El país que trabaja sin derechos: la sociedad civil entrega a la ONU el Informe Alterno 2025
Una radiografía del estado de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de la naturaleza en Colombia. Voces por el Trabajo participó en la redacción del capítulo sobre los derechos al trabajo y en el trabajo, advirtiendo que el país sigue en deuda con la dignidad laboral.
Por: Juan Pablo González y Mayra Restrepo
En octubre de 2025, más de 150 organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos presentaron ante las Naciones Unidas el Informe Alterno de la sociedad civil al Séptimo Informe del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Coordinado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), el informe se construyó durante dos años de trabajo colaborativo entre colectivos territoriales, organizaciones étnicas, movimientos sociales y académicos, en una de las apuestas más completas para medir, desde abajo, cómo se garantizan —o se vulneran— los derechos fundamentales en Colombia.
El informe llega en un momento decisivo para el país, marcado por la reconfiguración del conflicto armado, la crisis climática, la desigualdad persistente y las reformas sociales en marcha. Más que un simple balance, se trata de un espejo que refleja las tensiones entre las promesas de cambio y las realidades que siguen negando derechos a amplios sectores de la población. Su propósito es ofrecer al Comité DESC una evaluación alternativa, independiente y rigurosa del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) durante el periodo 2018–2025, abarcando los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.
Más que un diagnóstico, un espejo del país que somos
Desde su introducción, el informe plantea una verdad incómoda, las causas estructurales del conflicto colombiano siguen siendo la pobreza, la desigualdad y la desprotección de los derechos básicos. A pesar de las reformas sociales, los programas de transferencias y los discursos de cambio, los niveles de exclusión permanecen casi intactos. En las zonas rurales, la pobreza multidimensional triplica la de los centros urbanos, las mujeres y las comunidades étnicas siguen soportando las mayores cargas de precariedad, y el modelo económico continúa priorizando la rentabilidad privada por encima de la justicia social.
La primera parte del documento se detiene en los problemas estructurales que marcan la vida cotidiana del país. Examina la pobreza y la desigualdad como motores históricos de exclusión, analiza cómo el conflicto armado —lejos de desaparecer— se ha reconfigurado y expandido, y muestra los impactos de la crisis climática sobre la seguridad alimentaria, la salud y la vivienda. También revisa el papel del poder corporativo en la concentración de la riqueza y en la captura de decisiones públicas que debilitan la garantía de los derechos.
El corazón del informe: los derechos en disputa
La segunda parte constituye el corazón del informe, una evaluación por derechos que abarca el trabajo, la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la tierra, el agua, la cultura y el ambiente. En este bloque se encuentra el capítulo “Derechos al trabajo y en el trabajo”, elaborado por la Corporación Voces por el Trabajo, que pone en el centro una verdad dolorosa: Colombia sigue siendo un país donde millones de personas trabajan sin derechos.
El texto señala que más del 56 % de la población ocupada vive en la informalidad, sin contrato, sin seguridad social y sin posibilidad de afiliación sindical. En sectores como la agricultura, el comercio, el trabajo doméstico y la economía popular, la precariedad laboral se ha normalizado. La tercerización y las falsas cooperativas continúan diluyendo la responsabilidad empresarial y debilitando los derechos colectivos. Las mujeres, especialmente las afrodescendientes y rurales, son las más afectadas por la desigualdad salarial, la sobrecarga de cuidado y la falta de oportunidades de formalización.
El capítulo redactado por Voces por el Trabajo advierte que el país necesita un nuevo pacto laboral y social basado en el concepto de trabajo decente. Donde garantizar el derecho al trabajo no se limita a crear empleo, sino a asegurar condiciones dignas, estabilidad, protección social, igualdad salarial y libertad sindical. El informe denuncia que los sistemas de inspección laboral son insuficientes y que la impunidad frente a la violencia antisindical sigue siendo la norma, a pesar de los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
Una mirada desde las Voces y los territorios
La tercera parte del documento ofrece una lectura de los derechos desde los sujetos. Mujeres, población LGBTIQ+, personas mayores, personas con discapacidad, defensoras y defensores de derechos humanos, migrantes, campesinos, niñas, niños y jóvenes narran sus experiencias y los obstáculos que enfrentan en el acceso a los derechos más básicos. Estas voces muestran la dimensión humana detrás de las cifras y evidencian cómo las desigualdades se entrelazan en la vida real de las comunidades.
La cuarta parte se enfoca en los territorios, donde los DESC se viven —o se niegan— con particular intensidad. Desde el Pacífico y la Amazonía hasta las regiones andinas y los entornos urbanos, las organizaciones locales describen el abandono estatal, la expansión extractivista, la violencia armada y los impactos de la crisis ambiental. En cada territorio, la defensa de los derechos se libra como una lucha por la supervivencia y la dignidad.
De la denuncia a la esperanza
Este informe, por supuesto, no se limita a la denuncia, pues aporta propuestas concretas para fortalecer las políticas públicas desde una perspectiva de derechos. Plantea la creación de un sistema nacional de trabajo decente, el fortalecimiento de la inspección laboral, la formalización con enfoque de género, la inclusión del cuidado como dimensión económica y la participación sindical en la formulación de políticas. En otras áreas, recomienda garantizar el acceso universal a la salud y la educación, asegurar la soberanía alimentaria, proteger los ecosistemas estratégicos y avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz.
Más allá de las cifras, el informe es una invitación a repensar el país desde la dignidad humana. Su fuerza está en el método: construido desde los territorios y con las comunidades, se convierte en un instrumento de exigibilidad y de incidencia política. En él convergen voces diversas que comparten una certeza: sin trabajo digno no hay democracia posible.
Para la Corporación Voces por el Trabajo, participar en la elaboración de este documento es reafirmar una apuesta ética y política, defender los derechos laborales como condición esencial de la justicia social y de la paz. Como se afirma en el capítulo que lleva su impronta, “el derecho al trabajo no se agota en tener un empleo; se cumple cuando ese trabajo respeta la dignidad humana y permite construir vida con derechos”.
El Informe Alterno 2025 es, en definitiva, una herramienta para mirar el país con otros ojos, desde las resistencias, desde los territorios y desde quienes trabajan cada día para sostener la vida. Es un recordatorio de que la gran riqueza de Colombia no está en sus recursos naturales ni en sus balances macroeconómicos, sino en las manos, los saberes y los quehaceres de la clase trabajadora.
Mayra Restrepo y Pablo González
Mayra Restrepo, Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia con especialización en Comunicación Organizacional (UPB), y Pablo González, Periodista y Magíster en Ciencia Política (UdeA), son profesionales que combinan la comunicación estratégica con un marcado enfoque social y de derechos humanos. Mayra aporta experiencia integral en la gestión operativa, la coordinación de proyectos de cooperación internacional (diálogo social), campañas educomunicativas y el monitoreo de iniciativas con enfoque de derechos, además de ser educadora en procesos participativos. Por su parte, Pablo se enfoca en la producción de contenidos periodísticos (gráficos, audiovisuales y sonoros) para organizaciones no gubernamentales e instituciones, ligando su trayectoria a la investigación en derechos humanos y memoria histórica .
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