado laboral para comprender la inserción y mantenimiento de las mujeres en lo que concierne a puestos de trabajo.
- La relación presencia / ausencia de las mujeres por rama de actividad económica para aproximar algunas conclusiones de los trabajos mayoritariamente feminizados y masculinizados y la aplicación de roles de género en los mismos, resaltando problemáticas como la afiliación a régimen de seguridad social en el trabajo (salud, pensión y riesgos laborales), además de las brechas salariales existentes.
- Por último, presentamos un análisis de las actividades con una alta cifra de mujeres presentes en Colombia y las dificultades que en las mismas se pueden observar a la luz de un análisis de la feminización de la precariedad laboral.
En lo concerniente a las fuentes, tomamos fundamentalmente los datos arrojados por la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, ENUT, ambas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. A su vez, complementamos con trabajos académicos que permiten un diálogo con las premisas y conclusiones aquí presentadas.
Vea el lanzamiento del informe aquí:
1. Comportamiento de la tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo.
A la hora de analizar las disparidades e inequidades en lo concerniente a las relaciones de género en el trabajo, hay dos temas fundamentales: primero, el acceso al empleo y, segundo, la creación de nuevos puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que un mercado laboral que disminuya las posibilidades de empleabilidad, a su vez, no creará nuevas oportunidades para esa fuerza laboral que se encuentra a la espera de insertarse a un puesto de trabajo. En este punto es importante señalar que insertar a las personas en plazas existentes no es lo mismo que crear nuevas plazas.
Un indicador que nos permite acercarnos a la comprensión general del asunto, es la tasa global de participación. Este da cuenta de la proporción de la población en edad de trabajar de un país que participa activamente en el mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando empleo y refleja la magnitud de la oferta de mano de obra disponible en un momento dado para participar en la producción de bienes y servicios, con respecto a la población en edad laboral. Básicamente, la tasa global de participación sirve para explicar la presión de personas y poblaciones para lograr acceder a un puesto de trabajo.
Si tomamos la tasa global de participación a nivel nacional, esta presentó una tendencia a la baja entre 2012 y 2019, periodo en el que cayó 3,8 puntos porcentuales, al pasar de una tasa de participación del 68,6% a 64,8% respectivamente. Esta situación se agudizó con en el 2020, cuando solo en este año la tasa de participación bajó 4,3 puntos porcentuales, ubicándose en 60,4%; este indicador ha ido recuperándose tímidamente entre 2021 y 2022, aunque aún sin alcanzar la cifra que se registró en 2012.
Como se observa en la siguiente gráfica, si bien la tasa de participación a nivel nacional en la última década ha presentado esta tendencia a la baja, la tasa de participación de las mujeres se mantiene muy por debajo del promedio nacional, evidenciando que en tiempos de crisis es cuando más se ha ampliado la brecha de género en materia de participación.
Para el 2022, 32.250.000 personas, aproximadamente, constituyeron la población en edad de trabajar a nivel nacional; las mujeres representan un 52% y los hombres, un 48% de esta población. Cabe precisar que el DANE, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, marco del 2018, adelantó un proceso de actualización en la forma de medir el mercado laboral e incorporó una definición de la población en edad de trabajar que toma como referencia a las personas mayores de 15 años, en contraste con la versión anterior de la GEIH, marco 2005, que incluía a las personas de 10 años o más en las zonas rurales y de 12 años o más en las zonas urbanas.
Un asunto que llama poderosamente la atención es que si bien la población en edad de trabajar en Colombia es paritaria (presentando en la última década una diferencia promedio de 3 a 4 puntos porcentuales), existe una brecha que es de un 24%, en promedio, en lo que concierne a la presión de las mujeres como mercado laboral para insertarse en el empleo. Es decir, si la tasa global de participación es el reflejo de la fuerza laboral que presiona por lograr puestos de trabajo, los hombres aumentan en posibilidades de inserción al empleo, mientras que las mujeres dejan de participar de las mismas posibilidades.
