Colombia, llena de leyes, vacía de Estado: la lucha de Feliciano Valencia desde el Cauca al Senado
A comienzos de la década de 1990, en el marco de los llamados “nuevos constitucionalismos latinoamericanos”, Colombia reconoció que arrastraba una deuda histórica con los pueblos ancestrales: siglos de despojo, marginación institucional y exclusión política traducidos en profundas brechas sociales, territoriales y económicas. El intento por saldar esa deuda tomó forma en una promesa de alcance histórico: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de sus territorios, de sus formas propias de gobierno y de sus derechos colectivos. Sin embargo, mientras los derechos se expandían en el plano normativo, las estructuras encargadas de hacerlos efectivos no respondieron con la misma celeridad ni profundidad.
Por: Sebastián Delgado
La promesa constitucional de un país pluriétnico y multicultural resultó, en gran medida, funcional: un dispositivo estatal orientado a gestionar la diversidad, cooptar las diferencias y regular la convivencia sin alterar las jerarquías coloniales que continúan organizando el acceso al territorio, la justicia y a condiciones materiales de existencia. En amplias regiones del país, la ausencia estructural del Estado ha permitido la expansión de economías ilegales, proyectos extractivos y dinámicas de violencia que impactan de manera directa a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes permitiendo atisbar la profunda contradicción de un país que dio lugar a una inclusión excluyente a través de la omisión y apatía generalizada, convirtiendo el reconocimiento de estos derechos en una acción simbólica y nominal por parte del Estado Colombiano.
En ese escenario, Feliciano Valencia encarna la resistencia histórica del pueblo Nasa como vocero de un proceso colectivo que ha defendido la Madre Tierra frente al monocultivo, el extractivismo y la violencia armada, y cuya acción pública articula exigencia de autonomía territorial, protección de los bienes comunes, la construcción de una justicia ambiental que reconozca la relación espiritual y política entre comunidad y territorio en medio de la disputa democrática por el rumbo del país.
Sebastián Delgado: cuénteme su origen, ¿Dónde nació y qué experiencias le forjaron en este camino que le llevó a la defensa de derechos?
Feliciano Valencia: Nací en la vereda Vilachi, Santander de Quilichao, Cauca. Soy indígena del pueblo Nasa, del territorio ancestral de Munchique Los Tigres, y desde la niñez la vida comunitaria moldeó mi formación política. Ejercí en tres ocasiones como autoridad indígena, coordiné el Plan de Vida de los pueblos indígenas de Santander de Quilichao y trabajé en Derechos Humanos con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Mi vínculo con la Guardia Indígena nació de la defensa territorial frente al monocultivo de caña y las multinacionales madereras en el territorio; en ese trabajo recibí el Premio Nacional de Defensa Territorial. También participé con el Ministerio del Interior y la OEA en la elaboración de la Declaración de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas en Colombia. Desde el año 2000 transité el escenario electoral hasta que en 2018 resulté electo al Senado por la circunscripción indígena con el MAIS. Más recientemente, he integrado la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes. Este ha sido mi trasegar: un recorrido construido junto a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y organizaciones sindicales.
S.D: Toda su trayectoria política ha estado atravesada por la defensa de los pueblos y la justicia ambiental, frente a esto quisiera saber ¿cuáles son para usted esos valores innegociables en su vida política?
Feliciano Valencia: Reconozco tres valores como innegociables. El primero: mi consigna y mi ideal político parten de lo colectivo, ya sea para construir, resistir o tomar decisiones. El segundo es la defensa de la tierra y del territorio como eje fundamental de la vida; sin tierra no es posible nuestra existencia ni la vida en su conjunto. Cuando hablo de tierra me refiero a todas las bondades de la naturaleza: los seres vivos, los recursos y los saberes que de ella emanan; la tierra, en suma, nos lo da todo. El tercer principio es la lucha frontal contra la corrupción, porque los recursos públicos pertenecen a la gente y tienen un carácter sagrado que obliga a su cuidado y respeto.
La tarea de construir democracia no puede agotarse en su enunciación constitucional: debe encarnarse en una práctica cotidiana y concreta. Apuesto por la democracia directa, horizonte exigente pero necesario, que debe estar sostenido en la solidaridad, la reciprocidad, el respeto por todos los seres que habitamos el planeta como condiciones materiales e imprescindibles para una vida digna.
S.D: Habla de un horizonte exigente refiriéndose a la existencia de desafíos para la democracia, frente a esto, le pregunto ¿qué desafíos identifica usted en materia de defensa de derechos, de justicia ambiental y en el campo laboral? ¿Cuáles son sus apuestas frente a estos desafíos en materia de derechos?
Feliciano Valencia: Considero que en el debate público hablamos mucho de derechos y muy poco de deberes, especialmente en materia ambiental, se ha delegado casi todo en la ley. Con frecuencia las personas eluden su responsabilidad en la relación con el entorno y en la defensa de la tierra. Si no asumimos nosotros esa tarea, ¿quién lo hará?. Y si bien Colombia cuenta con un andamiaje robusto en legislación ambiental, la eficacia normativa depende de la voluntad política y de la actuación de los operadores estatales. El resultado es paradójico: disponemos de buenas normas, pero con frecuencia quienes deben implementarlas desestiman la agenda ambiental e incluso desvían recursos destinados a la conservación.
