¿Productores rurales o campesinos?
Entre las recomendaciones de comunicación que comenzaron a circular recientemente en la Agencia Nacional de Tierras (según La Silla Vacía) hay dos que, puestas una al lado de la otra, resultan políticamente reveladoras: priorizar la expresión “productores rurales” sobre “campesinos” y reemplazar “reforma agraria” por fórmulas como “acceso a tierras” o “formalización”. No se trata de una prohibición formal. Tampoco de una reforma jurídica. Pero sería ingenuo reducirlo a una cuestión de estilo.
Por: Pablo González
Las palabras con las que el Estado nombra la realidad importan porque también delimitan la manera en que esa realidad puede ser entendida. Wittgenstein, por ejemplo, advertía que el significado de las palabras se encuentra en su uso. Una palabra, por tanto, no funciona como una simple etiqueta adherida a una cosa ya dada. Hace parte de prácticas, instituciones y formas de vida. Por eso “campesino” y “productor rural” pueden llegar a señalar a una misma persona y, aun así, no significan políticamente lo mismo.
La expresión “productor rural” ubica a alguien dentro de una lógica económica. Remite a productividad, competitividad, comercialización, crédito, eficiencia, mercado. Describe, ante todo, una función: producir.
La palabra “campesino” contiene bastante más, pues mantiene intrínsecamente una relación histórica con la tierra, al trabajo familiar, al territorio, al arraigo, a formas comunitarias de organización, a conflictos por la propiedad, a movilizaciones, al despojo, a reivindicaciones y a derechos. No describe únicamente lo que una persona hace. También sitúa desde dónde lo hace y dentro de qué entramado social y político.
Un empresario agroindustrial puede ser un productor rural. Una sociedad propietaria de miles de hectáreas también. Un jornalero vende su fuerza de trabajo dentro de la producción rural. Un(a) campesino(a) que cultiva un predio cuya propiedad nunca ha conseguido formalizar también produce. Por ello, la categoría “productor rural” reúne entonces posiciones sociales que pueden ser profundamente desiguales.
Francisco Gutiérrez Sanín ha mostrado, en sus trabajos sobre la cuestión agraria, hasta qué punto la relación entre campesinado y propiedad rural ha estado atravesada por enormes dificultades de acceso, formalización y protección efectiva de los derechos sobre la tierra. La paradoja histórica resulta conocida: generaciones enteras han trabajado tierras sobre las cuales nunca tuvieron garantías jurídicas equivalentes a las de otros actores rurales.
Por eso, frente a un productor rural podemos preguntar cuánto produce, qué tecnología utiliza o a qué mercados accede. Frente a un(a) campesino(a) debemos preguntar también qué tierra trabaja, quién aparece como propietario, cómo llegó allí, si fue desplazado, si tiene posibilidades reales de permanecer en el territorio, qué condiciones laborales enfrenta, qué derechos ejerce y qué relación histórica ha mantenido con el Estado. Cambiar el sustantivo puede terminar cambiando la forma en la que se interpreta (o se interpela) al sujeto.
Además, desde 2023, mediante el Acto Legislativo 01, esta discusión dejó de pertenecer exclusivamente a la sociología rural. El artículo 64 de la Constitución reconoce expresamente al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.
El campesinado tardó décadas de movilización, organización y disputa política en ingresar por su propio nombre a la Constitución. Resulta, cuando menos, llamativo que pocos años después cierta comunicación estatal encuentre más conveniente recurrir a “productores rurales”. Y ojo, puede que la orientación comunicativa no elimine el reconocimiento constitucional, creo que sería absurdo sostener esa postura. Lo que sí puede hacer es producir una distancia entre el sujeto que reconoce el derecho y el sujeto que empieza a imaginar la administración pública.
El conflicto contra el campesinado
El campesinado colombiano no ha sido solamente un sujeto históricamente relegado de la propiedad y de la representación política. Ha sido también uno de los principales blancos de la violencia. Gutiérrez Sanín plantea que el campesinado fue por mucho el sector social más golpeado por la Violencia y, posteriormente, uno de los que más sufriría durante el asedio contrainsurgente.
La historia agraria colombiana no puede comprenderse separando conflicto armado, concentración de la propiedad y control territorial. Gutiérrez ha mostrado cómo la guerra produjo procesos masivos de desplazamiento y despojo que contribuyeron a una brutal concentración de la propiedad rural. También ha documentado la articulación entre actores paramilitares, élites rurales, sectores políticos y agencias estatales, particularmente en aquellos territorios donde el control de la tierra constituía al mismo tiempo una fuente de riqueza, un recurso militar y una forma de dominación política.