Un hallazgo básico del análisis de la tasa global de participación, a la luz de una perspectiva de género, es que las mujeres ni siquiera están ganando participación en el mercado laboral durante la última década. En otras palabras, las mujeres no están entrando a jugar en la búsqueda de empleo en Colombia (a pesar de que constituyen la misma o más población en edad de trabajar, como se refleja en la gráfica 2).
Llegados a este punto, es importante preguntarse: ¿cuáles son los obstáculos para que las mujeres logren participar en el mercado laboral de manera activa en la misma proporción que los hombres? Si bien este cuestionamiento excede el alcance del análisis aquí presentado, damos algunas pistas a la luz de la información estadística que tenemos a mano de las fuentes estatales a nivel país.
Por un lado, es importante señalar que la pandemia desatada por el Covid-19 impactó de manera desproporcionada la vida y trabajo de las mujeres, así lo deja ver la última versión de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, ENUT, donde se evidencia un aumento estadísticamente significativo del tiempo diario promedio destinado por parte de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado durante esta crisis. Ellas incrementaron el tiempo de trabajo no remunerado diario de 6 horas y 52 minutos en 2017 a 7 horas y 44 minutos diarios en 2021, este incremento de 52 minutos diarios promedio indica que la pandemia trajo con sigo más demanda de trabajos domésticos y de cuidado que fueron asumimos, en su mayoría, por las mujeres. Por su parte, el tiempo destinado por los hombres a estas misma actividades presentó una reducción mínima para el mismo periodo, pasando de 3 horas y 19 minutos en 2017 a 3 horas 06 minutos en 2021.
Este incremento en el tiempo destinado por las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, no sólo implica una jornada laboral global mayor para la mujeres, sino, además, una limitante de tiempo para la búsqueda y acceso al empleo que impacta también la autonomía económica de ellas. Podríamos así, lanzar una afirmación que resulta una obviedad cotidiana, pero de la que poco se ha escrito – por lo menos en Colombia -, y es que las mujeres en edad de trabajar no están siendo leídas como población económicamente activa por su dedicación a actividades asociadas al cuidado y mantenimiento de la vida. En un contexto de pandemia global y las enfermedades derivadas de la misma, las personas “llamadas” a llenar las necesidades asociadas al cuidado son las mujeres.
No obstante, este fenómeno no puede explicarse a partir de un solo indicador, pues lo entendemos multifactorial, y en el mismo confluyen asuntos asociados al uso del tiempo, la dedicación en actividades del cuidado, exclusión de las mujeres en mercados laborales y/o ramas de producción específicas, entre otras. Lo grave es que existe una clara brecha en “dejar jugar” a las mujeres en el acceso al empleo.
Pasando del análisis de la tasa global de participación a la tasa de ocupación, que refleja la proporción de la población en edad de trabajar que efectivamente logra emplearse, tomando el año inmediatamente anterior, notamos que la población ocupada en Colombia ascendía a 22.032.000 personas, de las cuales el 59% son hombres y el 41% son mujeres. Como se puede observar en el siguiente gráfico, esta brecha de género no es una novedad, la tasa de ocupación masculina ha estado, aproximadamente, 25 puntos porcentuales por encima de la femenina en los últimos 10 años, aumentando alrededor de 2 p.p solo entre el 2020 y 2021, lo que indica que las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-19 generaron un retroceso mayor en el número de empleos femeninos.
Aunque ya de por sí la brecha de género en materia de acceso al empleo es preocupante, y el comportamiento de la tasa de ocupación da cuenta de la problemática que explicamos a partir del comportamiento de la tasa global de participación, es importante echar un vistazo a otros factores agravantes de la disparidad en la participación en el mercado laboral y posterior acceso al empleo. Uno de estos factores es la informalidad, pues del total de la población ocupada sólo el 42% lo está de manera formal, el otro 58% de las personas ocupadas – es decir 12.773.000 trabajadoras y trabajadores -, lo hacen bajo condiciones de informalidad donde se desconocen derechos como la afiliación al sistema de seguridad social (pensión, salud, riesgos laborales), el pago prima de servicios, vacaciones, entre otras.
