¿Sometimiento a la justicia o beneficios para las economías criminales?

Max Yuri Gil Ramírez. | Profesor Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Hay algo que no termina de cuadrar en la ley de sometimiento a la justicia aprobada por el Congreso. Colombia necesita encontrar salidas a la violencia, negociar mecanismos para que las organizaciones criminales abandonen sus actividades ilegales y construir alternativas que permitan recuperar territorios y proteger a la población. Nadie podría oponerse razonablemente a ese propósito. El problema es cómo hacerlo, qué se les ofrece a quienes han construido sus fortunas y su poder mediante la violencia y, sobre todo, qué garantías tienen las víctimas de que esta vez la búsqueda de la paz no terminará convirtiéndose en otra forma de aplazar sus derechos.

Porque una cosa es ofrecer incentivos para que quienes integran organizaciones criminales abandonen las armas y otra muy distinta, es abrir la puerta para que quienes han vivido de sus negocios ilícitos, administrado sus fortunas y contribuido a ocultar sus riquezas puedan encontrar también una salida favorable en la justicia. Y este es, precisamente, uno de los aspectos más preocupantes del proyecto aprobado.

La discusión sobre los lavadores de activos y los testaferros no es un asunto técnico ni un detalle secundario de la ley. Toca el corazón mismo del problema de la criminalidad organizada en Colombia. Durante décadas hemos aprendido que detrás de las estructuras armadas existe un complejo mundo de negocios, inversiones, empresas, intermediarios y relaciones de poder que les permite acumular y legalizar las ganancias de sus actividades ilegales. Los armados son apenas una parte de la historia. También están quienes compran propiedades, administran los recursos, montan empresas de fachada, prestan sus nombres para esconder fortunas y construyen las relaciones necesarias para que el dinero sucio termine circulando como si fuera legítimo.

Por eso resulta tan delicado que la ley contemple beneficios para personas vinculadas a delitos como el lavado de activos, el testaferrato y el enriquecimiento ilícito. El texto establece la posibilidad de que estos colaboradores accedan a la suspensión condicional de la ejecución de sus penas después de tres años, bajo determinadas condiciones, entre ellas la entrega de la totalidad de los bienes producto de las actividades ilícitas, mediante un inventario verificado por la Fiscalía.

El país necesita saber cómo se construyeron esas estructuras, quiénes las financiaron, cómo se apropiaron de los territorios, qué relaciones establecieron con sectores políticos y económicos y qué responsabilidades tuvieron agentes del Estado en su expansión o protección.

La pregunta es inevitable: ¿entregar los bienes que se logren identificar es suficiente para responder por años de colaboración con estructuras criminales? ¿Qué pasa con las fortunas que fueron ocultadas, con los negocios que cambiaron de titular, con los recursos que circularon por terceras personas y con quienes hicieron posible que las organizaciones criminales convirtieran sus ganancias ilegales en patrimonio aparentemente legítimo? ¿Cómo se garantiza que la información entregada permita llegar hasta el último beneficiario de esas operaciones?

No estamos hablando de personas que simplemente prestaron un servicio o tuvieron una relación ocasional con una organización criminal. En muchos casos, estas redes financieras y empresariales son parte fundamental de su funcionamiento. Sin ellas, buena parte de las estructuras armadas no tendrían capacidad de expansión, control territorial ni acumulación de riqueza. Por eso, concederles beneficios sin garantías suficientemente exigentes de verdad, recuperación integral de los bienes y colaboración efectiva con la justicia puede terminar enviando un mensaje muy equivocado: que es posible enriquecerse durante años al amparo de la criminalidad y después encontrar una salida jurídica relativamente favorable.

La preocupación no es solamente que algunos responsables puedan recibir penas reducidas. Es que el Estado termine concentrando sus esfuerzos en quienes ejercieron directamente la violencia, mientras deja en un segundo plano a quienes la financiaron, la protegieron y se beneficiaron económicamente de ella. Si algo debiera enseñarnos la experiencia colombiana es que desmovilizar integrantes de los grupos armados no equivale necesariamente a desmantelar una organización criminal. Las estructuras pueden cambiar de nombre, reorganizarse y seguir funcionando cuando permanecen intactas sus redes económicas, sus mecanismos de protección y sus relaciones de poder.

La propia Defensoría del Pueblo había llamado la atención sobre este problema. Sus observaciones al proyecto señalaron dificultades relacionadas con el traslado de información a la Fiscalía cuando las declaraciones de quienes se someten comprometen a terceros. Se trata de un asunto de enorme importancia. Si alguien entrega información sobre empresarios, funcionarios, intermediarios o personas que contribuyeron a financiar y proteger una organización criminal, esa información debe poder convertirse en materia de investigación. No puede haber obstáculos que terminen protegiendo a quienes hicieron posible la continuidad de esas estructuras.

