El sindicalismo ante el desafío de construir un modelo de desarrollo sustentable en Colombia
La justicia ambiental y la transición justa no son asuntos ajenos al mundo del trabajo, son condiciones para defender el empleo, los territorios y la vida.
Por: Helen Caicedo Londoño
Defender el empleo no puede significar sacrificar los territorios, como tampoco proteger el ambiente puede justificar la pérdida de derechos laborales. Un informe de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), con participación de la CTC, la CGT, la CUT y Voces por el Trabajo, plantea los desafíos del sindicalismo colombiano para construir un modelo de desarrollo sustentable con justicia ambiental y transición justa.
Durante décadas, el movimiento sindical colombiano ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en defender los derechos de las y los trabajadores en torno al empleo digno, salarios justos, estabilidad laboral, organización colectiva y libertad sindical. Esa lucha sigue siendo indispensable, sin embargo, frente a la crisis climática y a las transformaciones económicas que atraviesa el país, ya no basta con defender el trabajo sin preguntarnos en qué condiciones se produce, qué impactos deja y quién asume sus costos.
Hoy, defender el trabajo también implica defender los territorios, el agua, la democracia y la vida. La crisis climática no es solamente un problema ambiental, afecta las actividades productivas, transforma empleos y deteriora las condiciones en las que trabajan y viven millones de personas. Sus consecuencias, además, no se distribuyen por igual. Las comunidades con menos recursos y las y los trabajadores suelen cargar con una parte desproporcionada de los costos, ya sea por la pérdida de empleos, el deterioro de la salud, la precarización laboral o la degradación de los lugares donde viven.
No basta con cambiar la fuente de energía si permanecen intactas las desigualdades que definen quién decide, quién se beneficia y quién asume los impactos.
Por eso, esta crisis también plantea preguntas democráticas de fondo: ¿Qué se produce en Colombia?, ¿Quién decide qué se produce y dónde? y ¿Quién obtiene los beneficios y quién termina pagando las consecuencias? Estas preguntas conectan la defensa de los derechos laborales con la justicia ambiental, entendida como la posibilidad de que ninguna persona tenga que perder su trabajo, enfermar, desplazarse o quedarse sin agua para que un Estado, una empresa o cualquier otro actor obtenga ganancias a costa del territorio y de la naturaleza. Lejos de ampliar artificialmente la agenda sindical, la justicia ambiental ayuda a comprender las condiciones necesarias para defender el trabajo digno.
Estas reflexiones están en el centro del informe “Desarrollo sustentable con justicia ambiental en Colombia: posicionamiento político para la incidencia de las centrales sindicales”, elaborado en 2025 por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), con la participación de las centrales sindicales colombianas CTC, CGT y CUT, y el acompañamiento técnico de Voces por el Trabajo. En el capítulo “Propuestas sindicales sobre un modelo alternativo de desarrollo”, el documento plantea una discusión de fondo, Colombia necesita transformar no solo su matriz energética, sino también la manera en que produce, distribuye la riqueza y organiza su vida económica y social.
El informe parte de un diagnóstico crítico del modelo de desarrollo colombiano, marcado por la dependencia de la extracción y exportación de materias primas, la informalidad, la precarización del trabajo y las desigualdades entre territorios. En esa lógica, la explotación de la naturaleza y la explotación laboral no son problemas separados, con frecuencia forman parte de una misma forma de producir y acumular riqueza.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a reemplazar el carbón y el petróleo por paneles solares. El desafío es avanzar hacia un modelo que ponga en el centro el trabajo decente, la democracia económica, la soberanía productiva, la participación ciudadana y una transición justa. No basta con cambiar la fuente de energía si permanecen intactas las desigualdades que definen quién decide, quién se beneficia y quién asume los impactos.
Que una inversión sea verde no significa que sea justa
El informe invita a mirar con cuidado las iniciativas que se presentan como verdes. La instalación de energías renovables puede contribuir a enfrentar la crisis climática, pero ese propósito no garantiza, por sí solo, resultados justos. Un proyecto puede utilizar tecnologías limpias y, al mismo tiempo, concentrar beneficios en pocas empresas, desplazar comunidades, precarizar el empleo o afectar el acceso a la tierra. Si se mantienen las mismas relaciones de poder, es posible producir energía limpia reproduciendo viejas desigualdades.
De ahí la importancia de hablar de transición justa y de justicia ambiental, y no únicamente de transición energética. La transición no consiste solo en cambiar tecnologías o reorganizar la producción; también exige anticipar y atender sus impactos sociales, laborales y territoriales, con participación de las personas y comunidades involucradas.
En Colombia, la discusión sobre energías renovables tiene antecedentes normativos anteriores a 2022, entre ellos la Ley 1715 de 2014, que estableció medidas para promover la integración de fuentes no convencionales de energía, en los años siguientes se ampliaron los instrumentos y compromisos relacionados con la acción climática. La discusión también empezó a incorporar preguntas políticas que van más allá: ¿Quién puede producir energía? ¿Quién se beneficia? ¿Qué ocurre con las comunidades? ¿Qué garantías tienen las y los trabajadores de los sectores que se transforman?