Frente a esto, es importante señalar que si bien existe una proporción mayor de mujeres con contratos formales de trabajo, que más de 4.000.000 de mujeres se encuentren en la informalidad da cuenta de un mercado laboral precario.
Pasando a la tasa de desempleo a nivel nacional, en el periodo que comprende entre 2012 y 2018, osciló entre el 9,2% y el 10%; para el año 2019 este mismo indicador sube al 10,9% y en 2020 el país fue testigo de los niveles históricos a los que llegó el desempleo en Colombia al registrarse una tasa de desempleo nacional de 16,7%, indicador que, aunque ya era problemático antes de la contingencia causada por el Covid-19, no ha logrado bajar a los niveles que registraban antes de esa crisis de manera significativa.
Notamos que la tasa de desempleo femenina se ha ubicado por encima de los dos dígitos en los últimos diez años; y aunque el nivel de desempleo femenino ha presentado una tendencia a la baja luego del 2020, lo cierto es que para 2022 la tasa de desempleo femenina fue similar a la registrada en 2012, 14,3% y 14% respectivamente. Presentamos entonces, un estancamiento de la tasa de desempleo femenina en la última década con un agravante derivado del Covid-19, aspecto que además se relaciona directamente con el comportamiento de la tasa global de participación y la tasa de ocupación anteriormente descritas.
El comportamiento de la tasa de desempleo nos da un panorama que, aunque es esperado, no debemos convertirlo en paisaje, pues más de la mitad de la población en edad de trabajar no está insertándose bajo las mismas oportunidades que el resto; además de ello, concentra una tasa de desempleo que en la última década no ha mostrado mayores cambios porcentuales a excepción de los años de efecto y recuperación de la pandemia del Covid-19. Para las mujeres no se están creando puestos de trabajo desde hace 10 años, no están creciendo las oportunidades de inserción al empleo de manera significativa o con efecto directo en las mismas vistas como población, tanto así que para 2012 la tasa de desempleo fue del 14% y el 2022 la cerramos con un 14,3%.
Un conclusión que salta a la vista del comportamiento de las tasas descritas es lo que se denomina “caída en escalera en el mercado laboral colombiano” (Tribín, García, Morales, Ramírez & Idárraga, 2020), que comprende una concentración poblacional de precarizaciones laborales continuadas en la experiencia de vida de las mujeres. La experiencia del Covid-19 nos permite acercarnos a este fenómeno al ver que las mujeres, que venían concentrando un estancamiento en la ocupación, pasaron a integrar un aumento en la informalidad y la inactividad, como una suerte de caída en la escala más baja de condiciones de precarización. Ahora bien, la economía ha mostrado una recuperación paulatina en lo que respecta a los efectos del Covid-19, y estamos nuevamente en una tasa de desempleo casi idéntica a la de hace 10 años, lo anterior nos permite concluir que un efecto de la “caída en escalera” es que subir los escalones de la empleabilidad de las mujeres es cada vez más difícil; ¿estaremos en la etapa de la caída en la que volvimos al estancamiento de la tasa de desempleo femenina? Esta es una pregunta que dejamos manifiesta como preocupación, reto de análisis y de acción pública y política para problematizar el necesario aumento de la presencia de las mujeres en el mercado laboral formal en Colombia.
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2. Población ocupada, ¿dónde están y dónde no están las mujeres?
Uno de los análisis de mayor importancia a la hora de estudiar las brechas de género en el trabajo es la relación presencia / ausencia en lo que concierne a las mujeres en el desarrollo de relaciones laborales, de ahí que sea importante ver dónde hay mayor proporción de mujeres, pero también en qué espacios están ausentes, para así aproximar algunas preguntas y observaciones respecto a un mercado laboral mayoritariamente feminizado y/o masculinizado (en donde también es pertinente analizar la proporción contraria) (Torns, 2013).
Echando un vistazo a la población ocupada según rama de actividad por sexo, encontramos que en el 2022, el 64,2% de las personas ocupadas a nivel nacional se concentraron en seis actividades económicas: comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas -18%-, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -14,6%-, industria manufacturera -10,6%-, transporte y almacenamiento -7,2%-, construcción -7%- y alojamiento y servicios de comida -6,7%-.
