Voces bajo asedio: situación de los derechos humanos, sindicalismo y liderazgo social en Colombia
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, resulta crucial examinar la situación actual de los derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en la violencia contra sindicalistas y contra líderes sociales y ambientales.
Por: Pablo González
Colombia ha vivido décadas de conflicto armado y estigmatización de la protesta social, lo que ha dejado un legado de violaciones graves a los derechos de quienes defienden causas laborales, comunitarias y ambientales. Este texto presenta antecedentes históricos de la violencia antisindical, un panorama del contexto reciente, las cifras más actuales de ataques y homicidios, el análisis de las respuestas institucionales, y las posiciones y demandas de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
La evidencia sugiere que, pese a ciertos avances, persiste un patrón sistemático de agresiones – muchas de estas, derivando en letalidad – y una alarmante impunidad que desafía los esfuerzos por garantizar la no repetición de estos hechos.
Antecedentes: violencia antisindical en el conflicto armado interno colombiano
La violencia contra el movimiento sindical en Colombia ha sido sistemática y prolongada. Durante las últimas décadas del conflicto armado interno (especialmente desde los años 1980), los sindicalistas fueron señalados como “enemigos internos” y sufrieron una campaña de exterminio. Entre 1971 y 2023, se documentaron al menos 15.810 violaciones contra sindicalistas colombianos, incluyendo 3.323 sindicalistas asesinados, 449 atentados contra su vida, 254 desapariciones forzadas, 7.884 amenazas de muerte y 1.987 casos de desplazamiento forzado.
Estas cifras reflejan un patrón de violencia antisindical que distintas fuentes han calificado incluso de genocidio sindical. De hecho, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente 63% de todos los asesinatos de sindicalistas en el mundo ocurrieron en Colombia, convirtiendo al país en uno de los más peligrosos para ejercer la labor sindical.
La Comisión de la Verdad de Colombia corroboró la magnitud de esta persecución. En su informe final (2022), la comisión registró que entre 1970 y 2021 hubo 15.481 violaciones de derechos humanos contra personas sindicalizadas, de las cuales 3.295 fueron homicidios, además de miles de amenazas y desplazamientos. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) fue identificada como la organización sindical más golpeada, con 6.301 hechos victimizantes documentados en ese periodo.
Estas cifras históricas evidencian cómo sectores armados ilegales –principalmente grupos paramilitares, a veces en connivencia con actores estatales y algunos empresarios– “mataron a miles de sindicalistas solo para aumentar sus ganancias”, según expresó el presidente Gustavo Petro en un acto de reconocimiento. La violencia antisindical se caracterizó por ser selectiva y sistemática, buscando silenciar la acción colectiva de los trabajadores mediante asesinatos, amenazas, torturas y otras violaciones a la dignidad humana.
Junto con los sindicalistas, líderes sociales, comunitarios, indígenas, afrodescendientes y ambientales también han sido históricamente víctimas del conflicto y la violencia política. En zonas rurales disputadas por las guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, los líderes comunitarios que reclamaban tierras, defendían derechos humanos o exigían presencia estatal sufrieron amenazas, homicidios y desplazamientos masivos.
Este fenómeno se recrudeció tras la desmovilización paramilitar de mediados de los 2000, cuando emergieron nuevas estructuras criminales (bandas neoparamilitares o Bacrim) que continuaron atacando a líderes locales. La estigmatización de estos líderes como “colaboradores de la guerrilla” fue empleada para justificar crímenes atroces durante el conflicto.
Un acuerdo ¿de paz?
La firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 generó la esperanza de una reducción en la violencia contra líderes sociales y sindicales. Sin la confrontación con las FARC, se esperaba que cesaran los señalamientos y atentados contra activistas de base.
Sin embargo, la realidad posacuerdo ha sido más compleja. Si bien algunas regiones experimentaron una reducción inicial de la violencia, en otras surgió un reacomodo de grupos armados (disidencias de las FARC, ELN fortalecido, grupos sucesores del paramilitarismo como el Clan del Golfo, entre otros) que aprovecharon el vacío de poder. Estos actores continúan disputándose el control territorial de economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, contrabando), y frecuentemente ven a los líderes comunitarios –especialmente quienes promueven la sustitución de cultivos ilícitos, la defensa del medio ambiente o la implementación del Acuerdo de Paz– como obstáculos a sus intereses.
En regiones como el Cauca, Catatumbo (Norte de Santander) o Nariño, los homicidios de líderes sociales han seguido una tendencia alarmante, ligada a la persistencia del conflicto armado y la ausencia de una presencia estatal eficaz.
