Cuando protestar empieza a costar demasiado, los riesgos del nuevo decreto
Un proyecto que modifica las reglas sobre protesta social en Colombia está en consulta pública. La protesta existe para disputar poder, no para pasar inadvertida. Por eso preocupa que la afectación económica, la movilidad o el funcionamiento de una empresa puedan convertirse en criterios para escalar la respuesta estatal frente a quienes se movilizan.
Por: Mayra Alejandra Restrepo Sabaleta
Protestar nunca ha sido simplemente caminar por una calle con una pancarta. La protesta es una forma de participación política, permite cuestionar decisiones públicas, exigir derechos, presionar respuestas y hacer visibles conflictos que muchas veces no encuentran espacio en los canales institucionales. Para amplios sectores sociales, además, la calle es el único medio para ser escuchados.
Por eso importa cómo se reglamenta. Y por eso conviene recordar algo que suele desaparecer cuando la protesta se discute exclusivamente en términos de movilidad y orden público, el espacio público no pertenece únicamente a la circulación, al comercio o a la administración. También es un espacio político. Las calles sirven para desplazarse, pero también para encontrarse, organizarse, reclamar y expresar desacuerdo.
La Corte Constitucional ha reconocido esa dimensión. La protesta está estrechamente relacionada con la libertad de expresión y la participación política, y tiene una importancia particular para sectores históricamente discriminados o con menor capacidad de incidencia institucional. También ha advertido que una protesta pacífica no tiene que ser inocua, incomodar forma parte de su naturaleza, de hecho es su razón de ser.
Cuando incomodar empieza a convertirse en un problema
El proyecto de decreto propone ponderar la protesta con derechos y bienes como la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y la prestación de servicios públicos. En principio, el planteamiento parece razonable, ningún derecho es absoluto y una manifestación no puede justificar cualquier afectación a terceros.
El problema aparece cuando se ponen en el mismo plano situaciones muy distintas. No es igual impedir el paso de una ambulancia que generar congestión; tampoco es equivalente poner en riesgo la vida de una persona y alterar durante unas horas la actividad de un comercio. Si esas diferencias no se mantienen con claridad, la protección de otros derechos puede convertirse en una puerta demasiado amplia para restringir y estigmatizar la protesta.
La pregunta de fondo es política y democrática, ¿en qué momento una protesta deja de ser una alteración que una sociedad plural debe tolerar y comienza a ser tratada como un problema que debe ser restablecido? Si la respuesta termina dependiendo demasiado de cuánto afecta el tránsito, el comercio o la normalidad cotidiana, la protesta corre el riesgo de ser protegida solamente mientras no resulte demasiado efectiva.
Cuando la protesta toca intereses económicos
Uno de los puntos más sensibles aparece en las movilizaciones frente a instalaciones industriales, comerciales, de servicios o infraestructura. El proyecto propone valorar cuánto tiempo permanece ocupado un acceso, si se afecta el funcionamiento normal de una empresa, si existen pérdidas económicas, si pueden ingresar trabajadores y si se comprometen relaciones laborales o contractuales. Algunas de esas afectaciones, incluso, pueden acreditarse mediante declaraciones del empleador o contratante.
Ahí surge una tensión muy grave. Las protestas sindicales, los plantones frente a empresas, las movilizaciones contra proyectos extractivos o los reclamos de comunidades afectadas por determinadas actividades económicas no suelen generar presión porque resulten cómodos. Su capacidad de modificar temporalmente el funcionamiento de una actividad puede ser precisamente lo que obliga a abrir una negociación.
No existe, por supuesto, un derecho ilimitado a paralizar indefinidamente una empresa o impedir cualquier actividad. Pero tampoco debería ocurrir que la afectación económica producida por una protesta pacífica se convierta, por sí misma, en argumento para neutralizarla. Y ahí está la trampa, cuanta más capacidad tenga una movilización para ejercer presión sobre quien concentra poder económico, mayores serían las razones institucionales para intervenirla.
El riesgo es todavía más evidente cuando se piensa quiénes suelen recurrir a estas formas de movilización: sindicatos, estudiantes, trabajadores tercerizados, comunidades rurales, organizaciones campesinas o poblaciones afectadas por grandes proyectos. Si el impacto económico adquiere demasiado peso en la decisión estatal, quienes cuentan con menos poder para negociar pueden terminar perdiendo también una de sus principales herramientas para hacerlo.
Del diálogo al restablecimiento del orden
El proyecto mantiene el diálogo como primera herramienta para atender las manifestaciones, pero introduce escenarios en los que las autoridades pueden omitir algunas etapas y avanzar hacia medidas de disuasión o intervención policial.