El 64,4% del total de mujeres ocupadas del país se ubicaron en seis actividades económicas: comercio al por mayor, al por menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas que reúne un 20,4% de las ocupadas, alojamiento y servicios de comida -10,9%-, industrias manufactureras -10,9%- actividades de atención de la salud humana y de asistencia social -8,1%- actividades de servicios administrativos y de apoyo -7,3%- y actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores -6,9%-. Muy de cerca les siguen la educación y la agricultura que representan un 6,4% y un 5,8% del empleo femenino en el país respectivamente.
En cuanto a los hombres, el 69,6% de los ocupados se encontraban en cinco sectores de la economía: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -20,7%- comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas -16,4%-, transporte y almacenamiento -11,1%-, construcción -11%- e industrias manufactureras -10,5%-.
Llama la atención que, aunque el sector de las actividades de comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos son unas de las principales fuentes de empleo en el país tanto para hombres como para mujeres, las diferencias salariales mensuales promedio entre 2015 y 2022 señalan que las mujeres ocupadas en estas actividades ganan en promedio 319.844$ menos que sus compañeros hombres. Para el 2022 este sector empleó a 3.970.354 personas de las cuales el 53,8% fueron hombres y el 46,2% mujeres.
Gráfico 7. Población ocupada en el sector de comercio al por mayor y menor según sexo y total nacional 2015 – 2022.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE. 2023. Nota: Porcentajes calculados sobre el total de la población ocupada por rama a nivel nacional
Los indicadores laborales expuestos permiten esbozar la división sexual que se vive en el mundo del trabajo en Colombia; sin embargo, es importante explorar este fenómeno en lógica del nivel de representación de hombres y mujeres en las ramas de la economía y de las condiciones laborales que en estas se presentan.
Para el 2022, las mujeres representaron el 93,2% de las personas empleadas en actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, el 75,6% de las empleadas en actividades de atención de la salud humana, el 65,9% de las empleadas en actividades de alojamiento y servicios de comida, el 61,2% de las empleadas en actividades de servicios administrativos y de apoyo y el 60,6% de las empleadas en la educación. La mayoría de estas actividades concentran tareas asociadas a la economía del cuidado y mantenimiento de la vida, todas estas con una proporción claramente orientada hacia las mujeres.
Por su parte, en las actividades de la construcción y las actividades de transporte y almacenamiento predomina la contratación masculina con un 92,9% y 90,9% de los ocupados en estos sectores respectivamente, seguidas de las actividades de agricultura y ganadería y las de explotación de minas y canteras, donde los hombres representan el 83,7% y el 83,4% de los ocupados de esos sectores. Otras actividades en las que los hombres representan más de la mitad de las personas empleadas son las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con un 76,7%, las actividades de distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales con un 73,6%, y las actividades de información y comunicaciones con una 66,9%. Siendo la mayoría de estas actividades masculinizadas y no concentran actividades de lo que usualmente se entiende como “cuidado”.
De lo anterior, concluimos que existe un mercado laboral delimitado en los puestos de trabajo (sea esto un asunto cultural, económico, político o un cruzamiento de todos), consideramos problemático que en Colombia hombres y mujeres no se encuentren repartidos de forma paritaria en las ramas de actividad económica, y lo que es peor, que las mujeres hagan mayor presencia en ramas de actividad económica que reflejan menor o nulo pago de salarios.
Llama poderosamente la atención que las mujeres tengan una presencia sumamente alta en actividades propensas a la informalidad como lo son el comercio y la agricultura, contando estas con dificultades de vigilancia por parte de Ministerio del Trabajo en lo que respecta a la garantía de condiciones idóneas de contratación, que implican por supuesto la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, como planteamos en el análisis anterior.
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3. Condiciones laborales en ramas de actividad feminizadas
3.1. Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores.
