El Congreso que elijamos definirá si el trabajo es derecho o mercancía
No se trata solo de curules ni de cálculos electorales. El próximo 8 de marzo Colombia no elige simplemente un Congreso, decide si el trabajo seguirá siendo un derecho conquistado con décadas de lucha o si se convertirá en una variable de ajuste. La experiencia argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, nos ofrece una advertencia concreta. Y en Colombia ya hay voces —desde Abelardo de la Espriella hasta Vicky Dávila y Paloma Valencia— que celebran ese modelo como ejemplo a seguir.
Por: Mayra Alejandra Restrepo Sabaleta
En Argentina, el paquete de reformas impulsado por Milei bajo el argumento de “liberar la economía” incluyó una fuerte ofensiva contra la legislación laboral. La narrativa fue una que ya hemos escuchado, más flexibilidad para crear empleo, menos “rigideces”, más libertad contractual. En la práctica, el resultado ha sido precarización e incertidumbre.
Una de las propuestas más polémicas ha sido el banco de horas, que diluye el principio histórico de jornada limitada. Cuando la excepción se convierte en regla y la negociación es desigual —empresa frente a trabajador o incluso frente a sindicatos debilitados—, la jornada deja de ser un derecho garantizado para convertirse en una variable que se ajusta a la necesidad empresarial.
También se abrió la puerta a esquemas de pago en especie y a los llamados “componentes retributivos dinámicos”, figuras que, bajo la retórica de la innovación, pueden erosionar la estabilidad salarial. El salario deja de ser una base fija y previsible para convertirse en un rompecabezas condicionado a metas, resultados o beneficios no monetarios como alojamiento o alimentación.
Y en ese contexto, la flexibilización de vacaciones y licencias no es un detalle menor, es el síntoma de una concepción del trabajo donde el descanso deja de ser un derecho humano y pasa a ser un costo.
Colombia, precariedad estructural y riesgo de regresión
En Colombia partimos de una realidad laboral ya frágil, alta informalidad, tercerización extendida, brechas salariales de género, sindicalización mínima y violencia antisindical que aún marca nuestra historia reciente. No estamos hablando de un país con derechos laborales consolidados, sino de uno donde aún se pelea por el mínimo vital.
Imaginar aquí una reforma que diluya la jornada limitada o flexibilice el salario no es un experimento técnico, es una amenaza directa a millones de trabajadoras y trabajadores que ya sobreviven con ingresos inestables. En sectores rurales, economías populares y trabajo de plataformas digitales, el “banco de horas” podría convertirse en jornadas interminables sin pago real de horas extras.
Si el Congreso adopta una mayoría que vea el trabajo solo como costo y no como derecho, propuestas como el pago en especie podrían terminar normalizando que la vivienda o la comida sustituyan salario. Eso, en un país con profundas desigualdades territoriales, es retroceder décadas.
El Congreso no es un espectador, es el escenario donde estas iniciativas se convierten en ley. Allí se decide si se fortalece la inspección laboral o si se debilita, si se protege el descanso o se flexibiliza, si se garantiza estabilidad o se promueve rotación permanente.
El espejismo del “milagro” y la responsabilidad democrática
Las voces que elogian las medidas de Milei suelen destacar indicadores macroeconómicos o discursos de ajuste fiscal. Pero rara vez hablan de las consecuencias sociales, caída del poder adquisitivo, conflictividad sindical, pérdida de derechos colectivos, entre otros. El mercado no reemplaza la dignidad.
En Colombia, el riesgo no es abstracto. Cuando referentes políticos y mediáticos celebran sin matices una agenda de desregulación laboral, están preparando el terreno cultural para replicarla. Se instala la idea de que los derechos laborales son un obstáculo, no una conquista para la vida digna de trabajadores, trabajadoras y sus familias.
Elegir un Congreso sin mayoría progresista no significa automáticamente una reforma regresiva, pero sí abre la puerta para que estas iniciativas encuentren respaldo suficiente. Y una vez que los derechos se recortan, recuperarlos cuesta generaciones.
El 8 de marzo, fecha conmemorativa de las luchas de las mujeres trabajadoras, no debería pasar desapercibida. Las reformas laborales regresivas suelen impactar con mayor fuerza a mujeres, jóvenes y poblaciones racializadas, quienes ya ocupan los eslabones más precarios del mercado laboral.
Votar no es un trámite, es defender el derecho a trabajar con dignidad
El Congreso que elijamos definirá si el trabajo en Colombia se consolida como un derecho protegido o si se transforma en mercancía flexible al antojo del mercado. No es exageración, es la lección que hoy ofrece Argentina.
Informarse, revisar trayectorias, exigir compromisos claros sobre derechos laborales y justicia social no es militancia partidista, es responsabilidad democrática. Porque cuando el trabajo pierde garantías, lo que se erosiona no es solo el salario, es la posibilidad misma de construir proyecto de vida.
El 8 de marzo no es una fecha cualquiera. Es una oportunidad histórica para que la ciudadanía decida si el país avanza hacia más derechos o retrocede hacia la precarización. Votar con conciencia es defender la jornada laboral, el salario digno y el descanso como derechos irrenunciables.
Mayra Restrepo
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Educadora en procesos no formales con enfoque en metodologías participativas. Ha coordinado proyectos de cooperación internacional en torno al diálogo social, así como estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Cuenta con experiencia en la formulación, planeación y monitoreo de proyectos con enfoque de derechos, lo que le ha permitido consolidar un perfil integral entre la gestión operativa y la comunicación estratégica.
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