Cuando desde el comienzo se verifiquen determinados actos de violencia, el texto permite que las autoridades prescindan de los primeros niveles de facilitación, diálogo y mediación cuando su aplicación no resulte materialmente posible. Posteriormente pueden avanzar hacia la disuasión y, finalmente, hacia el restablecimiento del orden mediante unidades policiales, es decir, violencia y criminalización.
Anticipar el conflicto no puede significar vigilarlo
El proyecto también plantea un sistema de alertas tempranas para anticipar conflictos sociales y activar espacios de diálogo antes de que escalen. La idea parte de una realidad conocida, demasiadas comunidades han tenido que bloquear una carretera o movilizarse durante días para conseguir una reunión que antes nadie quiso convocar.
Pero anticipar el conflicto puede traducirse en identificar quién protesta, quién organiza, quién convoca y dónde podría surgir una movilización. Y aunque el proyecto prohíbe expresamente que el sistema sea utilizado para actividades de inteligencia o para elaborar perfiles de personas y organizaciones por su participación sindical, política o en defensa de derechos humanos. Sin embargo, buena parte de los indicadores, umbrales y mecanismos de funcionamiento serán definidos posteriormente por el Ministerio del Interior.
En un país con una larga historia de estigmatización y violencia sobre sindicatos, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, esa garantía es un espejismo.
¿Quién tiene asiento cuando se administra el conflicto?
Otra disposición incorpora representantes de gremios o del sector productivo en las mesas de coordinación relacionadas con las manifestaciones. También contempla la participación de representantes de residentes y organizaciones comunitarias.
Escuchar a quienes pueden resultar afectados por una movilización podría parecer legítimo. El problema es la asimetría, el sector productivo obtiene una presencia institucional claramente definida, mientras sindicatos, organizaciones sociales, movimientos campesinos o comunidades convocantes no aparecen con una participación equivalente en esas mismas instancias.
Las organizaciones de derechos humanos y las comisiones de verificación tienen funciones importantes, pero verificar lo ocurrido no es igual que participar en el espacio donde las autoridades construyen su interpretación del conflicto y deciden cómo responder.
La diferencia importa porque una protesta no enfrenta únicamente derechos individuales en abstracto. Muchas veces enfrenta relaciones profundamente desiguales de poder. Si la empresa que pierde producción tiene un canal institucional más claro que los trabajadores que protestan contra sus condiciones laborales, la pretendida neutralidad del procedimiento puede terminar reproduciendo la desigualdad que originó el conflicto, revictimizando.
El riesgo de convertir la protesta en un problema de gestión
El proyecto utiliza palabras aparentemente técnicas: movilidad, productividad, infraestructura, trazabilidad, afectaciones, gradualidad, restablecimiento. Pero detrás de ellas existe una discusión política mucho más profunda sobre qué entiende una democracia por protesta legítima.
Si el punto de partida es que las calles deben permanecer disponibles para circular, las empresas deben funcionar normalmente y las instituciones deben evitar cualquier alteración, la protesta aparecerá casi inevitablemente como una anomalía. Si, en cambio, se reconoce que el espacio público también pertenece a quienes necesitan cuestionar esas mismas normalidades, la pregunta cambia, ¿qué grado de perturbación debe aceptar una democracia para que quienes tienen menos poder puedan hacerse escuchar?
El riesgo del proyecto es claro, construye una arquitectura cada vez más precisa para determinar cuándo una protesta ha incomodado demasiado y, a partir de allí, cuándo resulta legítimo avanzar desde el diálogo hacia el control, la violencia y la criminalización.
Y quienes van a pagar primero esa transformación son quienes llegan a la calle después de haber agotado otros caminos.
Porque la protesta no es solamente libertad para marchar. Es la posibilidad de disputar decisiones públicas, exigir derechos y participar en la construcción democrática cuando la voz, por sí sola, no alcanza. Y una democracia no se mide únicamente por permitir que la gente proteste, sino también por cuánto está dispuesta a escuchar cuando esa protesta empieza realmente a incomodar.
Mayra Restrepo
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Educadora en procesos no formales con enfoque en metodologías participativas. Ha coordinado proyectos de cooperación internacional en torno al diálogo social, así como estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Cuenta con experiencia en la formulación, planeación y monitoreo de proyectos con enfoque de derechos, lo que le ha permitido consolidar un perfil integral entre la gestión operativa y la comunicación estratégica.
Deja una respuesta