La situación de la Amazonía es ilustrativa: enfrenta deforestación, expansión de intereses multinacionales, economías ilícitas y presencia de actores armados, mientras desde los centros de poder nacionales y globales se reacciona de forma tardía o insuficiente. De ahí que las normas deben ir acompañadas de conciencia social y de un trabajo pedagógico sostenido en las familias y en las escuelas. Se trata de formar a la sociedad para la defensa integral de la vida.
En lo laboral pasa lo mismo: tenemos marcos nromativos como el Convenio 169 de la OIT y debates como el de la reforma laboral, pero las élites con sus intereses empresariales convierten una discusión de justicia en un problema técnico —costos, quiebras, inflación— para eludir lo esencial: la dignificación de quienes trabajan. Del mismo modo, sucede con los derechos de los pueblos ancestrales, de las mujeres y de las juventudes. Colombia es prolífica en normas y leyes, pero con frecuencia carece de la voluntad política y de la conciencia ética para hacerlas efectivas. Sin articulación colectiva, los sectores históricamente marginados continuarán enfrentando escenarios de derrota, exclusión y avasallamiento.
A esto se suman las graves situaciones de orden público en las periferias, donde estructuras ilícitas han cooptado territorios a través de la violencia, el desplazamiento y el reclutamiento forzado, profundizando las ya precarias condiciones de vida de comunidades enteras a las que el Estado no ha logrado llegar.
S.D: Frente a esto de la cooptación de los territorios por parte de las estructuras ilícitas, me gustaría preguntarle ¿cómo concibe usted la construcción de paz en el país? ¿Cree que nos ha faltado ver más allá de la implementación de acuerdos?
Feliciano Valencia: Si quienes operan el gobierno y encarnan la representación del Estado no asumen que la institucionalidad debe llegar a toda Colombia —incluso a los territorios más apartados—, la construcción de paz seguirá siendo una promesa inconclusa. Es precisamente en esas periferias donde los grupos armados, sostenidos en economías ilegales, han construido soberanías paralelas: funcionan como articuladores de la vida pública y gobiernan de facto la vida cotidiana allí donde el Estado ha sido débil o simplemente ha estado ausente.
Pensar la paz en esos contextos exige una estrategia integral. Por un lado, el diálogo político con los actores armados; por otro, una presencia estatal permanente, sostenida y eficaz, acompañada de una inversión pública orientada al fortalecimiento territorial. Las comunidades no piden privilegios; reclaman lo que debería estar garantizado como mínimo democratico —educación, salud, vías, instituciones que funcionen—
En ese sentido, el desafío no consiste en “llegar a inventar” soluciones desancladas de la realidad local, sino articular la acción estatal con las formas organizativas y de resistencia que las propias comunidades han construido históricamente.La paz territorial debe tejerse desde las periferias, no imponerse sobre ellas.
S.D: Por último, usted tiene una larga trayectoria en términos de defensa de derechos de los pueblos ancestrales, derecho a la tierra, me gustaría saber ¿qué mensaje les dejaría a las personas que aún no deciden su voto?
Feliciano Valencia: Observen con atención quiénes están llegando a sus territorios y quiénes buscan acercarse a sus comunidades. En los últimos tiempos vemos desfilar a muchos de los mismos actores políticos que han detentado el poder durante años; por eso, el primer filtro debería ser una pregunta elemental: ¿qué han hecho realmente por estos territorios?, ¿qué han hecho por nosotros?
El voto es un derecho y un recurso sustantivo para la vida democrática, por su valor, debe ejercerse de manera consciente e informada. Sabemos que existen votos cautivos y presiones económicas o laborales para apoyar determinados candidatos. Sin embargo, al momento de votar, cada ciudadano está a solas frente al tarjetón. Ese instante, íntimo e indelegable, preserva la posibilidad de decidir con libertad.
Una mirada editorial
Valencia hace un diagnóstico certero, tenemos un país que se obsesiona por escribir derechos pero tiene una notable indiferencia hacia las condiciones de posibilidad para hacerlos reales. Este es un país que debe debatir con las comunidades su modelo de desarrollo y su concepto de democracia, no haciéndolo desde la gestión de la diferencia, sino construyendo otros modelos de sociedad desde las experiencias de resistencia y re-existencia de quienes han cargado en el cuerpo el peso de la exclusión histórica y la colonialidad.
La pregunta no es si Colombia tiene los marcos normativos para proteger a sus pueblos, los tiene y de manera abundante; sino si existe la voluntad política y la conciencia colectiva para convertir esos marcos en vida concreta. Saldar la deuda histórica con los pueblos ancestrales requiere de esfuerzos mayores en la garantía de derechos reales, fortalecimiento de la presencia estatal en clave de respeto y reconocimiento de la protección de la Madre Tierra como apuesta por la justicia social. La defensa del territorio nunca ha sido una consigna simbólica, sino una condición material para la vida y la pervivencia cultural de los pueblos. La resistencia del pueblo Nasa expresada en procesos de recuperación de tierras, en la guardia indígena y en la movilización social ha sido una forma de ejercer soberanía frente a un Estado que históricamente no ha llegado a cumplir sus funciones.
Sebastián Delgado
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, interesado en estudiar el racismo, y las condiciones laborales de trabajadores de la economía popular. Apasionado por el Caribe y bailador de bullerengue. Sebastián es, actualmente, voluntario de la Corporación Voces por el Trabajo.
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