Sin lugar a dudas, este es uno de los sectores con mayores índices de desprotección laboral y negación de derechos. Para el 2022, las actividades de los hogares en calidad de empleadores representaron el 3% del empleo a nivel nacional y el 6,9% del empleo femenino. Aproximadamente, 666.864 personas se ubicaron en estas actividades en 2022 de las cuales el 93,2% fueron mujeres, no obstante, estas cifras pueden presentar un subregistro importante debido a su forma de medición. Entre el 2015 y 2018, el número de personas empleadas en este sector presentaba una tendencia a la baja, sin embargo, en 2019 se percibe un incremento en la ocupación que se ve frenado en el 2020 por la contingencia del Covid-19, cuando el empleo cae drásticamente y se pierden aproximadamente 262.804 puestos de trabajo en este sector. Y aunque entre el 2021 y 2022 se percibe un incremento en la ocupación, no se ha logrado alcanzar la cifra registrada en 2019.
En los últimos 8 años el sector de las actividades de los hogares en calidad de empleadores no ha logrado registrar un número de puestos de trabajo cercano al registrado en 2015, de 738.571.
Gráfico 8. Población ocupada en el sector de actividades de hogares empleadores según sexo 2015 – 2022.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE. 2023.
Las condiciones laborales bajo las que se ejerce en este sector son lamentables. Para el 2022, tan solo el 33,1% del total de ocupadas se encontraban afiliadas al régimen de salud contributivo y, entre los años 2015 y 2019, este indicador se sostuvo aproximadamente en el 35%. La afiliación al régimen de salud subsidiado es lo más común en este sector, lo que impide que las trabajadoras puedan acceder, por ejemplo, a incapacidades médicas remuneradas. Adicionalmente, la afiliación a una Aseguradora de Riesgos Laborales – ARL tampoco es garantizada en el sector, entre 2015 y 2022 la afiliación a ARL no superó el 18% de las trabajadoras.
Al revisar las cifras de afiliación al sistema de pensiones en el sector, el panorama es mucho más retador. Para el 2022, el 80,6% de las trabajadoras del sector no se encontraban afiliadas al sistema de pensiones, indicador que no ha tenido variaciones significativas en el periodo de estudio.
El acceso a prima de servicios y vacaciones remuneradas parece ser un privilegio ya que en el 2022 tan solo el 20% de las trabajadoras pudieron acceder a estos derechos laborales. Entre el 2017 y 2019 se percibía un incremento paulatino de este indicador, no obstante, luego de su caída en 2020 este crecimiento se ha ralentizado.
A pesar de ello, una de las mayores paradojas de este sector es que, si bien las actividades en hogares emplean en su mayoría a mujeres, la brecha salarial es alarmante; en el 2022, una trabajadora del sector recibía en promedio 760.259$ mensuales mientras que sus compañeros hombres recibían en promedio 1.037.581$ mensuales; lo que nos indica que las mujeres recibieron aproximadamente 277.323$ menos que sus colegas hombres. Diferencias salariales que, aunque con variaciones modestas, se han sostenido en el tiempo.
Gráfico 9. Promedio salarial en actividades de hogares empleadores según sexo 2015 – 2022.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE. 2023.
3.2. Actividades de alojamiento y servicios de comida
Para el 2022, las actividades de alojamiento y servicios de comida representaron el 6,7% del empleo a nivel nacional y el 10,9% del empleo femenino. En este sector, aproximadamente el 66% de las personas empleadas son mujeres.
El sector de alojamiento y servicios de comida también fue fuertemente impactado por los efectos de la pandemia por Covid-19. Entre el 2015 y el 2018, el número de personas ocupadas parecía descender; sin embargo, en el 2019 esta tendencia cambia y se registra un total 1.530.760 personas ocupadas en el sector, 68.466 puestos de trabajo más que en el 2018. En 2020 el sector pierde aproximadamente 430.829 empleos, y aunque en los años posteriores se han ido recuperando estos empleos, la cifra registrada en el 2022 es de 1.482.663 personas ocupadas en el sector, muy cercana a la registrada en 2015.
