Colombia en el panorama global de violaciones a derechos laborales
La Confederación Sindical Internacional (CSI) publicó recientemente el Informe del Índice Global de Derechos. Como cada año, el documento presenta un ranking de los peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras, priorizando asuntos asociados a los derechos fundamentales en el trabajo. Básicamente se centra en los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y el derecho a la huelga.
Dentro de los hallazgos más importantes a escala mundial sobre la violación al derecho de libertad de asociación sindical, encontramos que 9 de cada 10 países vulnera el derecho a huelga, y que en 8 de cada 10 se ha denegado a trabajadores el derecho a la negociación colectiva. Uno de los datos que llama poderosamente la atención es que en el 49% de los países se ha detenido o encarcelado arbitrariamente a miembros de sindicatos.
Además, la investigación menciona que en el 75% de los países se han dado prácticas que imposibilitan o dificultan el derecho de afiliación sindical.
Los 10 peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras
En su decima primera versión, el Índice Global de Derechos presenta su acostumbrado ranking de los 10 peores países para las y los trabajadores.
Dentro de los 10 peores países del mundo para las y los trabajadores aparecen Bangladesh, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Turquía, ubicados la mayoría en la zona de Oriente Medio y Norte de África.
Para el caso de Latinoamérica aparecen dos países: Ecuador y Guatemala, pero además se registra que en México y Venezuela hay una agudización de las violaciones sistemáticas a derechos laborales, llegando al punto de una amenaza de destrucción del Estado de derecho, que según la CSI es el grado máximo de afectación a derechos de los trabajares y trabajadoras.
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Colombia en el mapa de las violaciones a derechos de trabajadores y trabajadoras
Para entender el lugar que ocupa Colombia en el listado de los peores países en la garantía de derechos laborales, recurrimos a la jerarquización que establece la CSI. Los investigadores asignan una puntuación de 1 a 5+ en la que 1 representa violaciones esporádicas a derechos, mientras 5 y 5+ la no garantía de derechos y los derechos no garantizados debido a la destrucción del Estado de Derecho.
Fuente: Índice Global de Derechos de la CSI 2024.
Colombia está dentro del grupo con calificación 5, es decir se encuentra dentro de los países que no garantizan derechos para sus trabajadores y trabajadoras, acompañado de otros países de la región como Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
Un aspecto que es importante señalar es que el país registra uno de los datos más preocupantes del informe, y es que entre 2023 y 2024 fueron asesinados 11 sindicalistas, y si ampliamos esta información encontramos que entre 1971 y 2023 han sido asesinados 3.323 sindicalistas, mientras que 7.884 han sido amenazados de muerte, siendo Colombia el país más mortífero del mundo para el ejercicio de la libertad sindical.
Frente a los anteriores datos, es importante precisar que en Colombia la llegada de un gobierno progresista generó gran expectativa frente a la posibilidad de superar deudas históricas en materia de estándares de garantías en derechos laborales y derechos humanos para la ciudadanía en general. Hay que recordar que la población trabajadora, por décadas, ha sido golpeada a través de políticas implementadas en el marco del modelo neoliberal y por la fuerte cultura y violencia antisindical. La Comisión de la Verdad (2022), en el caso anexo “Verdades Inaplazables: Violencia antisindical en el marco del conflicto armado interno en Colombia”, documenta más de 15 mil violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas.
Si bien, la transformación de estas realidades hace parte de la agenda del actual gobierno, algunas de ellas a través del impulso de las reformas sociales que buscan impactar las condiciones laborales, el sistema de protección a pensiones y el régimen de salud; también es necesario aclarar que el pulso político para su discusión y aprobación está marcado por profundas tensiones con las fuerzas que se oponen al cambio.
Asimismo, si bien la CSI reconoce como un avance lo acontecido en el marco del proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, es importante mencionar que más allá de los anuncios realizados por el gobierno, resulta fundamental el desarrollo de planes y agendas que conlleven hacia avances concretos en materia de los derechos de las víctimas de la violencia antisindical.
En todo caso, se debe tener en cuenta que la transición de un modelo de violaciones sistemáticas a los derechos laborales a un modelo garantista, no es un fenómeno que ocurre de forma automática. Preocupa que la situación de Colombia sea leída por la comunidad internacional como un caso con mejoras notables cuando lo que viven día a día trabajadores y trabajadoras refleja que aún queda mucho trabajo por hacer (no en vano, la mitad de los homicidios a sindicalistas en el mundo suceden en Colombia). No se puede confundir la voluntad política del gobierno con la superación de problemáticas que requieren de esfuerzos y cambios mucho más estructurales.
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