Cada ciclo electoral reciente en Colombia ha venido acompañado de picos de violencia política en los territorios. Publicaciones han señalado que en los meses previos a elecciones (ya sean locales o nacionales) recrudecen las amenazas y asesinatos de líderes, como parte de estrategias de actores armados ilegales para “reorganizar el poder en los territorios” e intimidar a comunidades.
De cara a las elecciones de 2022 y ahora rumbo a las de 2026, este patrón se ha repetido: los departamentos históricamente conflictivos –Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander– concentran la mayoría de los ataques. Municipios como Tumaco (Nariño), Corinto y Caloto (Cauca), Cali, Tibú (Norte de Santander), Tarazá (Antioquia) o incluso Bogotá, aparecen entre los lugares con mayor número de líderes asesinados en los años recientes.
No obstante, desde 2022 se han visto algunos cambios en la dinámica. El gobierno actual ha emprendido políticas de “paz total” buscando negociar con diversos grupos armados y ha prometido mayor protección a líderes y lideresas sociales y ambientales. Estas iniciativas podrían haber contribuido a una ligera disminución estadística en ciertos indicadores de violencia en 2023, por ejemplo.
De hecho, la Defensoría del Pueblo reportó un descenso del 16% en los homicidios de líderes sociales de 2022 a 2023 (de 215 casos en 2022 a 181 en 2023). Sin embargo, y según organizaciones como Indepaz, se advierte que Colombia estaría experimentando una suerte de “paz estadística”. Es decir, las cifras anuales ya no aumentan drásticamente, pero se han estabilizado en un nivel alto, con al menos un líder social asesinado cada semana en promedio.
En el caso específico de la violencia antisindical reciente, los asesinatos de sindicalistas han disminuido notablemente en comparación con las peores épocas (años 1990 y 2000, según CEV). No obstante, las amenazas, atentados y hostigamientos contra dirigentes sindicales persisten en la actualidad. Entre 2021 y 2022, por ejemplo, se registraron al menos 13 homicidios de sindicalistas, 6 intentos de asesinato y 99 amenazas según informes sindicales presentados ante la OIT.
Violencia en contra de líderes y lideresas sociales, ambientales y sindicales
Las estadísticas recientes confirman que Colombia sigue enfrentando una grave situación de violencia contra líderes sociales, ambientales y sindicales, aunque con algunas particularidades en cada caso:
Líderes sociales y defensores de derechos humanos: desde el 1 de enero de 2016 hasta noviembre de 2025, han sido asesinados 1.865 líderes y lideresas sociales en el país, según El Espectador. Esta cifra –que incluye a líderes comunales, étnicos, campesinos, defensores de derechos humanos y activistas comunitarios– ilustra el enorme saldo trágico en los años posteriores al Acuerdo de Paz.
Los datos de Indepaz indican, además, que entre 2022 y noviembre de 2025 ocurrieron 709 homicidios de personas con algún liderazgo social, lo que muestra que cerca del 38% de todos los casos del posacuerdo se concentran en los años más recientes (2022-2025). Solo en 2023, la Defensoría del Pueblo contabilizó 181 líderes asesinados (160 hombres y 21 mujeres), y en 2024 otras fuentes reportaron alrededor de 170 homicidios (cifra preliminar) de líderes sociales. Los territorios más peligrosos para ejercer estos liderazgos siguen siendo Cauca, Antioquia y Nariño, departamentos que concentraron el 41% de los casos en 2023. Les siguieron Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Bolívar e incluso Bogotá con números significativos. Los sectores de liderazgo más atacados en 2023 fueron el comunal e indígena (37 homicidios cada uno), el comunitario (36), seguidos por líderes campesinos, afrodescendientes, víctimas del conflicto, población LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos en general.
Líderes y lideresas ambientales: en 2022, al menos 60 defensores ambientales fueron asesinados en el país, la cifra más alta a nivel global ese año, según medios de comunicación. Lejos de mejorar, en 2023 Colombia batió un récord histórico con 79 defensores del ambiente asesinados, la cantidad más alta registrada por la ONG Global Witness. Estos asesinatos representan cerca del 40% del total mundial en 2023, subrayando la extrema vulnerabilidad de los ambientalistas colombianos. Las víctimas suelen ser líderes indígenas, campesinos y comunitarios que se oponen a proyectos extractivos, a la deforestación, a la minería ilegal o a actividades de narcotráfico que destruyen ecosistemas.
Paradójicamente, estos crímenes aumentaron incluso mientras Colombia asumía compromisos internacionales por la naturaleza –por ejemplo, en la pasada COP16 de biodiversidad–, lo que resalta la brecha entre el discurso ambiental y la realidad en las regiones.
