Balance de los derechos humanos en Colombia. Entrevista a Max Yuri Gil
La Corporación Voces por el Trabajo es una organización defensora de derechos humanos, laborales y ambientales, creada en septiembre de 2023. Queremos llevar nuestra misión a distintas regiones del país, y en articulación con sujetos diversos, organizaciones y redes.
A propósito de la conmemoración de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este 10 de diciembre, en esta fase inicial de vida institucional, ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos como el resultado de luchas históricas sociales y populares por la dignificación del ser humano.
En el marco de este evento conmemorativo nuestras Voces se suman a la acción colectiva y la exigibilidad por la promoción, la garantía y la protección de los derechos humanos, como también al reconocimiento frente a la invaluable labor que realizan defensores y defensoras en Colombia y en el mundo.
A propósito, conversamos con el profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil. Él ha sido profesor e investigador y también se desempeñó como coordinador territorial de la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero. Durante décadas, ha orientado su trabajo académico y social en favor de la defensa de los derechos humanos.
El docente nos hace un balance del tema de los derechos humanos en Colombia durante este 2023. Nos cuenta cuales son las principales diferencias que tiene Colombia frente a otros países de la región, analiza cuales son las poblaciones más afectadas en lo que tiene que ver con violaciones a sus derechos humanos y nos habla de la importancia de conmemorar este 10 de diciembre.
¿Cuál es el balance que usted podría hacer en temas relacionados con los derechos humanos en Colombia en este 2023?
El 2023 está marcado por algunos cambios, en algunas de las tendencias, especialmente originadas por el cambio en el Gobierno Nacional. La llegada de un gobierno inédito en la historia política del país, con una orientación de centro izquierda, ha marcado algunos cambios en las prácticas y en los discursos desde la institucionalidad. Veníamos de un gobierno, como el de Duque, donde las violaciones de derechos humanos, por parte de integrantes de organismos estatales, se consideran como normales, como propias del accionar institucional. En eso hay un cambio en el discurso y en las prácticas del nuevo gobierno. Creo que hay un mayor reconocimiento de la importancia de los Derechos Humanos, de la posición de garante del Estado frente a ese tipo de situaciones, y en esa medida, creo que eso es muy importante.
Además, han disminuido considerablemente las denuncias sobre uso de la fuerza contra los manifestantes y contra la población que se moviliza demandando diferentes derechos. Veníamos de la represión del estallido social. Los informes hablan de más de 69 personas asesinadas a manos de la fuerza pública o en hechos confusos y la justificación del gobierno anterior, incluso con los mensajes simbólicos del Presidente de la República con chaqueta de la Policía felicitando.
Este gobierno trae un cambio en el mensaje. Se hizo una reforma del ESMAD que todavía no se logra ver con total claridad que ha pasado, y así mismo, el impulso de una agenda legislativa, por parte del gobierno nacional y la coalición de gobierno, que busca realizar reformas en diferentes puntos, pero dejando claro, que los resultados son muy poco favorables en los temas del debate de la salud, en la reforma en la educación, la reforma laboral, la reforma pensional, incluso, con la propuesta de ley de paz total para el sometimiento. Han sido iniciativas que han buscado transformaciones, pero con muy bajo éxito, con problemas de gobernabilidad, por problemas internos de la misma coalición y del gobierno y también por la oposición de sectores que no están dispuestos a permitir mayores reformas en temas que son muy sensibles para la población.
Lo otro que ha pasado y que es parte del cambio, es que hay unos descensos de la manifestación ciudadana, se mantienen las acciones de organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, étnicas, estudiantiles, pero hay un descenso de la movilización y una búsqueda de participación en espacios interinstitucionales con el Gobierno para tratar de impulsar agendas y reformas.
También hay que decir que los indicadores de violencia, que son pues una parte de la medición de los derechos humanos, muestran algunas mejoras. En eso coincide un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y un informe que presentó la Fundación Pares esta semana: hay descenso de algunas modalidades de violencia, todavía muy incipientes, no marcan una gran tendencia. Por otro lado, y se mantienen algunas situaciones preocupantes, especialmente por el enfrentamiento entre grupos armados de muy diversa índole, desde el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras y así mismo, prácticas de violencia contra la población civil en zonas en disputa y el crecimiento de algunas modalidades preocupantes, especialmente el secuestro. Ese sería el panorama general.