Por eso es un error limitarlo a una cuestión de nombres para un actor económico, cuando lo que realmente está en juego es cómo el Estado nombra a una de las víctimas centrales del conflicto armado.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha comenzado a disputar abiertamente el relato sobre el conflicto armado. Por ejemplo, se ha propuesto imponer un lenguaje que privilegia la categoría de “terrorismo” para explicar la violencia contemporánea, impulsando una narrativa enfocada en la amenaza armada y la seguridad.
En ese contexto, la recomendación de privilegiar “productores rurales” sobre “campesinos” adquiere otra densidad. Porque disputar el nombre del sujeto implica también disputar el lugar desde el cual ese sujeto aparece en la memoria pública.
Si quien sufrió desplazamiento, despojo, persecución y violencia deja de aparecer ante el Estado fundamentalmente como campesino(a) y comienza a ser representado prioritariamente como productor, una parte de la relación histórica entre violencia, tierra y ciudadanía puede empezar a desdibujarse.
La cuestión identitaria
Jacques Rancière ofrece otra manera de comprender el problema. Según este autor, la política ocurre, entre otras cosas, cuando quienes han sido ubicados en determinado lugar dentro del orden social aparecen como sujetos capaces de hablar en nombre propio, reclamar igualdad y disputar aquello que parecía natural. La historia del campesinado colombiano está llena de ese tipo de irrupciones.
“Campesino” no ha sido solamente el nombre que otros le han dado a una población rural. Ha sido también el nombre desde el cual esa población se ha organizado. Las consignas “Somos campesinos”, “Queremos tierra”, “La tierra para el que la trabaja” hablan de ese ethos que constituye una identidad política.
Asociaciones, movimientos, sindicatos agrarios, zonas de reserva campesina, movilizaciones y luchas por la tierra han producido históricamente un sujeto capaz de presentarse ante el Estado precisamente bajo ese nombre. Por eso transformar discursivamente al campesinado en productor rural no hace desaparecer su identidad. Lo que sí hace es intentar ubicarlo en otro lugar de interlocución.
El campesinado comparece ante el Estado con una historia de demandas vinculadas a tierra, territorio, reconocimiento y derechos. El productor comparece fundamentalmente como actor de una economía. Se puede pensar en que ambas dimensiones pueden coexistir, el problema central está en que institucionalmente una empieza a desplazar a la otra.
Y quizá por eso resulta todavía más significativo que en la misma lista de recomendaciones aparezca otra sustitución: evitar “reforma agraria” y hablar en cambio de “acceso a tierras” o “formalización”. Las dos modificaciones tienen una coherencia difícil de ignorar: campesino(a) se convierte en productor rural (se atenúa el sujeto político), reforma agraria se convierte en acceso a tierras (se atenúa el conflicto político).
La formalización de la propiedad es necesaria. El acceso a la tierra también. Pero ninguna de las dos expresiones agota lo que históricamente ha significado una reforma agraria, pues formalizar permite preguntar quién tiene jurídicamente determinada tierra, mientras que hablar de acceso permite preguntar cómo una persona puede conseguirla.
Y en ese orden de ideas, aparece algo incluso más complejo: la reforma agraria introduce varias preguntas incómodas, ¿cómo está distribuida la tierra?, ¿Debe mantenerse esa distribución?
Esos interrogantes remiten inevitablemente al poder.
¿Desaparecerá el campesinado?
Los y las campesinas, por supuesto, no desaparecerán porque una oficina pública prefiera llamarlos productores rurales. Seguirán cultivando, trabajando, organizándose, reclamando su derecho a la tierra y habitando territorios atravesados por desigualdades que ninguna estrategia de comunicación puede borrar.
Y precisamente por eso no hay que perder de vista las palabras que el Estado utiliza. Estas importan porque organizan estadísticas, delimitan poblaciones, orientan instituciones, definen prioridades y hacen visibles determinados problemas mientras otros comienzan a difuminarse.
Colombia tardó demasiado tiempo en reconocer que detrás de la palabra campesino(a) existe algo más que alguien que produce alimentos. Existe una relación histórica con la tierra, una forma particular de ciudadanía, una identidad política y, hoy, un sujeto constitucional de derechos.
Persiste una pregunta después de abordar todo esto: ¿Qué realidad política quiere desdibujar el Gobierno Nacional al dejar de utilizar la palabra “campesino(a)”?
Pablo González
Periodista y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, con experiencia en la producción de contenidos periodísticos gráficos, audiovisuales y sonoros para organizaciones no gubernamentales, así como para instituciones educativas públicas y privadas. Su trayectoria también incluye la investigación en temas de derechos humanos y memoria histórica, lo que le ha permitido combinar la comunicación con un compromiso profundo por la verdad.
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