Pero hay otra pregunta que debería estar en el centro de esta discusión y que, a juzgar por el debate legislativo, no ha recibido la atención que merece: ¿dónde quedan las víctimas?

En Colombia hemos acumulado demasiadas promesas incumplidas en materia de reparación. Miles de personas siguen esperando una indemnización, el retorno a sus territorios, la restitución de sus tierras o, simplemente, una respuesta sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. Las comunidades que padecieron desplazamientos, despojos, amenazas y violencia sexual conocen muy bien la distancia que existe entre los compromisos escritos en una ley y su cumplimiento efectivo.

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la magnitud de esa deuda. Sus estimaciones indican que, al finalizar en 2031 la vigencia de la Ley de Víctimas, apenas una proporción minoritaria de las personas afectadas habrá recibido indemnización. En ese contexto, resulta difícil no preguntarse por qué el Estado parece tener tanta capacidad para diseñar mecanismos de beneficios jurídicos para los responsables y tantas dificultades para garantizar los derechos de quienes sufrieron por las violencias que vive el país.

La reparación no puede convertirse en una cláusula más del acuerdo de sometimiento ni quedar supeditada a la buena voluntad de quienes decidan acogerse a sus beneficios. Tiene que traducirse en bienes efectivamente recuperados, recursos disponibles, restitución de derechos y medidas concretas para las personas y comunidades afectadas. Y debe garantizarse la participación real de las víctimas, no solamente su presencia formal en los procedimientos.

Hay además un asunto que no debería perderse de vista: la verdad. No basta con que los integrantes de una organización reconozcan su pertenencia y entreguen información sobre sus actividades. El país necesita saber cómo se construyeron esas estructuras, quiénes las financiaron, cómo se apropiaron de los territorios, qué relaciones establecieron con sectores políticos y económicos y qué responsabilidades tuvieron agentes del Estado en su expansión o protección. Sin ese esclarecimiento, el sometimiento puede terminar resolviendo una parte del problema mientras deja intactas muchas de sus causas.

Quienes defienden la iniciativa argumentan que no se trata de una amnistía, que los beneficios están condicionados y que los sometidos deberán cumplir obligaciones de verdad, entrega de bienes y reparación. Esos argumentos deben ser considerados. También es cierto que el Estado necesita herramientas jurídicas para facilitar la salida de organizaciones criminales de la violencia. Pero precisamente por eso las condiciones deben ser claras, exigentes y verificables. No se puede confundir la necesidad de ofrecer incentivos con la obligación de renunciar a una justicia efectiva.

Al final, la discusión es mucho más profunda que una diferencia sobre porcentajes de reducción de penas o procedimientos judiciales. Se trata de establecer qué entiende el Estado por desmantelar una organización criminal. Si el objetivo es simplemente conseguir que algunos de sus integrantes abandonen las armas, el resultado puede ser limitado y transitorio. Si lo que se busca es desmontar las estructuras que han permitido la reproducción de la violencia, entonces hay que llegar hasta sus fuentes de financiación, sus patrimonios ocultos, sus testaferros y sus redes de protección.

Y hay que hacerlo sin volver a poner a las víctimas en la incómoda situación de tener que esperar. Porque Colombia no puede seguir construyendo mecanismos de justicia en los que los beneficios para los responsables están claramente definidos, mientras los derechos de quienes padecieron la violencia siguen dependiendo de presupuestos insuficientes, trámites interminables y promesas que se aplazan de un gobierno a otro.

Hay otro riesgo que no debería pasarse por alto: y es que, en medio de la discusión sobre el sometimiento de las organizaciones criminales, se termine ampliando de manera indiscriminada la categoría de terrorismo hasta incluir acciones propias de la protesta social. En un país con una historia tan larga de estigmatización y criminalización de la movilización ciudadana, esta posibilidad resulta especialmente preocupante. La protesta, incluso cuando genera tensiones, bloqueos o alteraciones del orden público, no puede equipararse automáticamente con el terrorismo ni confundirse con las acciones de organizaciones armadas que buscan imponer su control mediante la violencia. Hacerlo supondría desdibujar las fronteras entre el ejercicio legítimo de derechos fundamentales y las conductas criminales, abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y debilitar las garantías democráticas. Una política de sometimiento a la justicia debe servir para enfrentar las estructuras criminales, no para ampliar los márgenes de persecución contra quienes ejercen su derecho a la protesta.

Una política de sometimiento puede ser necesaria. Lo que no puede hacer es convertir la búsqueda de la paz en una nueva oportunidad para legalizar fortunas, diluir responsabilidades, criminalizar la protesta social y dejar sin respuesta a las víctimas. Si quienes financiaron y se enriquecieron con la violencia terminan encontrando una salida favorable, mientras las personas afectadas siguen esperando verdad y reparación, tendremos que preguntarnos, una vez más, a quién está sirviendo realmente la justicia.