En ese escenario aparecen las comunidades energéticas, la autogeneración popular, las estrategias de sustitución productiva y las garantías sociolaborales frente al cierre o la transformación de actividades económicas, estas iniciativas abren la posibilidad de democratizar la producción de energía. Las comunidades pueden dejar de ser vistas únicamente como consumidoras y participar también en su generación y gestión. Asimismo, recuerdan que los avances en política pública no ocurren de manera espontánea; detrás de ellos ha habido movilización social, formulación de propuestas y presión sindical.
Uno de los aportes centrales del movimiento sindical ha sido insistir en que no puede hablarse de cierre de minas, reconversión laboral o transformación productiva sin preguntarse qué pasará con las personas trabajadoras, las comunidades y los territorios que dependen de esas actividades. Aunque existen avances, persisten conflictos socioambientales, dependencia de sectores extractivos, informalidad y grandes dificultades para construir alternativas productivas en los territorios. La transición, por tanto, sigue siendo una tarea en disputa.
El trabajo y el ambiente no son agendas separadas.
El informe también muestra que la relación entre sindicalismo y ambiente está cambiando. Durante mucho tiempo se presentó al sindicalismo como defensor del trabajo y los salarios, a los movimientos ambientalistas como protectores de los ecosistemas y a las organizaciones feministas como responsables de las agendas de género y cuidado. Esa división resulta cada vez menos útil para comprender los problemas actuales y transformar realidades.
En distintas organizaciones sindicales se han impulsado procesos de formación ambiental, creado comités y llevando asuntos ambientales a la negociación colectiva. Estas experiencias muestran que las condiciones de trabajo no pueden separarse del entorno en el que se desarrolla la actividad productiva. La defensa de la salud laboral, por ejemplo, también exige prestar atención a la contaminación, al acceso al agua y a los efectos de los cambios ambientales sobre la vida cotidiana. Puede hablarse, entonces, de una incorporación política de la dimensión ambiental a la acción sindical. Sin justicia ambiental, la defensa del trabajo digno queda incompleta.
El dilema, por tanto, no es escoger entre empleo y ambiente. El reto consiste en disputar cómo se realiza la transformación y quién tiene voz en las decisiones. Una transición no puede llamarse justa, si la llamada economía verde reproduce la precariedad y las desigualdades del modelo que busca reemplazar.
Una transición con las mujeres, las juventudes y los territorios
La transición justa también debe incorporar una perspectiva de género, reconocer a las juventudes como protagonistas y responder a las particularidades de cada territorio. En el caso de las mujeres, el informe no las presenta únicamente como una población expuesta a mayores riesgos, sino como sujetas políticas con capacidad para decidir y participar en la transformación.
La crisis ambiental está conectada con la organización social del cuidado. Cuando falta el agua, una persona enferma o desaparecen servicios esenciales, las tareas de cuidado suelen aumentar y recaer, en gran medida, sobre las mujeres. Ese tiempo adicional se convierte con frecuencia en trabajo no remunerado y reduce sus oportunidades de formación, empleo e ingresos. Por eso, una transición justa requiere representación paritaria, infraestructura pública de cuidado y acceso de las mujeres a empleos calificados en sectores como las energías renovables y la restauración ambiental. También exige condiciones para acceder a tierra, crédito, formación, participación y empleo. La igualdad de género no puede dejarse para después de la transición, debe formar parte de su diseño y ejecución.
Con las juventudes aparece una pregunta que interpela directamente al sindicalismo. No se trata solo de preguntarse cómo lograr que las personas jóvenes se afilien, sino también qué debe cambiar en las organizaciones para que encuentren en ellas un espacio donde participar y transformar su futuro. Para muchas personas jóvenes, la defensa del planeta, el trabajo digno, el feminismo y la democracia están conectados. Esto representa una oportunidad para renovar la acción sindical y fortalecer su vínculo con las nuevas generaciones.
Si los empleos llamados verdes mantienen la precariedad juvenil, las desigualdades de género y la exclusión territorial, habrá cambiado la tecnología, pero no el modelo de desarrollo. Una transición verdaderamente justa debe crear oportunidades de trabajo digno y ampliar la participación, en lugar de trasladar los costos del cambio a quienes ya enfrentan mayores barreras.
De la resistencia a una estrategia sindical de poder
El escenario político actual hace todavía más urgente esta discusión. El informe fue elaborado en un contexto distinto al de hoy y sus propuestas deben leerse a la luz de los cambios en la correlación de fuerzas y de los riesgos de retroceso en la agenda ambiental y laboral. Frente a este panorama, el movimiento sindical necesita reconocer también que no existe una posición idéntica en todas las organizaciones sobre los ritmos y las formas de la transición energética. Mientras algunas consideran que prolongar la explotación de hidrocarburos permite proteger empleos e ingresos, otras advierten sobre los costos futuros de mantener la dependencia de los combustibles fósiles.