Violencia antisindical actual: Aunque la intensidad de la violencia contra sindicalistas es menor hoy que en las décadas pasadas, los ataques no han cesado. En 2023, se presentaron casos representativos de este tipo de violencia como el asesinato de dirigentes sindicales del sector azucarero (al menos cinco corteros de caña asesinados durante el año, según reportó la prensa), así como continuas amenazas contra líderes de Fecode (educación) y de la CUT. De acuerdo con la Confederación Sindical Internacional (CSI), entre 2021 y 2022 Colombia registró 19 asesinatos o intentos de asesinato de sindicalistas y fue señalada como el país más peligroso para los trabajadores en las Américas.
Las cifras de sindicalistas asesinados por año han oscilado en unidades o decenas en los últimos tiempos (por ejemplo, la CSI señala 22 asesinatos entre abril 2020 y marzo 2021), lejos de los centenares anuales de los años noventa; pero cualquier comparación debe considerar que hoy el movimiento sindical es más pequeño (producto de años de terror han situado la tasa de sindicalización en 4%) y que la persecución tomó formas más sutiles de violentar por medio de la criminalización judicial, los despidos masivos, las campañas de estigmatización, etc.
En síntesis, respecto a la violencia en contra de líderes y lideresas sociales, ambientales y sindicales, en 2023 se presentó una leve mejoría en números globales, mientras que 2024 y 2025 mantuvieron ese “umbral” de violencia letal.
Desde 2016, el país ha perdido a por lo menos 1.800 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos decenas de ambientalistas, y en paralelo ha visto caer a varios dirigentes sindicales (especialmente de sectores rurales o vinculados a conflictos locales).
CODA – Observatorios Betsabé Espinal: documentar para accionar
En este contexto persistente de violencia antisindical y contra liderazgos sociales, la documentación rigurosa y sistemática se convierte en una herramienta política de primer orden. La dispersión de la información, la subnotificación de los casos y la fragmentación de los registros han sido, históricamente, aliadas de la impunidad. Frente a ello, la creación de los Observatorios Betsabé Espinal, impulsados por la Corporación Voces por el Trabajo, con el apoyo del Fondo Noruego para la Defensa de Derechos Humanos, constituye una apuesta estratégica para fortalecer la memoria, la denuncia y la exigibilidad de derechos del movimiento sindical colombiano
Los Observatorios Betsabé Espinal se conciben como un sistema unificado de observación, investigación y acción sindical, orientado a producir evidencia sólida sobre la violencia antisindical, las condiciones de trabajo decente y el cumplimiento de las políticas públicas laborales. En particular, el Observatorio de Violencia Antisindical busca consolidar información histórica y actualizada sobre homicidios, amenazas, atentados, desplazamientos, estigmatización y otras formas de agresión contra personas y organizaciones sindicales, vinculando datos cuantitativos con análisis narrativos y territoriales.
Esta herramienta permitirá, por primera vez, centralizar y hacer accesible información que hoy se encuentra dispersa entre informes sindicales, decisiones judiciales, reportes de prensa y registros institucionales. A través de dashboards interactivos, repositorios documentales, boletines de alerta temprana e informes anuales, los observatorios pretenden facilitar la consulta pública de casos, el seguimiento a patrones de violencia y el monitoreo de compromisos estatales relacionados con la reparación colectiva y las garantías de no repetición.
Más allá de su dimensión técnica, los Observatorios Betsabé Espinal tienen una vocación política y pedagógica. Están pensados como instrumentos al servicio del movimiento sindical y de la sociedad civil para fortalecer procesos de formación, incidencia y diálogo social, así como para sustentar denuncias ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Su construcción colaborativa —con la participación de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT— busca romper el aislamiento histórico de las víctimas y reafirmar que la violencia antisindical no es un asunto del pasado, sino un problema estructural que sigue condicionando la democracia colombiana.
En el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la puesta en marcha de los Observatorios Betsabé Espinal representa un gesto concreto frente al riesgo de la desmemoria. Nombrarlos en honor a Betsabé Espinal, pionera del sindicalismo femenino en Colombia, es una afirmación política según la cual el sindicalismo ha sido —y continúa siendo— un actor central en la defensa de los derechos humanos.
Documentar la violencia, sistematizarla y hacerla visible es, en este sentido, una forma de proteger la vida, disputar la narrativa de la impunidad y construir condiciones reales para que liderar, organizarse y exigir derechos en Colombia deje de ser una actividad de alto riesgo.
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Pablo González
Periodista y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, con experiencia en producción de contenidos periodísticos gráficos, audiovisuales y sonoros, y trayectoria en investigación sobre derechos humanos y memoria.
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