Las voces y las acciones de las mujeres sindicalistas fortalecen la democracia
Este es el tercer capítulo del informe, “El trabajo tiene rostro de mujer: análisis y debates pendientes sobre las condiciones laborales con perspectiva de género en Colombia”. El documento fue presentado por la Corporación Voces por el Trabajo el pasado 12 de diciembre. Al final de esta publicación pueden acceder al documento completo.
Por Dory Clemencia Capera Leiton – CUT Colombia
Contenidos
1. La ampliación de la participación y la representación política de las mujeres sindicalistas en Colombia, es una tarea pendiente.
La división sexual del trabajo, que aún persiste en la sociedad, ha naturalizado y afianzado roles de género a través de la cultura, que, entre otras, ha limitado el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En esa división sexual del trabajo se le ha otorgado mayor preponderancia al hombre visto como trabajador-proveedor, enmarcado en la esfera de lo público y por supuesto del mercado laboral; mientras que a las mujeres se les ha inscrito como cuidadoras, asignadas a la esfera de lo privado y encargadas exclusivamente de la reproducción de la vida doméstica y familiar como centro de su accionar.
Que la mano de obra femenina se haya incorporado en el mundo del trabajo bajo esta mirada estereotipada de las labores que “deben asumir hombres y mujeres” afianzó las desigualdades sociales y evidenció las relaciones de poder y dominación que subyacen en la sociedad. Un ejemplo de esto es la vinculación mayoritariamente de mujeres al sector de los servicios, y en este, a las labores domésticas y de cuidados remunerados, laborales que son ampliamente feminizadas y a su vez precarizadas.
Acceder al mercado laboral en sí mismo es un reto para las mujeres, por lo que hablar de su participación en escenarios de discusión y representación política les significa también una lucha permanente frente a los mandatos culturales de un sistema político hecho a la medida de los hombres. Si bien las mujeres han enfrentado desafíos significativos para acceder y permanecer en espacios de discusión y representación política a lo largo de la historia, muchas mujeres han logrado gestar sus liderazgos y abrir paso a cambios formales y prácticos que combaten esa cultura que limita el ejercicio de derechos con base en estereotipos de género.
La historia colombiana ha sido marcada por el conflicto armado y la descomposición del tejido social derivado de las diferentes formas de violencia social, económica y política, en este contexto, el conflicto también ha influido en la reproducción de relaciones de dominación basada en el género y en el estancamiento de las agendas de diversidad y equidad de género en el territorio nacional al adoptar formas de violencia que buscaban corregir/disciplinar roles de género que perpetúan formas de exclusión-inclusión según características identitarias de las personas como el género, su pertenencia étnica, su edad, lugar de origen, su orientación sexual, entre otras. En este escenario, la violencia en el marco del conflicto armado también ha defendido y reforzado estereotipos basados en un sistema sexo-género, donde las mujeres han experimentado impactos desproporcionados y enfrentado mayores obstáculos para el ejercicio de sus derechos humanos y el desarrollo de sus agendas políticas.
La participación política de las mujeres es un catalizador para la construcción de la paz y la reconciliación. A menudo las mujeres han ejercido roles fundamentales en la movilización de sus comunidades en resistencia a la violencia y se han situado como agentes de cambio en la promoción de la justicia social. No obstante, las agendas y apuestas de las mujeres también han sido fuertemente golpeadas por crisis, como la desatada durante la pandemia por Covid-19 y de la que aún no se recupera el mundo, evidenciándose que, en tiempos de crisis los derechos de las mujeres son los primeros que se cuestionan.
La participación, pero, además, la representación política de las mujeres en las diferentes esferas de la sociedad amplía la mirada sobre las problemáticas sociales y brinda otras perspectivas para la toma de decisiones, elementos esenciales para superar las profundas desigualdades que prevalecen en Colombia y transitar hacia la justicia social y de género.
Como se observa en la siguiente gráfica, la participación de las mujeres en los cargos directivos del estado colombiano entre el 2015 y 2021 pasó del 43,5% al 46% respectivamente, y aunque Colombia ha logrado acercarse a la paridad en la conformación de la Rama Ejecutiva (DANE, 2022), este no es un común denominador y aún se requiere esfuerzos para garantizar el acceso a cargos de decisión de poblaciones históricamente excluidas. Por ejemplo, en Colombia ninguna mujer ha ejercido el cargo de presidenta, y como se ha podido evidenciar, la llegada de una mujer como la actual vicepresidenta del país, Francia Márquez, ha impulsado el desarrollo de una agenda de trabajo que venía siendo abordada por múltiples organizaciones de la sociedad como la construcción del Sistema Nacional de Cuidados y la creación de la una entidad como el Ministerio de la Igualdad que abre ventanas de oportunidad para superar brechas de género en el país.