En 2015, un trabajador del sector ganó en promedio 782.899$ mensuales mientras que una trabajadora del mismo sector ganó en promedio 528.304$ al mes, es decir que las mujeres ganaban 254.595$ menos que los hombres. Esta diferencia crece para 2022, donde se registra un salario promedio de 1.179.313$ para los hombres y de 736.826$ para las mujeres, se puede ver que, aunque con fluctuaciones, la brecha salarial se amplió considerablemente para este último año, donde las mujeres ganaron 442.486$ menos que los hombres.
Al igual que en el sector de las actividades en hogares empleadores, en 2022 la mayoría de las personas ocupadas en las actividades de alojamiento y servicios de comida -un 60,6%- se encontraban afiliadas al régimen de salud subsidiado, cifra que aumentó 2,9 pp con respecto a la registra en 2015 que fue del 57,7%. Situación que se agudizó en 2020 y 2021 cuando la afiliación al régimen subsidiado se ubicó por encima del 62% del total de ocupados en el sector.
En 2015 tan solo el 15,2% de las personas ocupadas en el sector se encontraban afiliadas a una ARL y aunque en los años posteriores y hasta el 2019 se dejó ver un incremento en la afiliación de aproximadamente un punto porcentual por año, con la llegada del 2020 desaceleró este crecimiento. No obstante, para el 2022 se registró que el 18,3% del total de personas ocupadas en el sector se encontraban afiliadas a una ARL, porcentaje que ha sido el mayor alcanzado en los últimos ocho años.
Por su parte, la afiliación al sistema de pensiones también es un derecho negado en este sector, en 2022 más del 80% de sus trabajadores y trabajadoras no se encontraban afiliados a un fondo de pensiones, situación que no ha variado durante el periodo en estudio. En cuanto al acceso a prima de servicios y vacaciones remuneradas, las cifras reportadas muestran que una mínima parte de las personas empleadas en este sector, menos del 16%, disfrutan de estos derechos.
Gráfico 10. Porcentaje de afiliación según régimen de salud en actividades de alojamiento y comida 2015 – 2022.
3.3. Actividades de atención a la salud
Para el 2022, el sector de la salud empleó al 4,4% del total de personas ocupadas en el país y el 8,1% del empleo femenino. Las mujeres representaron el 75,6% de las personas empleadas en estas actividades.
En contraste con los anteriores sectores de la economía, en este más del 90% de sus trabajadoras se encontraba afiliada al régimen de salud contributivo durante el periodo en estudio. Y aunque la afiliación al sistema de pensiones también cobija a la mayoría de las personas empleadas en el sector, llama la atención que entre el 2015 y el 2019, aproximadamente, el 20% de las ocupadas no se encontraban afiliadas a un fondo de pensiones, aunque para 2022 esta cifra se redujo en 15 pp.
Preocupa que en un sector como el de la salud, para el 2022 reportara que el 16,7% de sus trabajadores y trabajadoras no se encontrarán afiliadas a una ARL, toda vez que las actividades en este sector presentan mayores riesgos para la salud laboral. Sin embargo, se debe reconocer que, aunque la gran mayoría de las personas ocupadas en el sector se encuentran afiliadas a una ARL, durante el periodo de estudio se percibe un aumento considerable en las afiliaciones ya que en 2015 las trabajadoras no afiliadas a ARL representaban el 23,7%.
Para 2015, una trabajadora del sector salud ganaba en promedio 1.104.675$ mensuales en tanto que un trabajador ganó en promedio 2.261.123$, cifras indican una diferencia salarial de 1.156.449$ pesos. Esta brecha salarial se redujo en 2018, cuando las mujeres ganaron en promedio 906.372$ menos que los hombres del sector y en adelante la brecha salarial tiende a ampliarse. En 2022, las mujeres ganaron en promedio 1.830.948$ mientras sus colegas hombres recibían en promedio 3.391.359$, es decir que las mujeres ganan en promedio 1.569.411$ menos que los hombres.
3.4. Actividades de la educación
El sector de la educación emplea al 4,3% del total de personas ocupadas en el país y el 6,4% del empleo femenino. El 60,6% del total de ocupadas en el sector son mujeres.
