9 de abril: Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas

Las víctimas de la violencia antisindical no cesan en la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Este 9 de Abril, la Unidad para las Víctimas convoca a la sociedad colombiana a sumarse a la campaña “Por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir”, como una apuesta común por la dignificación de las víctimas en el marco del conflicto armado interno. En medio de esos millones de víctimas con identidades plurales y diversas, se encuentran los sujetos individuales y colectivos que han afrontado la victimización por causa de la violencia antisindical.

Una vez más, la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- reivindica las luchas por la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que durante décadas han sido lideradas por el sindicalismo colombiano como sujeto colectivo, miles de víctimas de la violencia antisindical, sus familiares y organizaciones sociales acompañantes. En medio de este trasegar, esta fecha conmemorativa pone de presente algunos de los principales aprendizajes derivados de experiencias de construcción de paz, como lo son la centralidad de las víctimas, el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado agudizando incluso otras violencias, y los planes y medidas reparadoras implementadas.

En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, las voces del sindicalismo colombiano son sumamente relevantes si se tiene en cuenta que representan el sentir de un sujeto colectivo, miles de víctimas y familiares cuyos proyectos de vida fueron truncados por la violencia antisindical más sistemática y letal que se haya conocido en el mundo, según la Comisión de la Verdad, 15.481 hechos de violencia fueron cometidos contra sindicalistas en Colombia, entre los años 1971 y 2022, de los cuales 3.295 fueron homicidios. Más allá de las cifras, dicha entidad del Sistema Integral de Paz, reconoce la violencia antisindical como un daño profundo a la democracia.

Del reconocimiento como sujeto colectivo víctima a la reparación

Llegar al reconocimiento del movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva es un logro histórico después de que las víctimas y sus familias recorrieran por más de una década, senderos por la exigencia de este derecho. Así fue ratificado por la Resolución 31247 de 2023 expedida por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas – UARIV-, el 24 de marzo de 2023.

Este paso resulta fundamental pero no es suficiente. Ante una coyuntura política favorable, nunca antes experimentada, en el momento actual es imperante avanzar hacia la siguiente fase, aquella relacionada con el diagnóstico del daño como puerta de entrada a la elaboración del plan integral de reparación al movimiento sindical. Para lograrlo se requiere la adecuación institucional de las rutas y programas, y la disposición de recursos, lo cual, pasado un año del acto de reconocimiento, presenta más desafíos que avances. 

La no repetición de la violencia antisindical: una tarea vigente

Como parte de la reparación integral, resulta fundamental que se pueda avanzar en la búsqueda de garantías para la superación y la no repetición de la violencia antisindical. Esto teniendo en cuenta que las violaciones a los derechos humanos cometidas contra sindicalistas en Colombia no cesan, y a un trágico acumulado de más de 15.000 violaciones, día a día se siguen sumando más tragedias humanas, familiares y organizativas. Con cada sindicalista que enfrenta estigmatización, persecución o que pierde su vida, se sigue atentando contra la labor realizada por sindicalistas defensores y defensoras de derechos humanos, socavando la democracia colombiana.

Según la base de datos del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores[1], como se observa en el Gráfico 1, durante el año 2023 se registraron al menos 118 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia.  Mientras que, en los tres primeros meses del año 2024, ya son 22 los casos documentados.

Dicha situación también ha sido documentada por la Escuela Nacional Sindical, que para el año 2023 reporta 69 casos de violaciones a derechos humanos cometidas contra sindicalistas, de las cuales 16 fueron homicidios. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) documentó 22 casos para el mismo periodo, entre ellos 6 asesinatos de docentes sindicalistas. Y en el primer trimestre de 2024, ya son 9 los casos documentados por Fecode, de los cuales 4 son asesinatos y 2 son atentados contra la vida.

Según la base de datos de la CUT, en 2023 fueron 20 las y los sindicalistas quienes perdieron su vida, 16 organizaciones sindicales vieron morir al menos uno de sus integrantes, siendo las principales víctimas docentes sindicalistas y sindicalistas del sector rural. Aunque no menos graves fueron los asesinatos de sindicalistas del sector universitario, empresas prestadoras de servicios públicos, funcionarios públicos del sector social, transporte informal, madres comunitarias y sector bancario. En el año 2024, los asesinatos ascienden a 6 casos. Las amenazas contra sindicalistas siguen siendo el repertorio de violencia antisindical más recurrente.

