Colombia ante la Inteligencia Artificial, el nudo entre la regulación y la conectividad
Colombia se encuentra en un punto de inflexión jurídica. Con más de diez iniciativas legislativas en curso y un CONPES sobre Inteligencia Artificial (IA), el país intenta regular una tecnología que avanza más rápido que sus leyes. Sin embargo, detrás de los folios del Congreso, la realidad laboral y la brecha tecnológica plantean interrogantes sobre el acceso, uso e implementación de la IA.
Por: Pablo González
En términos legislativos
El estado actual de la legislación colombiana ha transitado desde el «Marco Ético para la IA en Colombia» (2020) hacia proyectos de ley de carácter estatutario. A saber, existe el proyecto de Ley Estatutaria 059 de 2023 (Senado), el cual tiene como objeto «garantizar el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA de manera ética, responsable y transparente». Este proyecto introduce la clasificación de riesgo, donde los sistemas que realicen «calificación social» o «vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos» quedarían estrictamente prohibidos.
También existe una Comisión Accidental de Inteligencia Artificial que fue creada en 2023 bajo la Resolución 1726, esta comisión tiene la tarea de unificar las 12 iniciativas existentes. Según el Representante a la Cámara Alirio Uribe, el objetivo es «evitar la fragmentación normativa y asegurar que la IA no profundice las desigualdades en el acceso al empleo». Este mismo cuerpo legislativo ha llevado a cabo iniciativas importantes en términos de hacer público el debate sobre la IA, el pasado 11 de noviembre de 2025 se llevó a cabo un conversatorio nacional sobre reglamentación de la IA
El evento planteó la inteligencia artificial como un punto de inflexión en la organización contemporánea del trabajo. A lo largo del panel se insistió en que no se trataba de una innovación incremental, sino de una transformación estructural capaz de automatizar tareas cognitivas, reconfigurar ocupaciones y alterar cadenas productivas completas.
Los participantes advirtieron que este proceso no implicaba únicamente la desaparición de empleos, sino su redistribución en condiciones desiguales, con efectos más severos sobre trabajadores con menor cualificación. En ese contexto, emergió una preocupación transversal por el aumento de la desigualdad y la posible polarización del mercado laboral, al tiempo que se subrayó la urgencia de diseñar marcos regulatorios que evitaran que el despliegue tecnológico quedara exclusivamente en manos del mercado.
De manera complementaria, el espacio enfatizó la necesidad de políticas públicas orientadas a la formación y reconversión laboral, así como a la reducción de brechas tecnológicas entre territorios y poblaciones. La discusión situó la educación y la capacitación continua como elementos centrales para enfrentar los cambios en curso, al tiempo que advirtió sobre las asimetrías existentes entre contextos urbanos y rurales en el acceso a estas oportunidades.
En términos más amplios, el evento trató de evidenciar que el debate sobre inteligencia artificial y trabajo ya se encontraba instalado en ámbitos técnicos y académicos, incluso cuando su incorporación en el discurso político seguía siendo limitada, lo que sugirió un desfase entre la velocidad de la transformación tecnológica y la respuesta institucional.
Por último, existe el CONPES 4144 que plantea la construcción de una política nacional de inteligencia artificial centrada, más que en la regulación directa de sus impactos, en el desarrollo de condiciones habilitantes para su adopción. El documento reconoce la IA como un motor de transformación económica y social, aunque advierte que el país enfrenta rezagos significativos en infraestructura tecnológica, capacidades de investigación y formación de talento.
En ese sentido, propone fortalecer la gobernanza de datos, impulsar la formación en habilidades digitales, desarrollar infraestructura de cómputo y promover la adopción de estas tecnologías en el sector público y productivo, alineándose con principios internacionales como los de la OCDE y la UNESCO. La apuesta, en términos generales, posiciona al Estado como facilitador del ecosistema tecnológico, en un contexto donde la inteligencia artificial aún no se articula de manera explícita con políticas sectoriales, especialmente en el ámbito laboral.
En paralelo, el CONPES subraya que la principal limitación para el desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia no es únicamente tecnológica, sino estructural, particularmente en materia de conectividad. El documento evidencia que una proporción significativa de los hogares carece de acceso a internet, con brechas más profundas en zonas rurales, donde la cobertura es menor y la calidad del servicio más limitada.
Esta situación no solo restringe el acceso a herramientas digitales, sino que amplía desigualdades territoriales y socioeconómicas, afectando directamente las posibilidades de inserción en economías mediadas por tecnologías avanzadas. Frente a ello, se plantean estrategias orientadas a ampliar la cobertura de banda ancha, mejorar la calidad del servicio y facilitar el acceso en regiones apartadas, reconociendo que sin una base sólida de conectividad, la promesa de la inteligencia artificial se mantiene, en buena medida, fuera del alcance de amplios sectores de la población.