Las voces de las mujeres en la esfera política no solo fortalecen la democracia, sino que también contribuyen a la construcción de un país que reconoce, valora y cultiva la riqueza que existe en la diversidad de su población. Por lo que se hace necesario reconocer los diferentes obstáculos que enfrentan mujeres, jóvenes y población con identidades diversas para generar medidas que contribuyan a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
En el mundo del trabajo y en el ámbito sindical esta también es una necesidad y es demandada por parte de las mujeres trabajadoras, quienes exigen mayor presencia de las mujeres en cargos de representación política y en los diferentes órganos de dirección y funcionamiento de las organizaciones sindicales.
Cabe resaltar que, desde los comienzos del movimiento obrero, las mujeres trabajadoras han abanderado también las luchas por la dignificación del trabajo y la ampliación de derechos civiles y laborales. Desde inicios del siglo XX las mujeres sindicalistas dejaron su sello en la historia del movimiento obrero colombiano, siendo alrededor de 400 trabajadoras de una fábrica de Bello en el departamento de Antioquia, lideradas por Betsabé Espinal, quienes llevarían a cabo la primera huelga en el país, luego de promulgada la Ley 78 de 1919 (Spittaleta, 2022). Por medio de esta huelga reclamaban, ante los dueños de la Fábrica de Tejidos de Bello, por las injustas condiciones de trabajo que enfrentaban y exigían el cumplimiento de sus derechos fundamentales como trabajadoras. Pese a que esta lucha es un hito histórico, ha sido un suceso poco conocido en la historia de Colombia (Agencia de Información Laboral, 2017).
La incorporación de las mujeres al mundo sindical ha sido fundamental para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales a lo largo de la historia, pues son ellas, las que se han vinculado y han jugado un papel político activo en las luchas por los derechos laborales y sociales, pero invisibilizadas en su propia lucha de resistencia, ya que por mucho tiempo se creyó que la clase trabajadora era un grupo homogéneo que abordaba efectivamente las desigualdades estructurales.
Es precisamente a finales del siglo XX, cuando se pone en evidencia las discusiones internas que subyacen en el movimiento sindical sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género en su accionar, pues permite visibilizar a las mujeres en sus diferentes roles al interior del mundo sindical y manifiesta la necesidad de garantizar que las demandas de las mujeres sean plasmadas en la agenda del movimiento, partiendo por reconocer la sub representación de las mujeres en las direcciones de los sindicatos, la brecha de representación política, los techos de cristal que existen en los sindicatos, la necesidad de abordar acciones afirmativas que permitan fortalecer la democracia sindical y la definición de estrategias para defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y acosos.
La anterior mención es una forma de reivindicar que el sindicalismo colombiano también tiene rostro de mujeres, y que, en medio de uno de los contextos más adversos para ejercer el sindicalismo en el mundo, ellas han logrado desarrollar agendas que trascienden los escenarios laborales e interpelan a ese mundo laboral desde otras dimensiones de la vida de trabajadores y trabajadoras, como la comunitaria y la doméstica.
En Colombia, entre el 01 de enero de 1971 y el 17 de noviembre de 2023, se han documentado alrededor de 15.823 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas, entre las cuales se registran 3.328 casos en los que sindicalistas perdieron su vida. Del total de casos, 3.559 fueron contra mujeres, 345 mujeres sindicalistas han sido asesinadas en Colombia en el periodo mencionado (Sinderh, ENS). Ante estas dimensiones de la victimización contra las mujeres sindicalizadas, se han realizado acercamientos descriptivos, analíticos, interpretativos e históricos, los cuales representan aportes valiosos en la comprensión diferencial de este fenómeno. Por ejemplo, el realizado por Correa y Malagón (2012), a través del cual señalan que más allá de las cifras, es necesario comprender las violaciones contra las mujeres sindicalizadas en un sentido más complejo y diverso, en su dimensión simbólica, semántica, política y cultural. Sin embargo, al hacer una lectura de la violencia contra las mujeres sindicalizadas es necesario considerar tanto el panorama general de las violencias infligidas contra las mujeres por su condición de mujeres, como el de la violencia antisindical por su condición de mujeres sindicalizadas, para que su labor como sindicalistas no termine siendo invisible.
Más allá de las cifras de una violencia antisindical que no encuentra precedentes en el mundo, esto ratifica que, si ser sindicalista en Colombia ha sido difícil, para las mujeres los obstáculos y las barreras han sido mayores, ya que, a una fuerte cultura, estigmatización y violencia antisindical, se suman la exclusión, discriminación y violencias que subyacen a los sistemas patriarcal y capitalista.