En cuanto al perfil de las víctimas, 25 hechos fueron contra mujeres sindicalistas, 88 contra hombres sindicalistas, en cinco casos no se logra precisar. Por otra parte, alrededor de 73 casos fueron cometidos contra dirigentes y activistas sindicales, es decir, el 61,86% del total de registros.

Una mirada general a la dinámica de la violencia antisindical registrada en el año 2023, permite identificar que fueron 46 las organizaciones sindicales impactadas por este fenómeno, presentes en 21 departamentos del país lo cual ratifica el carácter sistemático y selectivo de la violencia antisindical.  Como se observa en el Gráfico 2, los departamentos que concentran más altos índices de violencia antisindical son Valle (25), Santander (17), Antioquia (12) y Cauca (12). La situación de derechos humanos para sindicalistas también ha sido crítica en la capital del país y en departamentos como Atlántico, Meta y Norte de Santander.

Asimismo, del total de casos documentados, 108 fueron violaciones cometidas contra sindicatos filiales de la CUT y subdirectivas regionales de esta organización. Las organizaciones sindicales que concentran más altos índices de victimización contra sus integrantes son CUT (21), Fecode (19) y USO (18). Adicionalmente, integrantes de Fensuagro, Sintraunicol, Sintraelecol, Sintramienergetica, Sutimac, Ascol PPUNP, Sinaltrainal, Sincontaxcar, Uneb, Sindesena, Sindhep, Sindistritales, Sinfuninpec, Sintrabancol, Sintracihobi, Sintraemsdes, Sintrafaprocons, Sintragasolina, Sintraindustria, Sintramunicipio, Sintrapalma, Sintraprocol, Sintrasecol, Sintraubpd y  CTC,  también han sido víctimas de este tipo de violencia.

Más allá de las cifras, este contexto enciende alarmas y deja tareas  en el tablero. Las voces de sindicalistas que han enfrentado la violencia antisindical en este periodo reciente, manifiestan que más grave que el hecho de violencia mismo, es la situación de impunidad en la que se hunden los casos, así lo reconocen líderes sindicales de Fecode, la CUT, Sintraelecol y Fensuagro.

Para que las historias de violencia antisindical no se repitan: algunas recomendaciones

• En este 9 de Abril se insiste en la necesidad de cumplimiento del Decreto 624 de 2016 que reglamenta la Mesa Permanente de Concertación para la Reparación al Movimiento Sindical. Asimismo, es crucial atender las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad que enfatizan en la superación de la estigmatización como principal factor de persistencia de la violencia antisindical. Lo anterior es necesario para contrarrestar el flagelo de la violencia antisindical, y avanzar en materia de reparación colectiva e integral para las víctimas individuales y colectivas, dando un lugar central a los derechos de la verdad y la memoria
• Mayores garantías en materia de derechos humanos para la población sindical, también se deriva en el fortalecimiento de espacios interinstitucionales para abordar  y tomar medidas frente a dichas problemáticas, del cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc-EP, los avances en materia de la apuesta de paz total del actual gobierno y la reactivación e implementación de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (2011), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011), el Plan de Acción Laboral firmado entre los gobiernos de Obama y Santos (2011), la Hoja de Ruta en Derechos Humanos y Laborales firmada entre el gobierno colombiano y el Parlamento Europeo (2012) y las medidas sugeridas por el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016), todas encaminadas a la superación de la violencia antisindical y la impunidad, las garantías en materia de protección y la reparación al movimiento sindical.

Bibliografía y otras fuentes revisadas

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022). “Verdades inaplazables: violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano”.

Base de datos Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT Nacional.

Organización Internacional del Trabajo (2011). Misión de Alto Nivel de la OIT en febrero de 2011.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe de 2015, “Recomendaciones de políticas para Colombia” (Naciones Unida, 25 de junio de 2013)

Plan de Acción Laboral (Acuerdo Obama-Santos) del 7 de abril del 2011.

Reportes y boletines de derechos humanos de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode.

Resolución 2628, “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” del Parlamento Europeo, del 13 de junio de 2012.

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[1] La documentación de la base de datos es posible realizarla gracias a la labor de defensores y defensoras sindicales, secretarios y secretarias de derechos humanos en distintos territorios del país, quienes aportan en el monitoreo de la situación de derechos humanos para el sindicalismo, denuncias e informes. Posteriormente, dichos reportes son revisados por el Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores, y consolidados en una base de datos.