
11 de octubre: Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica
Hoy, 11 de octubre, se conmemora en Colombia el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica (UP). Esta fecha fue elegida en homenaje a Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP asesinado el 11 de octubre de 1987. Tras décadas de lucha por el reconocimiento del exterminio político de la UP, en 2025 el Congreso aprobó una ley que declara oficialmente esta jornada de memoria y dignificación de las víctimas.
Por: Pablo González Castaño
Exterminio político de la Unión Patriótica
La Unión Patriótica (UP) surgió en 1985 como un partido político de izquierda resultado de un proceso de paz, pero pronto enfrentó un asedio violento y sistemático por parte de grupos paramilitares en connivencia con sectores del Estado. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señala que entre 1984 y 2002 ocurrió en Colombia un verdadero exterminio político contra la UP: un plan de violencia sistemática y estatal para destruir a este movimiento político opositor. Las consecuencias fueron trágicas y dejaron profundas heridas en la democracia colombiana.
Esta persecución incluyó asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, atentados y amenazas generalizadas contra militantes y simpatizantes. Dos candidatos presidenciales de la UP fueron asesinados: Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990). También fueron ultimados de manera sistemática al menos 9 congresistas, alrededor de 70 concejales, además de decenas de diputados, alcaldes y alcaldesas (como Diana Cardona Saldarriaga, quien asumió la Alcaldía de Apartadó en 1989), dirigentes sociales, sindicalistas, estudiantes, artistas, docentes, campesinos y simpatizantes de base.
Jaime Pardo Leal llegó a denunciar públicamente este plan de exterminio, pidiendo “al Gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país”, en referencia a la barbarie desatada contra la UP. Pese a las advertencias, la violencia continuó impune durante años, obligando a muchos sobrevivientes a exiliarse, desplazarse o abandonar la vida política por seguridad.
Más de 6.000 víctimas en “el país con la democracia más antigua de Latinoamérica”
La magnitud del exterminio contra la UP ha sido documentada tanto por organismos nacionales como internacionales. De acuerdo con la Corporación Reiniciar –organización de víctimas de la UP–, la persecución dejó más de 6.200 víctimas entre militantes y simpatizantes. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un auto de 2022, documentó 5.733 personas asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra la UP entre 1984 y 2016.
Del total de víctimas registradas por la JEP, 4.616 corresponden a homicidios y 1.117 a desapariciones forzadas, evidenciando que los asesinatos y las desapariciones fueron las formas de violencia más comunes contra esta colectividad. De hecho, la JEP concluyó que dos de cada tres ataques contra miembros de la UP resultaron en un asesinato o una desaparición. Además, al menos 2.217 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado por la persecución política, sin contar cientos de exiliados y amenazados.
En conjunto, estos actos configuraron un exterminio sistemático: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sentencia del 27 de julio de 2022, reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por graves violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil miembros y simpatizantes de la UP a partir de 1984. Este fallo internacional confirmó el carácter generalizado y planificado de la violencia contra la UP, considerada por las víctimas como un verdadero genocidio político. La persecución buscó aniquilar a la UP por sus ideas, negando derechos fundamentales como la vida, la libertad de expresión, la participación política y el ejercicio de la oposición.
“Algunos estamos amenazados de muerte… El enemigo no olvida ni perdona… Pero si lograre arrebatarnos nuestra vida, ¡bienvenida la muerte!, porque sabemos que indiscutiblemente, al caer nosotros, de la Unión de Jóvenes Patriotas saldrán quienes nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere: una Colombia en paz, feliz, llena de esperanzas”, Jaime Pardo Leal.
El proceso para instituir el Día Nacional
Tras años de negación, la historia dio un giro hacia el reconocimiento, la reparación y la justicia simbólica. La lucha de las víctimas organizadas (agrupadas en la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la UP) y la incidencia de organismos como Reiniciar condujeron a que finalmente el Estado colombiano asumiera su responsabilidad. En 2013, el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP, reconociendo que su desaparición como partido se debió al exterminio sufrido. Posteriormente, el histórico fallo de la Corte IDH en 2022 ordenó al Estado adoptar medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición, incluyendo actos oficiales de memoria por el exterminio de la UP.
