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El trabajo rural en la reforma laboral

Por Giancarlos Delgado Huertas

En Colombia se encuentra actualmente en curso una propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional que busca mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país. Esta es una apuesta del Ministerio del Trabajo que, si bien ha sufrido algunos ajustes asociados a las movidas políticas legislativas, sigue en pie en su intención. Uno de los temas de especial énfasis, de la propuesta de reforma, es el trabajo rural.

¿Qué sucede con trabajadores y trabajadoras campesinos y campesinas en el país? ¿Cuáles son sus condiciones de precarización y cómo busca mejorarlas esta reforma laboral? Vamos a explicarlo.

Lo primero es que el trabajo rural en Colombia, representa el 14,3% de la fuerza laboral, más de tres millones ciento treinta y cinco mil personas trabajan en la agricultura, más que toda la población de Medellín y casi la mitad de la población de Bogotá.

Ahora bien, el 87% de estas personas se encuentran en un trabajo informal, esto implica que no tienen un contrato de trabajo, pero además de ello, también que sus vidas se encuentran en condiciones de desprotección pues no tienen afiliación a salud, pensión, ni riesgos laborales.

¿Qué busca, qué propone la reforma laboral para mejorar estas condiciones del trabajo rural en el país?

Lo primero que se plantea es la constitución de un contrato agropecuario que busca formalizar la relación laboral entre empleadores y trabajadores en el trabajo rural, trabajo en agricultura en específico, y busca también, crear una responsabilidad respecto a la garantía de derechos que deben tener los empleadores para trabajadores campesinos y campesinas.

La creación de este contrato agropecuario, tiene una particularidad, y es que no sólo formaliza la relación laboral, también busca la inclusión de algunos sectores o actividades asociadas a la agricultura que usualmente son olvidadas como la pesca, la apicultura y el cultivo de abejas, la protección de bosques y actividades forestales, entre otros.

A su vez, tiene algunos requisitos sobre los que es importante prestar especial atención, uno de esos es que se garantiza que, si el trabajador tiene 27 semanas continuas de contrato, este contrato inmediatamente pasa a ser un contrato a término indefinido, un factor sumamente importante para la garantía de la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras campesinas en el país.

Por otro lado, se piensa que la afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, se da en un carácter de dependiente por parte del trabajador y el empleador, es decir, se debe garantizar por parte del empleador la afiliación a la seguridad social, pues la existencia de un vínculo laboral formal implica la garantía de este derecho.

También se da la concertación del jornal agropecuario, que es la del salario a partir de tener en cuenta la jornada o el día de trabajo, pero, este no puede estar por debajo de un día de salario mínimo legal vigente en Colombia.

Otro aspecto importante que plantea el contrato agropecuario es que se garantizará a trabajadores y trabajadoras que habiten la zona de explotación, el derecho a poder tener una vivienda por parte del empleador con las condiciones locativas mínimas y que esto pueda constituir también, un refugio, una vivienda para sus familias.

En general, si analizamos el contrato agropecuario es un gran avance para la garantía de derechos y la desprotección histórica que ha habido sobre trabajadores, trabajadoras campesinas habitantes de las zonas rurales del país.

Centrar la mirada en el campo, sobre la agricultura, y la garantía de la alimentación y la soberanía alimentaria en el país, es sumamente importante no solo para trabajadores y trabajadoras campesinas sino para el grueso de la población colombiana.

Giancarlos Delgado Huertas

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Hábitat de la misma universidad. Con experiencia en docencia universitaria e investigación en temas asociados a vulneración de derechos laborales de trabajadores agroindustriales, y discriminación (social, económica, política) de población LGBTI.

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