¿Por qué la Ley 2460 de 2025 transforma la salud mental de las y los trabajadores?
La sanción de la Ley 2460 de 2025 coloca por primera vez en Colombia un marco operativo y exigible para la salud mental; esta ley no es una declaración simbólica, sino que se traduce en un conjunto de obligaciones para el Estado, los prestadores de salud y los empleadores que puede traducirse en atención más rápida, prevención real y recursos dedicados. Para las trabajadoras y los trabajadores —especialmente quienes enfrentan jornadas largas, presión constante o entornos de violencia laboral— la ley abre posibilidades concretas para pedir y recibir ayuda sin tanta burocracia.
Por: Helen Caicedo y Mayra Restrepo
La sanción de la Ley 2460 de 2025 marca un punto de inflexión en la manera como el Estado colombiano entiende y debe garantizar el derecho a la salud mental. No se trata de una declaración retórica, la norma crea instrumentos administrativos, de financiamiento y obligaciones concretas para que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, IPS y entes territoriales) articule promoción, prevención, atención y rehabilitación con un enfoque que incorpora lo clínico, lo comunitario y las condiciones sociales que hacen enfermar a la gente. Esta transformación normativa aterriza sobre una realidad conocida por muchas trabajadoras y trabajadores, la falta de rutas claras para pedir ayuda y la ausencia de políticas sistemáticas para prevenir el sufrimiento en el trabajo.
La Ley 2460 modifica y amplía lo dispuesto en la normativa anterior. Mientras la Ley 1616 de 2013 planteó la salud mental como prioridad, la nueva ley mueve ese planteamiento hacia obligaciones exigibles: estructura ministerial dedicada, una subcuenta presupuestal y reglas que obligan a prestadores y aseguradores a organizar redes efectivas de atención. Para una persona que trabaja, eso significa que ahora existe un andamiaje legal más robusto para exigir atención cuando la necesita y para pedir medidas preventivas en su lugar de trabajo.
En el día a día, la Ley 2460 pretende acortar los tiempos y las barreras administrativas que hoy convierten una solicitud de ayuda en una espera angustiosa. La norma facilita, bajo regulación, el acceso directo a servicios de psicología y establece obligaciones para que las EPS e IPS definan rutas, protocolos y criterios de priorización —especialmente para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y poblaciones afectadas por la violencia—. Para quienes trabajan esto puede traducirse en la diferencia entre recibir apoyo oportuno frente a una crisis o llegar al colapso sin respuesta.
La salud mental y el trabajo: qué es el burnout
Es importante explicar con claridad algo que aparece en muchas conversaciones cotidianas en el trabajo: el burnout, a veces conocido como el “trabajador quemado”, es el desgaste profesional causado por estrés laboral crónico que no se atiende. No es “estar cansado un par de días”: es sentir un agotamiento que el descanso común no soluciona, perder el interés por el trabajo, distanciarse emocionalmente de compañeros y de tareas, de notar que la propia eficacia disminuye.
Además del cansancio, aparecen problemas físicos como insomnio, dolores, pérdida de apetito o malestares digestivos; en el trabajo se manifiesta como errores frecuentes, ausentismo o incapacidad para cumplir funciones. La Ley 2460 facilita que una persona con ese cuadro tenga vías más claras para acceder a evaluación, orientación y tratamiento, y obliga, de igual manera, a las empresas a identificar y corregir condiciones que favorecen el desgaste.
Prevenir en el centro de trabajo: responsabilidad empresarial y poder sindical
La norma no descarga toda la responsabilidad en el sistema de salud, coloca a los empleadores en la obligación de identificar riesgos psicosociales, diseñar protocolos de prevención y disponer mecanismos de derivación cuando un trabajador requiere atención especializada. Esto abre una posibilidad concreta para sindicatos y comités de salud ocupacional, usar la ley como respaldo para negociar cláusulas de salud mental en convenciones colectivas y para exigir acciones concretas allí donde las prácticas empresariales generan daño. En la práctica, la combinación de rutas más accesibles en el sistema de salud y la obligación empresarial para prevenir crea una hoja de ruta legal que puede transformar la jornada laboral, si la presión social y sindical lo acompaña.
Cómo actuar hoy: una guía para quienes trabajan
Si una persona siente que su salud mental está afectada por el trabajo, lo primero es reconocer y nombrar el problema (el burnout no es un fracaso individual sino una señal de condiciones laborales que dañan), y buscar una valoración en salud (EPS o prestador local). Es útil conservar y documentar evidencias laborales (correos, órdenes, horarios) para apoyar una solicitud de intervención o una reclamación ante salud ocupacional.
Los sindicatos deben convertir la Ley 2460 en un instrumento de presión para que las empresas implementen protocolos, capaciten a mandos medios y establezcan canales de derivación y apoyo.
La ley abre una ventana histórica: si el Estado, los empleadores, los prestadores y la sociedad civil cumplen con la parte práctica —asignar recursos, formar talento humano y garantizar redes— la salud mental dejará de ser una promesa y pasará a ser una protección tangible.
Mayra Restrepo y Helen Caicedo
Mayra es comunicadora social/Periodista de la Universidad de Antioquia, es especialista en comunicación organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con 10 años de experiencia dirigiendo estrategias de comunicación pública y campañas educomunicativas. Helen es administradora de empresas del Politécnico Gran Colombiano. Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Cuidades de Flacso Ecuador. Con 13 años de experiencia en administración pública y 3 años en administración del sector solidario.
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