El Impacto en el mundo del trabajo
Los datos oficiales reflejan una marcada brecha urbana-rural. Según el DANE, en 2024 solo el 8,1% de los usuarios de internet en áreas rurales usa herramientas de IA, contra 20,4% en cabeceras municipales. La cobertura de internet en zonas rurales (56,9% en 2025) sigue muy por debajo de las ciudades (73,9% del total nacional). Esta desigualdad repercute en el trabajo: en áreas rurales el empleo es mayoritariamente agropecuario e informal. De hecho, el 83,2% de los ocupados rurales son informales, frente al 41,1% en las grandes ciudades. En contraste, en las ciudades hay más trabajadores formales y sectores tecnológicos que pueden aprovechar la IA. La OIT advierte que la mitad de los empleos cuya productividad podría mejorar con IA están obstaculizados por brechas en conectividad e infraestructura. En el caso de Colombia, se estima que hasta 8,24 millones de empleos (35% de la fuerza laboral) podrían verse afectados por la IA generativa.
A saber, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial indican que entre el 13 % y el 22 % de los trabajadores urbanos en la región están expuestos a la automatización mediante IA generativa. En ciudades como Bogotá y Medellín, las profesiones más afectadas son aquellas vinculadas a la administración pública, las finanzas y la atención al cliente. Sin embargo, paradójicamente, la IA también ofrece oportunidades para el vasto sector informal. Herramientas digitales están permitiendo que trabajadores informales construyan una especie de «reputaciones digitales verificables» que sirven como estrategia para atraer clientes o para acceder a servicios que antes les eran negados por falta de historial laboral tradicional.
No obstante, la informalidad urbana sigue siendo un reto estructural. La introducción de la IA en este contexto corre el riesgo de potenciar a trabajadores altamente calificados (desarrolladores, analistas de datos) frente a una masa de trabajadores de plataforma cuyos ingresos dependen de variables algorítmicas globales que el Estado colombiano apenas empieza a regular.
En el contexto rural, la narrativa sobre la IA cambia drásticamente. De ser vista como una amenaza de reemplazo en la ciudad, en el campo se percibe como una herramienta que aumenta la productividad y la eficiencia, pues la agricultura de precisión ha dejado de ser una promesa de laboratorio para convertirse en aplicaciones móviles en manos de algunos campesinos. Instituciones como la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria)y el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) han liderado proyectos piloto que demuestran la eficacia de la IA en el territorio.
Por ejemplo, aplicaciones de visión por computador permiten detectar de forma temprana enfermedades en cultivos como el banano, mientras asistentes digitales integrados a plataformas de mensajería ofrecen a pequeños agricultores pronósticos agroclimáticos en tiempo real para planificar sus cosechas. A esto se suman sistemas de fenotipado acelerado, que utilizan sensores y dispositivos móviles para identificar variedades de semillas más resistentes a condiciones locales, y tecnologías basadas en drones que optimizan el conteo y la recolección en cultivos como la piña, reduciendo tiempos y desperdicios.
Aunque estas soluciones ya muestran resultados en términos de eficiencia y productividad, su alcance sigue condicionado por problemas estructurales como la conectividad rural y el acceso desigual a tecnología, lo que limita su adopción a gran escala.
En este contexto, el Estado promueve iniciativas de capacitación y adopción de IA. El proyecto Territorios IA del MinTIC ya ha incorporado soluciones de IA en 50 municipios de sectores como agricultura y movilidad, y ha sensibilizado a 2,9 millones de personas en uso responsable de TI (capacitando 12.000 en competencias avanzadas). Estas acciones buscan mitigar la brecha. No obstante, la adopción efectiva de IA en el campo será limitada mientras no mejore la conectividad rural.
La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que el avance de la inteligencia artificial en América Latina podría profundizar desigualdades preexistentes si no se acompaña de políticas de reconversión laboral, particularmente en materia de género y formalidad. En el caso colombiano, el problema no se limita al acceso a la tecnología, sino que se extiende a su apropiación. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en su Boletín de Indicadores de Apropiación TIC 2023, mientras el 52,7 % de la población utiliza internet principalmente para redes sociales, apenas un 12 % lo emplea en procesos de formación o trámites digitales avanzados.
Esta brecha sugiere que una parte significativa de la fuerza laboral está conectada, pero no necesariamente capacitada para interactuar con sistemas complejos de inteligencia artificial, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a procesos de automatización y competencia global.
En este contexto, el país atraviesa una etapa que podría definirse como de “incertidumbre regulada”: existe una intención normativa en construcción, pero sin el soporte suficiente en infraestructura y capacidades educativas. Entre los retos más urgentes hacia el periodo 2026–2030 se encuentran la consolidación de un marco legal unificado que establezca responsabilidades frente al uso de la inteligencia artificial, la implementación de políticas obligatorias de reconversión laboral que involucren al sector empresarial —en línea con enfoques promovidos por la OIT— y la definición de mecanismos que garanticen la soberanía sobre los datos, especialmente en sectores estratégicos como el agro.
Más allá de la dimensión técnica o legislativa, el desafío central para el próximo gobierno será evitar que la expansión de estas tecnologías amplíe las brechas sociales existentes, asegurando que la transformación digital no deje por fuera a quienes aún permanecen en los márgenes de la conectividad y la formación.
Pablo González
Periodista y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, con experiencia en la producción de contenidos periodísticos gráficos, audiovisuales y sonoros para organizaciones no gubernamentales, así como para instituciones educativas públicas y privadas. Su trayectoria también incluye la investigación en temas de derechos humanos y memoria histórica, lo que le ha permitido combinar la comunicación con un compromiso profundo por la verdad.
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