Vea aquí la presentación del informe:
2. Barreras que enfrentan las mujeres como trabajadoras y sindicalistas
Entonces, ¿Cuáles son las distintas barreras que impiden una mayor y más incidente participación y representación política de las mujeres sindicalistas en Colombia? están relacionadas con el acceso al mercado de trabajo, la precariedad laboral, la segregación y discriminación ocupacional, las sobrecargas en el trabajo de cuidado, así como un continuum de violencias que van desde violencias basadas en el género, violencia sociopolítica y violencias que se entrelazan con las dinámicas del conflicto armado (Trujillo, 2020).
Por su parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2019) se expresa a través de una opinión consultiva sobre “el alcance de las obligaciones de los estados, bajo el sistema interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género”, mostrando cómo a partir de la brecha existente entre lo consagrado en el plano normativo y jurídico, y su cumplimiento, emergen vulneraciones sistemáticas a los derechos de las mujeres sindicalistas.
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, examina algunos factores del contexto sobre el ejercicio de la libertad sindical en el continente americano, entre ellos, la baja tasa de sindicalización lo cual alimenta la inequidad y la pobreza, la precarización laboral expresada principalmente en altos niveles de desempleo, políticas de flexibilización, crecimiento de la informalidad y pérdida del valor real de los ingresos. A esto se suman las permanentes restricciones, prácticas antisindicales, como también violencia y represión, discriminación y violencia de género contra las mujeres en el trabajo. Y lo más grave, frente a lo anterior, la consulta evidencia que, en contextos latinoamericanos, el papel del Estado como garante ha resultado insuficiente.
En el marco de este análisis general, ¿cómo se articula una lectura desde la perspectiva de género? Según la solicitud realizada ante la Corte, debe tomarse en cuenta que, las mujeres constituyen aproximadamente el 51% de la población total y solo acceden al 38% de la masa de ingresos monetarios que generan y perciben las personas, correspondiendo el otro 62% a los hombres. La CIDH ha indicado que las mujeres sufren distintas formas de discriminación, tanto en la ley como en la práctica, respecto al acceso y control de recursos económicos; la distribución y el control de estos recursos al interior de la familia y fuera del hogar; y continúan enfrentando obstáculos para adquirir los medios que les permitan obtener estos recursos, situación que resulta particularmente grave en el ámbito laboral. También la CIDH ha identificado algunos temas de preocupación que afectan a las mujeres en dicho ámbito, entre los cuales están la brecha salarial, el trabajo no remunerado, el acoso y la segregación ocupacional (CIDH, 2011). Por ejemplo, la Comisión ha observado que el rol de cuidado de la familia y el trabajo doméstico ha sido asignado mayormente a la mujer en base a concepciones estereotipadas basadas en su género, con sus respectivas consecuencias en materia de desigualdad y pobreza. Si bien esto se entiende como parte de condiciones estructurales de discriminación y exclusión histórica a las que han estado sometidas las mujeres, sin embargo, la opinión consultiva introduce un aporte adicional con el concepto de discriminación indirecta e impacto diferenciado para referirse a las mujeres trabajadoras.
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3. A modo de conclusión
La CIDH señala que, pese a que se evidencia una mayor presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, su participación en las entidades sindicales es menor y la necesidad de confrontar las brechas salariales entre hombres y mujeres se hace mayor. Se enfatiza en que es fundamental revisar ambos asuntos para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Ahora bien, los retos que tiene hoy el mundo sindical son:
a. Incorporar y transformar el sindicalismo a las nuevas realidades del mercado laboral que es diverso y fragmentado pero que profundiza la precariedad, la desregularización y la flexibilización laboral afectando aún más a las mujeres.
b. Se requiere una nueva perspectiva colectiva que garantice y potencie la participación y liderazgo político de las mujeres en los espacios de decisión sindical, para lo cual se requiere transformar la estructura sindical definiendo estatutariamente acciones afirmativas como la representación paritaria o la ley de cuotas.
Estas acciones afirmativas se requieren con urgencia para integrar discusiones y preocupaciones específicas en el movimiento sindical sobre cómo armonizar el mundo del trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, discusión que no solo beneficia a las mujeres sino también a los hombres y la sociedad en su conjunto. Adicionalmente, la generación de rutas de prevención y actuación en casos de violencia de género, tanto en el mundo del trabajo, como en el ámbito sindical contribuyen a la eliminación de obstáculos para la participación política de las mujeres.
A continuación, puede leer y descargar el informe:
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