En este sector predomina la afiliación al régimen de salud contributivo en el que se encontraban el 65,4% del total de ocupados en 2022; seguido del régimen de salud especial que en 2020 tuvo el mayor nivel de afiliaciones del periodo en estudio llegando a abarcar el 36,7% del total de ocupados, sin embargo, en el año 2022 este régimen perdió terreno y bajo 26,2%. Para este mismo año, el 8,4% de las trabajadoras se encontraban afiliadas al régimen de salud subsidiado, cifra que permanece desde el año 2015.
Entre 2015 y 2018 la afiliación a ARL presentaba una tendencia al aumento al pasar del 76,4% al 80,7%. A partir del 2019 este crecimiento se frena hasta el 2021 donde este indicador asciende a 81,8%. Para el 2022, no se presentan mayores variaciones.
Para 2015, una trabajadora del sector de la educación ganaba en promedio 1.398.702$ mensuales, en tanto que un trabajador recibía en promedio 1.808.516$, cifras que indican una diferencia salarial de 409.814$ pesos. Esta brecha salarial se redujo de manera modesta entre los años 2019 y 2021, cuando las mujeres ganaron en promedio 374.100$ menos que los hombres del mismo sector. No obstante, en 2022 esta brecha se amplió y las mujeres ganaron en promedio 2.356.731$ mientras sus colegas hombres recibían en promedio 2.933.963$, es decir que las mujeres ganaron en promedio 577.232$ menos que los hombres.
4. Conclusiones
Aunque este es un artículo con un alto registro de números e indicadores, queremos dejar algunas ideas de las que los anteriores son un soporte para el análisis, más que la reflexión misma. Lo primero que queremos problematizar, es que el comportamiento de las tasas global de ocupación, tasa de ocupación y tasa de desempleo – leídas respectivamente-, dan cuenta de que las mujeres se enfrentan a una paradoja que lleva casi 10 años estática (la pandemia del Covid-19 sólo la agravó), y es que las mujeres año tras año están representando el mismo porcentaje de población desocupada (tasa de desempleo), y lo que es peor, ni siquiera están participando del mercado laboral como población económicamente activa (tasa global de participación). Las mujeres son un sujeto estancado del mercado laboral colombiano, su dinámica poblacional no se mueve, a menos de que sea para ser aún más precarizadas de lo que están (Covid-19).
Lo anterior nos lleva a la segunda conclusión, y es que un análisis de las ramas de actividades económicas en las que las mujeres hacen presencia, da cuenta de una confirmación de los roles de género asociados al trabajo de las mismas, que las sitúa en labores del cuidado, pero además cuando no hacen presencia en estas ramas de actividad están presentes en las que existen altas tasas de informalidad; lo anterior, configura una feminización de la precarización laboral (Setton, Donatello, Belivéau, 2003), lo que significa que las mujeres ocupan los lugares y experiencias de mayor precariedad en el desarrollo de sus relaciones laborales, algo así como que, no suficiente con la exclusión que experimentan del mercado de la participación en el mercado laboral, cuando logran insertarse, lo hacen en condiciones lamentables: sin afiliación a seguridad social en el trabajo, en trabajos no remunerados o con salarios bajos, con una relación obrero – patronal desdibujada, entre otros.
En este punto resaltamos que esta es una experiencia que se vive en los cuerpos feminizados y que varias organizaciones nacionales como la Red Popular Trans en Medellín y la Red Comunitaria Trans en Bogotá han dejado en evidencia, pues existe una delgada línea en comprender que la feminización de la precarización laboral es un fenómeno que no sólo se lee a través de las estadísticas,sino que urge reconocer a las mujeres trans del país desde sus experiencias particulares y colectivas. Un tema pendiente.
Por último; el grueso de las mujeres en Colombia presentan más dificultades que los hombres para acceder al empleo, cuando lo hacen suelen emplearse en actividades específicas asociadas al cuidado – de forma directa o indirecta – en condiciones precarias, y lo que es peor, en general ganan menos que los hombres. Es este el panorama desde hace 10 años. El reto es cambiarlo.
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