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¿Qué caracteriza a Colombia en relación a otros países de la región en torno a los derechos humanos?
En Colombia podríamos identificar dos diferencias: la primera; el conflicto armado mantiene incidencia sobre diferentes dinámicas humanitarias. Eso no pasa en ningún otro país de América Latina. Hay dinámicas de violencia colectiva más asociadas al narcotráfico y criminalidad y a represión, como en el caso, por ejemplo, de Perú o de El Salvador, (hay que esperar cómo evoluciona a la situación en Argentina) pero en general, el hecho de esta persistencia del conflicto armado colombiano expresa una particularidad. La segunda diferencia es el represamiento de una agenda social de transformaciones y reformas que en Colombia ha tenido muy poca vida y que también se expresó en el estallido social de hace dos años.
¿Cuáles son los principales grupos o poblaciones afectadas en lo relacionado con los derechos humanos en el país?
De manera general habría que decir, (y para no mantener la mirada solamente sobre derechos civiles y políticos y sobre el conflicto armado) que el problema de Colombia es que nosotros tenemos una situación de inequidad muy grande y eso significa que buena parte de la población desenvuelva su vida cotidiana en medio de grandes privaciones de todo tipo; salud, educación, vivienda, empleo, bienestar en general, hambre. Esos son temas que afectan, de manera general, a una parte de la población que es la más pobre y con más grandes necesidades.
Hay unas situaciones específicas de carácter poblacional que también son preocupantes. El tema de la violencia, de todo tipo, contra las mujeres, el tema el mantenimiento de prácticas violentas contra las personas indígenas, la población LGBTIQ+ y los y las extranjeras en el país.
De manera general, habría que señalar que hay una situación grave que afecta a buena parte de la población. Ya de manera específica, el conflicto armado, provoca una victimización sobre el grupo de población, especialmente rural, y lo que ha pasado con la violencia contra los liderazgos sociales, configurado una población en alto riesgo. También hay violencia contra los excombatientes, vamos a cerrar el año con 410 asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
¿Cuáles son las medidas que considera usted urgentes para reparar a las víctimas?
A pesar de que hay avances en los discursos y en las prácticas del nuevo gobierno, por ejemplo, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en diferentes casos de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el de la Unión Patriótica, el mismo caso del sindicalismo, el caso de las ejecuciones extrajudiciales, (que es más de lo ámbito interior) o casos como los de las masacres del Aro y la Granja, que son un avance. Sin embargo, creo que hay una necesidad de fortalecer los programas de atención y reparación integral a las víctimas como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, (UARIV), en la cual Patricia Tobón ha venido haciendo esfuerzos. Pero todavía estamos muy lejos. Hay un tema que se desprendía del Acuerdo de Paz que tiene que ver con el fortalecimiento de los reconocimientos simbólicos y colectivos a diferentes grupos de víctimas y también hay un tema central: hay una disputa en la narrativa nacional sobre quiénes son las víctimas y cómo se deben reparar. Hay sectores en la sociedad negacionistas, revisionistas de lo que ha pasado, por ejemplo, en las reacciones frente al tema de las ejecuciones extrajudiciales sigue siendo muy preocupante la justificación de más de 6400 víctimas durante el periodo del 2002 al 2010, periodo del uribismo. Sigue siendo una deuda que está ahí.
Me parece que para ser coherentes, en los procesos de negociación con el ELN, con las disidencias y el proceso de sometimiento de otras estructuras, el tema de víctimas tiene que estar de manera muy fuerte.
Por último, ¿por qué considera que es importante conmemorar este 10 de diciembre?
El tema de los derechos humanos es un componente fundamental de la agenda democrática del mundo. Hoy estamos ante retrocesos muy preocupantes: el auge de gobiernos autoritarios de derecha en diferentes lugares del mundo, el auge del autoritarismo, el auge de los populismos, el incremento de las guerras, que hace varias décadas no veíamos tales niveles de contienda en el mundo, especialmente lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en Gaza, son cosas muy preocupantes. En general, el mundo contemporáneo está marcado por un problema y está muy lejos de tener unos niveles satisfactorios de garantía de la dignidad humana. Problemas como el hambre, la miseria, la pobreza, la contaminación ambiental, la guerra y las violencias, justifican que el tema de derechos humanos tiene que estar en la agenda y que el 10 de diciembre debe ser una especie de momento para volver a poner presente que nos queda todavía mucho que hacer en la materia.
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