La tarea no consiste en obligar a todas las organizaciones a pensar igual, sino en construir mínimos comunes. Ninguna transición debe hacerse sacrificando a las y los trabajadores; ningún proyecto extractivo debe pasar por encima de las comunidades, ninguna política energética debe decidirse sin escuchar a quienes viven sus consecuencias. Y ningún empleo puede defenderse ignorando la sostenibilidad y el futuro económico del territorio del que depende. Puede haber diferencias sobre los tiempos y las tecnologías, pero no debería estar en discusión quién paga los costos.
Por eso, el sindicalismo no puede limitarse a reaccionar ante las decisiones del gobierno de turno. Necesita pasar de una resistencia exclusivamente defensiva a una estrategia capaz de defender derechos existentes y, al mismo tiempo, construir alternativas propias.
Esto implica vigilar y exigir el cumplimiento de las medidas ya adoptadas; implementación y fortalecimiento de comunidades energéticas, participación sindical en la política pública, protección sociolaboral frente a cierres mineros y programas de formación y reconversión. No basta con que una norma exista, es necesario identificar los recursos disponibles, las entidades responsables, las metas, las acciones previstas y los mecanismos para exigir su cumplimiento.
La transición debe llegar, además, a la negociación colectiva. Los sindicatos necesitan discutir no solo salarios y prestaciones, sino también el futuro productivo de las empresas y las garantías para quienes trabajan en ellas. Esto supone buscar acceso oportuno a los planes de inversión y cierre, proponer comités paritarios de transición, negociar programas de formación y reconversión, proteger a las personas contratistas, atender los riesgos para la salud laboral e incluir medidas de restauración ambiental y fondos para acompañar los cambios productivos. La justicia ambiental y la transición justa también se disputan en las empresas, en los pliegos de peticiones y en las convenciones colectivas.
Ninguna organización sindical puede enfrentar este escenario por sí sola, la defensa del trabajo necesita encontrarse con la defensa del territorio y articularse con mujeres y organizaciones feministas, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, organizaciones ambientales, la academia, organizaciones de derechos humanos, cooperativas y otros sectores sociales y populares.
Esa articulación también requiere capacidad de seguimiento y vigilancia. Las licencias ambientales, las decisiones sobre fracking, los cierres de minas, los cambios presupuestales y los proyectos energéticos o de reconversión productiva deben examinarse con preguntas claras ¿Quién gana?, ¿quién pierde?, ¿quién decide?
El informe propone avanzar hacia un sistema ciudadano y sindical que haga seguimiento a la transición energética y a las decisiones gubernamentales, y que pueda emitir alertas tempranas ante posibles retrocesos laborales y ambientales. La resistencia no puede limitarse a impedir retrocesos; también debe mantener la capacidad de proponer y hacer posibles otras formas de desarrollo.
No hay transición justa si alguien tiene que renunciar a sus derechos
Durante años, el sindicalismo ha luchado para que el trabajo tenga derechos. Hoy enfrenta un desafío adicional, contribuir a que la justicia ambiental sea una realidad y a que la transformación ecológica también esté acompañada de garantías. Una transición que destruye empleos y abandona a quienes trabajaban en ellos no es justa. Tampoco lo es una política que conserva puestos de trabajo a costa de destruir territorios, enfermar comunidades o comprometer el futuro de las próximas generaciones.
La transición ocurrirá tarde o temprano, sea por los cambios en el clima, las transformaciones tecnológicas, las condiciones de los mercados internacionales y la evolución de las actividades productivas. La pregunta es si el país se preparará para ese cambio con planificación, participación y garantías, o si permitirá que sus costos recaigan una vez más sobre quienes tienen menos poder para enfrentarlos.
El movimiento sindical está llamado a actuar no solo como defensor de quienes hoy tienen empleo, sino también como un actor sociopolítico capaz de disputar el modelo de desarrollo del país. Eso exige fortalecer su carácter democrático y representativo, ampliar alianzas y defender conjuntamente los derechos laborales y ambientales. Las y los trabajadores no deberían tener que escoger entre trabajo y naturaleza, entre empleo y futuro.
El informe de la CSA ofrece elementos para alimentar esta discusión y convertirla en propuestas de incidencia. Su invitación de fondo es clara, Colombia necesita una transición en la que nadie tenga que perder sus derechos para que otros puedan llamar progreso a sus beneficios.
Ante cualquier intento de retroceso, la defensa del derecho al trabajo, de un ambiente sano, de entornos laborales seguros, de la organización colectiva y de la negociación sindical debe ir de la mano con la construcción de alternativas. Ese es uno de los principales retos del sindicalismo para impulsar un modelo de desarrollo sustentable con justicia ambiental.
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Helen Caicedo L.
Administradora de Empresas del Politécnico Grancolombiano y especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de FLACSO Ecuador. Cuenta con amplia experiencia administrativa en el sector público y solidario, así como en el fortalecimiento de organizaciones de la economía popular y solidaria. Ha liderado procesos administrativos, pedagógicos e investigativos con enfoques territoriales, de género y de justicia económica, integrando conocimientos técnicos con metodologías participativas. Su trayectoria incluye la formulación de estrategias para el fortalecimiento de cooperativas y fondos de empleados, la realización de diagnósticos participativos con actores de la economía popular.
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