Cuando el mínimo deja de ser “mínimo”
El salario mínimo en Colombia dejó de ser un número para convertirse en campo de batalla. La suspensión del decreto que lo elevaba con enfoque de salario vital no solo abrió un litigio jurídico, encendió una disputa de fondo sobre quién decide cuánto vale el trabajo y hasta dónde llega la dignidad en este país.
Por: Giancarlos Delgado Huertas
El pasado 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado adoptó una decisión judicial mediante la cual suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno Nacional había fijado el salario mínimo para 2026 incorporando el enfoque de salario vital, con un aumento del 23,7%. La determinación se produjo en el marco de una demanda de nulidad y fue adoptada como medida cautelar, es decir, como una decisión preventiva que no resuelve el fondo del litigio, pero que detiene temporalmente la aplicación del decreto mientras avanza el proceso judicial.
Palabras más palabras menos, el Consejo de Estado consideró que el decreto no justificaba suficientemente el aumento a la luz de los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996, que obliga a tener en cuenta criterios como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y el aporte del salario al ingreso nacional.
Pero lo más relevante no fue solo la suspensión. El Consejo de Estado, además, ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, ajustado estrictamente a los criterios legales establecidos para la fijación del salario mínimo, mientras se decide de fondo la legalidad del acto suspendido. Esta instrucción convirtió una medida cautelar en una intervención directa sobre la política salarial, dejando un precedente institucional problemático: el poder judicial no solo detiene un decreto, sino que exige al presidente reformularlo en términos concretos y bajo condiciones estrictas.
En respuesta a la suspensión, el 19 de febrero de 2026 el presidente Petro firmó un nuevo decreto, que mantiene el salario mínimo en los valores ya fijados e incluye la argumentación técnica exigida por el alto tribunal. Esta firma estuvo acompañada de movilizaciones públicas de apoyo.
Más allá de tecnicismos jurídicos, la suspensión del decreto, deja al descubierto la disputa por el sentido del salario mínimo, pues en teoría, el salario mínimo es el umbral más bajo que el Estado admite como remuneración aceptable, pero en la práctica, en Colombia ha sido durante décadas una forma legalizada de administrar la pobreza, el reciente aumento del salario mínimo develó que no suele garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, salud plena ni posibilidades reales de bienestar.
En ese marco, la decisión del Consejo de Estado envía un mensaje político contundente, que la dignidad del trabajador puede ser suspendida por razones de forma. Bajo una máscara neutral de la “legalidad” y el “debido procedimiento”, lo que realmente se detiene no es un decreto, sino la posibilidad de que el salario deje de ser una condena a la sobrevivencia.
No existe nada neutral en defender un modelo en el que el salario mínimo no alcanza para vivir. No existe nada puramente técnico en exigir productividad y crecimiento como condiciones para mejorar el ingreso de quienes producen la riqueza, mientras el empresariado exige garantías, subsidios y estabilidad para sus márgenes de ganancia incluso en tiempos de desaceleración.
La decisión, además, no se da en un vacío político. Se inscribe en un momento donde el Gobierno ha convertido el salario mínimo en un símbolo central de su proyecto redistributivo, y donde el poder judicial aparece como un actor que, en nombre de la legalidad, redefine los límites de lo posible. Así, la discusión deja de ser solo económica, se vuelve institucional, ideológica y profundamente social.
Pero en esto debemos ser agudos, lo que hoy está en disputa no es un porcentaje, es una pregunta mucho más incómoda, ¿puede Colombia aceptar que su salario mínimo deje de ser mínimo y se convierta en un salario para vivir? La suspensión provisional del decreto no solo abre un debate jurídico, expone el corazón del conflicto social colombiano, quién tiene derecho a la dignidad, y bajo qué condiciones se considera legítimo garantizarla.
Lo cierto es que mientras la justicia discute decretos y procedimientos, millones de trabajadores siguen enfrentando la misma realidad cotidiana: el salario mínimo sigue siendo, para la mayoría, una línea de contención contra el hambre, no un piso real para la vida.
Giancarlos Delgado
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Hábitat en la misma institución. Cuenta con una sólida trayectoria en investigación en Ciencias Sociales, con énfasis en la defensa y promoción de los derechos humanos y laborales, así como en el análisis de cadenas de suministro. Ha liderado y acompañado procesos de trabajo comunitario, coordinación de proyectos sociales y de cooperación internacional, especialmente con poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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