En respuesta, congresistas de distintas bancadas –encabezados por las senadoras Aída Avella y Jahel Quiroga, y los representantes Gabriel Becerra y Gildardo Silva, todos sobrevivientes o militantes de la UP– impulsaron un proyecto de ley para declarar el 11 de octubre como día de conmemoración nacional. La iniciativa fue presentada en 2024 y recibió un amplio respaldo multipartidista. Durante los debates, se resaltó que esta declaratoria cumple una orden de la Corte IDH y ayuda a materializar la justicia histórica hacia las víctimas.
La representante ponente, Carmen Felisa Ramírez, destacó la importancia de promover desde las aulas escolares la difusión y sensibilización sobre estos hechos trágicos que marcaron a Colombia. Por su parte, la senadora Aída Avella recordó que “la diferencia política no se resuelve a bala, matando al otro”, subrayando la lección democrática que debe legarse a las nuevas generaciones.
El proyecto de ley avanzó sin tropiezos por el Congreso. En febrero de 2025 las comisiones aprobaron la iniciativa por mayoría, y en mayo de 2025 la Cámara de Representantes le dio el visto bueno en último debate por unanimidad. Tras la conciliación de los textos en junio, la ley pasó a sanción presidencial.
Finalmente, el 16 de julio de 2025 fue promulgada la Ley 2482 de 2025, que establece el 11 de octubre de cada año como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. Esta ley reconoce oficialmente el exterminio del que fue víctima la UP y constituye un acto de dignificación y memoria para quienes sufrieron esa persecución sistemática.
Los impulsores celebraron el logro como un triunfo de la verdad y la justicia: “¡Tenemos una ley para dignificar la memoria de las víctimas! Pasaron 20 años para que se aprobara un Día Nacional…” expresó la senadora Jahel Quiroga al anunciar la aprobación. De igual forma, el representante Gildardo Silva señaló que el Congreso demostró voluntad de transitar hacia la reconciliación y la paz, honrando la memoria de miles de víctimas y cumpliendo el fallo de la Corte Interamericana.
Memoria, pedagogía y garantías de no repetición
La oficialización del 11 de octubre en el calendario cívico tiene profundas implicaciones pedagógicas y simbólicas. En primer lugar, brinda a las víctimas y sus familias un reconocimiento público de su sufrimiento, lo que contribuye a su reparación simbólica y dignificación. Como afirmó la senadora Jahel Quiroga, esta ley es la “participación del Congreso en la reparación de un caso [el genocidio de la UP] que fue una violación contra la democracia colombiana”, y sobre todo busca “que no se vuelva a repetir con ningún partido político de la ideología que sea”.
En segundo lugar, la conmemoración obliga al Estado y a la sociedad a recordar este capítulo doloroso de la historia nacional para aprender de él. La ley 2482 de 2025 insta a que las entidades educativas, culturales y administrativas promuevan actos de memoria cada 11 de octubre, involucrando a toda la sociedad y no solo a las víctimas. Esto significa incorporar en la educación colombiana la reflexión sobre la intolerancia política y sus consecuencias, fomentando una cultura de respeto por la vida y el pluralismo.
Finalmente, mantener viva la memoria del exterminio de la UP es fundamental como garantía de no repetición. Recordar a quienes fueron silenciados por pensar diferente –como reza el espíritu de esta conmemoración– es un imperativo para que hechos similares no vuelvan a ocurrir. La memoria actúa como un dispositivo de prevención: al conocer la verdad de este exterminio y honrar a sus mártires, se envía un mensaje de que en una democracia no puede permitirse el exterminio de una colectividad política legal y legítima, y mucho menos de una que desafió a la élite política y económica del momento.
Cada 11 de octubre, Colombia está llamada a reflexionar sobre la importancia de resolver las diferencias por vías democráticas, valorando la vida por encima de la violencia.
En palabras del propio Jaime Pardo Leal, quien presagió su inmolación por la causa de la UP: “Algunos estamos amenazados de muerte… El enemigo no olvida ni perdona… Pero si [el enemigo] lograre arrebatarnos nuestra vida, ¡bienvenida la muerte!, porque sabemos que indiscutiblemente, al caer nosotros, de la Unión de Jóvenes Patriotas saldrán quienes nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere: una Colombia en paz, feliz, llena de esperanzas”.
Ese legado de esperanza y resistencia sigue vivo en la memoria colectiva. La instauración del Día Nacional por las Víctimas del Genocidio de la UP es un paso muy importante de cara al reconocimiento del pasado. No sobra decirlo: las demandas hacia el Estado deben girar hoy hacia el establecimiento de garantías de no repetición.
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